El Brasil anuncia otro ajuste y pide ayuda al FMI
Recortará el gasto público en 400 millones de dólares adicionales.
"Estamos cortando gastos por mil millones de reales en el presupuesto de este año para asegurar que el superávit primario del sector público consolidado supere la meta del 3%del PBI", señaló el secretario adjunto del Tesoro Nacional, Eduardo Guardian.
El nuevo ajuste fiscal tuvo repercusiones políticas: provocó la renuncia del ministro de Desarrollo, Industria y Comercio Exterior, Alcides Tápias.(ver aparte)
El recorte afectará a diez ministerios y, con esta medida, que complementa otro ajuste fiscal decidido en abril, el presupuesto de Brasil para este año quedó en 51.200 millones de reales, unos 20.800 millones de dólares.
Guardian sostuvo que, con este nuevo ajuste, la relación entre la deuda líquida total del sector público y el PBI bajará al 51,9% en lugar del 53% actual.
"Este recorte refleja una política fiscal austera, que es necesaria en el momento actual de la coyuntura económica", dijo el funcionario.
La medida fue vista por los analistas financieros locales como "una señal de buena voluntad" en momentos en que en Washington el titular del Banco Central, Armínio Fraga, y el secretario ejecutivo del Ministerio de Economía, Amaury Bier, comenzaban a negociar con los técnicos del FMI una nueva ayuda financiera.
Con el ajuste fiscal y, en especial, con la nueva ayuda del FMI, el gobierno del presidente Fernando Henrique Cardoso busca evitar que su país sufra las consecuencias de un eventual agravamiento de las dificultades de su vecino, Argentina. El presidente Cardoso sostuvo que la ayuda del FMI será de entre 18 y 19 mil millones de dólares y que se trata de "un aval, un acuerdo para enfrentar mejor las turbulencias que puedan ocurrir".
Cardoso dijo que, aunque la situación en Argentina dio señales de mejoría en los últimos días, "nunca se sabe; nosotros ya tenemos mucha experiencia en esto y sabemos que necesitamos estar preparados".
Las economías de Brasil y Argentina, los principales socios del Mercosur, están fuertemente entrelazadas: Brasil absorbe el 25 % de las exportaciones argentinas y destina el 11% de sus ventas al país vecino.
Pero Brasil tiene también sus problemas propios, como el abultado déficit de cuenta corriente, calculado para este año en 28 mil millones de dólares, y un horizonte político incierto debido a las elecciones presidenciales del año próximo.
Con la ayuda del FMI, el gobierno espera tranquilizar a los inversores sobre su capacidad de pago de los vencimientos de su deuda externa, que, junto a la crisis argentina, son los factores a los que se atribuye la continua suba del dólar. La nueva ayuda del FMI es, en la práctica, una prórroga del programa firmado en noviembre de 1998 para hacer frente a las crisis en el sudeste asiático, por 41 mil millones, que vence el 1 de diciembre.
Divisiones en el gobierno
SAN PABLO(ANSA).- La primera víctima del ajuste fiscal anunciado ayer por el gobierno brasileño fue el ministro de desarrollo, Industria y Comercio Exterior, Alcides Tápias, cuya renuncia fue muy lamentada por el empresariado.
"Los recortes en el presupuesto fueron la gota de agua que rebalsó el vaso", informó el diario O Estado de Sao Paulo sobre la salida del funcionario, citando fuentes del gobierno.
Según el diario, Tápias sostenía que el nuevo ajuste "inviabilizaría definitivamente cualquier política de desarrollo".
Además, Tápias era partidario de una postura más dura frente a las últimas medidas arancelarias de Argentina, el principal socio comercial en el Mercosur.
En este tema, como en otros, Tapias expresaba los intereses de la industria brasileña, en especial la de Sao Paulo, que considera que las medidas argentinas perjudican sus exportaciones de vehículos y bienes de informática y telecomunicaciones. En todas las negociaciones con Argentina, Tápias encarnó siempre la línea dura, frente a las posiciones más moderadas y conciliadoras del ministro de Economía Pedro Malan y del canciller Celso Lafer.
Otro sacudón político para el presidente Cardoso vino ayer del Parlamento. El titular del Congreso, Jader Barbalho, amenazó con romper con la coalición oficialista y acusó a "actores del gobierno" por las denuncias de corrupción en su contra. Barbalho, además de negar las acusaciones, advirtió que " es cada vez más remota la posibilidad" de que el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) al que pertenece, apoye al candidato de Cardoso en las presidenciales del año próximo, donde el izquierdista Inacio "Lula" Da Silva es favorito.
Tensión por huelgas policiales
BRASILIA (ANSA) - Una crisis se abrió ayer en el gobierno brasileño cuando el ministro de Justicia, José Gregori, se manifestó en contra de una decisión del presidente Fernando Henrique Cardoso que refuerza las facultades de las Fuerzas Armadas durante las huelgas policiales.
El presidente Cardoso decidió que los miembros del Ejército, la Marina y la Aeronáutica podrán detener a civiles que cometan delitos durante las huelgas policiales, como las que afectaron en los últimos días a los estados (provincias) de Bahía, Alagoas y Pernambuco, en el nordeste de Brasil. Cardoso explicará hoy los alcances de esa medida, que será tomada bajo la forma de un decreto, a los nueve gobernadores en conflicto con la policía de sus estados.
Pero, por la tarde, el ministro Gregori salió a aclarar que él estaba en contra de esa medida porque "no es necesaria. Eso está impulsado por el Ejército, pero la función del Ejército es, precisamente, atender emergencias". La decisión presidencial fue defendida, en cambio, por el general Alberto Cardoso, jefe de Seguridad Institucional de la Presidencia. El general Cardoso señaló que el gobierno quiere garantizar la seguridad durante las llamadas "huelgas armadas", que tuvieron su pico de violencia hace dos semanas con los saqueos y asesinatos ocurridos en Salvador, la capital de Bahía.
"La intención es dar a las Fuerzas Armadas los mismos poderes que tiene la policía cuando está patrullando las calles", dijo.
El general Cardoso explicó que, cuando sean convocados por el gobierno para hacerse cargo de la seguridad de un estado, los efectivos del Ejército, la Marina y la Aeronáutica "podrán efectuar detenciones y entregar a los detenidos a la Justicia".
De acuerdo con el general, las Fuerzas Armadas también podrán detener a los policías en huelga, que, según la Constitución, no deberían recurrir a ese tipo de medidas.
Ediciones anteriores | Editorial | Artículos | Cartas de lectores || El tiempo | Clasificados | Turismo | Mapa del sitio
Escríbanos || Patagonia Jurásica | Cocina | Guía del ocio | Informática | El Económico | Educación
