Sigue la investigación por los sobornos
El juez dijo que tiene en la mira a senadores.
Es más, el magistrado afirmó ayer a "Río Negro" que no sólo continúa avanzando en relación a los siete senadores cuestionados por los fiscales, sino sobre los once originalmente denunciados.
El viernes pasado, la Sala I de la Cámara Federal (integrada por Luisa Riva Aramayo y Horacio Vigliani) dictaminó que "no existen pruebas" contra los legisladores acusados de cobrar un soborno a cambio de sancionar la ley de reforma laboral.
Desde el despacho del magistrado actuante, apuntan los cañones contra su predecesor, Carlos Liporaci, quién a fines del año pasado relevó de responsabilidad a los integrantes de la Cámara alta cuestionados: "Liporaci se apresuró y determinó la falta de mérito de los senadores cuando faltaba mucho por investigar, lo que obligó a intervenir a la Cámara", subrayó el propio Cavallo.
Este último, por lo tanto, le restó importancia al pronunciamiento de los camaristas, relacionándolo exclusivamente con la "errónea decisión" de Liporaci.
Contra todos
Pero además, en el juzgado critican en voz baja a los fiscales Eduardo Freiler y Federico Delgado por no incluir en la apelación a cuatro de los supuestamente involucrados (Eduardo Bauzá, Ramón Ortega, Alcides López y Raúl Galván). "Todavía no se explica porque los fiscales no apelaron la falta de mérito de todos, ¿a qué se debió la distinta calificación?, se preguntan fuentes cercanas al juez.
En ese punto concreto, Cavallo coincide con una parte de lo resuelto por la Cámara: "debe revisarse el patrimonio de los imputados, incluso de los cuatro senadores cuya falta de mérito fue consentida por los fiscales", advirtieron los camaristas en su dictamen.
Tres de los cuatro "salvados" por la fiscalía (Bauzá, Pardo y Ortega), fueron nombrados por Antonio Cafiero como quienes habían comentado la existencia de sobornos.
En suma, continuarán bajo la lupa de Cavallo los justicialistas Augusto Alasino, Remo Costanzo, Emilio Cantarero, Eduardo Bauzá, Ricardo Branda, Angel Tell, Ramón Ortega y los radicales Alcídes López, José Genoud, Javier Meneghini y Raúl Galván; así como el ex secretario parlamentario Mario Pontacuarto y el asesor de Costanzo, Martín Fraga Mancini.
Según una alta fuente judicial, los camaristas también comparten con Cavallo que muchos denunciantes deslizan ante los medios acusaciones que no mantienen en la Justicia, cuando declaran bajo juramento: "Cafiero y Chacho Alvarez, tienen una dilatada trayectoria legislativa como para saber mucho más de lo que dicen", disparan en los pasillos de los tribunales de Comodoro Py.
Por último, Cavallo sostuvo que continúa evaluando el movimiento de fondos realizado por la SIDE días antes al acuerdo sobre la reforma laboral. Si bien hay un dictamen de la Oficina Anticorrupción absolviendo a la central de inteligencia, para el magistrado la O.A no deja de ser "un organismo dependiente del Poder Ejecutivo".
Denuncian falsos peritajes en Río III
El secretario de Empleo, Horacio Viqueira, denunciante en la causa por la venta ilegal de armas a Croacia, dijo ayer que "muchas de las personas" que participaron de los peritajes por la explosión en la Fábrica Militar de Río Tercero, Córdoba, están ahora procesadas en el sumario que instruye el juez federal Jorge Urso por las exportaciones de material bélico.
Viqueira aseveró no tener dudas de que los estallidos en la planta cordobesa, que se sucedieron entre el 3 al 4 de noviembre del "95 y provocaron siete muertes y cientos de heridos, tuvieron relación con el contrabando de armas a Croacia.
"Este es uno de los temas centrales de por qué se voló la planta: lo primero que se buscaba era eliminar una serie de elementos de prueba que podían complicar a los que estaban involucrados en esta maniobra", manifestó.
Y agregó que "había un temor de que cambiara de jurisdicción la planta". De hecho, "el día anterior a la explosión, el 2 de noviembre, (el entonces ministro de Defensa, Oscar) Camilión firmó un decreto para transferir esta fábrica, que dependía del área de Defensa, con una clara vinculación con las autoridades del Ejército, al área del ministerio de Economía".
La semana pasada el fiscal federal porteño Carlos Stornelli pidió al juez Urso que se arrogue la competencia de la causa por las explosiones en Río Tercero, ya que a su criterio los estallidos pudieron ser intencionales para encubrir el faltante de cañones, obuses y pertrechos bélicos que fueron enviados clandestinamente a Croacia.
Viqueira, cuando ocupaba una banca como diputado nacional por el Frepaso de Córdoba, denunció ante Urso la venta ilegal de armas a Croacia. Lo hizo cuando el juez tenía ya en trámite una causa por la exportación ilegal de fusiles y municiones argentinas a Ecuador, en plena guerra del Cóndor.
Ahora, por las operaciones con Croacia y Ecuador que se produjeron entre 1991 y 1995 se encuentra bajo arresto domiciliario el ex presidente Carlos Menem, procesado como supuesto jefe de la organización ilegal que sería responsable de las escandalosas maniobras. (DyN)
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