Sábado 21 de julio de 2001

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Se negocia el piso del recorte de salarios y jubilaciones a $1.000

 

Todo depende de los ingresos que genere
el fisco con otros ahorros.Debaten en Diputados: suba de aportes, naftas, Ganancias e impuestos financieros.

  En el marco de una tensa reunión con quórum ajustado, la Cámara de Diputados debatía anoche el ajuste fiscal acordado entre el gobierno y el radicalismo. El proyecto establece un piso de 1.000 pesos para jubilados y empleados para ejecutar el recorte, pero supeditado a los niveles de la recaudación.
El apoyo del bloque del PJ y el Frepaso estaba condicionado al cierre de esta edición.
En síntesis, el acuerdo del texto consensuado por el oficialismo sería el siguiente:
  • Déficit cero: Se establece que la administración pública deberá atenerse al principio general del déficit cero: "El monto total de las cuotas de compromiso fijadas para el ejercicio no podrá ser superior al monto de los recursos recaudados durante éste".
  • IVA: Se faculta al gobierno a modificar la ley del IVA exclusivamente en los aspectos necesarios tendientes a establecer que el cobro del gravamen se produzca al momento del cobro efectivo y no cuando se factura.
  • Cajas de ahorro: Se amplía el alcance del impuesto sobre los créditos y débitos en cuentas bancarias, aunque el tope se mantiene en un máximo de seis por mil. Se incluyen las cajas de ahorro dentro de este esquema. Todo este impuesto se tomará a cuenta de IVA y Ganancias
  • Ganancias: Se posterga la devolución del impuesto a las Ganancias que estaba previsto en el decreto 860 del 27 de junio este año. Se hace posponiendo esa disposición "desde el ejercicio fiscal 2002".
  • Naftas: Se suspende hasta el 31 de diciembre de este año la reducción del impuesto a las naftas que se había empezado a aplicar el mes pasado a través del decreto 802 del 15 de junio.
  • Aportes patronales: Se modifica el decreto 814 del 20 de junio de este año relacionado con los aportes patronales que pagan las empresas. Se fija entonces una alícuota del 20% para los empleadores cuya actividad principal sea la locación y prestación de servicios, como es el caso de las empresas de servicios privatizadas. Para el resto de las empresas se dispone una alícuota del 16% para los restantes empleadores no incluidos en el inciso anterior".

Protestas y huevazos

La sesión se desarrollaba con la protesta de la Asociación del Personal Legislativo (APL) en el salón de los Pasos Perdidos como telón de fondo, para resistir el recorte de los salarios de los empleados de la casa.
Un grupo de enardecidos manifestantes corrieron y agredieron a los diputados del Frepaso Darío Alessandro y Rodolfo Rodil, en medio de la protesta.
Después de varias horas de cantos, gritos y golpes de bombos los integrantes de la Asociación del Personal Legislativo reaccionaron cuando se dieron cuenta de que los diputados estaban dispuesto a bajar a sesionar.
En ese momento Alessandro y Rodil intentaron ingresar precisamente por Pasos Perdidos, pero fueron identificados por los empleados, lo cual dio inicio a una larga persecución.
Los dos diputados corrieron hacia un pasaje que se conecta con la Cámara de Senadores, mientras detrás suyo los seguían los empleados lanzándoles huevazos y gritándoles "vendepatrias" y "traidores".
Los legisladores lograron atrincherarse en sus despachos y luego bajaron al recinto.
Antes de que se iniciará el debate, ya habían anticipado su oposición a la iniciativa del oficialismo los bloques del PJ, parte del Frepaso, el ARI de Elisa Carrió y el Frente para el Cambio de Alicia Castro.
El punto central del proyecto que enciende la polémica entre los bloques y sobre el cual no se debatió en detalle figura en el artículo doce; Allí se fija un piso de mil pesos para producir recortes en salarios y jubilaciones, pero se aclara que esa cifra estará sujeta a las variaciones de la recaudación.
En ese marco, los únicos que hasta el momento anticiparon su respaldo en general a la propuesta son los partidos provinciales agrupados en el Interbloque Federal que conducen el santafesino Alberto Natale y el mendocino Carlos Balter.
Se desconocía, en tanto, la actitud que adoptará la bancada de Acción por la República, partido de Domingo Cavallo, que mantiene en total hermetismo su posición frente al proyecto del radicalismo.
De todos modos, pese a su postura contrapuesta, todas estas bancadas ubicaron representantes en el recinto para facilitar el quórum para la sesión, en la que inicialmente el radicalismo se encontraba en soledad tan sólo con 74 legisladores.
Como vocero de la disidencia del Frepaso, que tuvo ayer libertad de conciencia para presentarse a la sesión, el tucumano José Vitar aseguró que "éste es el séptimo ajuste de nuestro gobierno y no conduce a ningún lado".
En respuesta a los que sucedía en el Congreso, el secretario de Hacienda, Jorge Baldrich, consideró que "es poco probable" que se pueda elevar el piso del ajuste a las jubilaciones de 1.000 pesos, a pesar de la subas de impuestos que buscan implementarse.
"Creo que algunos diputados han tenido una interpretación distinta de lo acordado" entre Economía y los diputados de la Alianza, dijo Baldrich.
Como su par el secretario de Finanzas, Daniel Marx, supeditó una elevación en el piso de las jubilaciones de 300 a 500 pesos, y dijo que "habrá que esperar a ver cómo evoluciona la recaudación" y consideró "poco factible" llegar a los 1.000 pesos.

Junio tuvo superávit

El Tesoro Nacional registró durante junio un superávit de 206,1 millones, por lo cual el Ministerio de Economía estimó que en el primer semestre se logrará un sobrecumplimiento de 190,4 millones en relación a las metas de déficit fiscal pautadas con el FMI.
Hacienda informó que en junio se verificaron ingresos corrientes por 2.176,9 millones y gastos por 1.818,6 millones. Por otro lado se registraron ingresos de capital por 0,1 millón y gastos de capital por 70,3. (DYN)

La Justicia ordena suspender

Las intenciones del gobierno de recortar el sueldo de los empleados del sector público para reducir el déficit fiscal sufrieron ayer un serio revés en los Tribunales, ya que varios juzgados laborales ordenaron al Ejecutivo suspender la aplicación de la poda salarial.
Las medidas fueron tomadas por al menos siete juzgados de primera instancia, que hicieron lugar a acciones de amparo presentadas por empleados estatales en forma individual para pedir que se declare la inconstitucionalidad del decreto de necesidad y urgencia 896/01, por el cual el Gobierno implementó la reducción de los sueldos de jubilados y estatales.
No obstante, si el Poder Ejecutivo modificara el techo salarial para el recorte y lo elevara a mil pesos, devendrían abstractas (inválidas) las medidas dispuestas sobre las presentaciones de trabajadores que ganen menos de esa cifra.
Fuentes judiciales precisaron que, tras establecerse nuevas escalas para los recortes, los demandantes deberían entonces presentar otros recursos de amparo adaptados a esos cambios.
Sin embargo, uno de los abogados de los demandantes, Roberto Boico, dijo que "las medidas cautelares impiden al Estado tocar los sueldos, y las modificaciones que hizo el Ejecutivo en nada alteran esa situación".

Buscaban acuerdo en Buenos Aires

El gobierno bonaerense y la Alianza se aprestaban anoche a lograr un acuerdo para aprobar el proyecto de ley del gobernador Carlos Ruckauf que rebaja los haberes de los empleados públicos y jubilados y autoriza la emisión de bonos destinados al pago parcial de salarios y proveedores.
Voceros legislativos de la Alianza informaron que "estamos muy cerca de lograr el consenso para sancionar en la Legislatura en la próximas horas la iniciativa del Ejecutivo".
Las fuentes precisaron que las negociaciones pasan por una serie de propuestas de la bancada de la Alianza, que cuenta con mayoría en las dos cámaras legislativas. Según esos voceros, la Alianza pretende elevar a 1.500 pesos el piso para aplicar recortes en los salarios estatales y jubilaciones, a diferencia de los 1.000 que establece el proyecto original de Ruckauf.
También, la Alianza puso como condición para sancionar el proyecto que se elimine el artículo que deroga el piso de coparticipación que asegura a los municipios un mínimo de 1.050 millones, establecidos en el presupuesto.

Calificadoras le bajan la nota

Mientras en la legislatura se debatía el ajuste, las agencias Moody"s y Fitch rebajaron ayer la calificación de riesgo de la deuda a largo plazo en dólares de la provincia de Buenos Aires, tras estimar que su déficit será muy superior al previsto y estará en riesgo su capacidad de pago.
Moody´s aseguró que si las dificultades en el equilibrio financiero de la provincia no mejoran de inmediato, el déficit será mucho mayor a los 1.450 millones, tope estimado para este año. "También existe incertidumbre respecto a la habilidad de la provincia para alcanzar las metas de reducir sus desembolsos en efectivo en 500 millones de pesos este año", señaló un comunicado.

     
     
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