Falta de mérito a senadores sospechados
Los once senadores acusados de recibir coimas fueron ayer beneficiados por la Cámara Federal porteña, aunque ordenó al juez Cavallo que siga investigando.
"Ninguna prueba se ha recolectado(...) que lleve a sostener que los imputados, cuyo procesamiento se pretende, hayan siquiera aceptado promesa para hacer o dejar de hacer algo relativo a su función", dijeron los jueces. Además advirtieron que los mismos que acusaban y pedían el esclarecimiento del caso no han aportado pruebas y que en el expediente quedaron acumuladas "versiones" sobre los supuestos hechos.
Pero la resolución no implica que todo haya terminado. El juez que sucede en la instrucción a Liporaci, Gabriel Cavallo, deberá profundizar la investigación y, si aparecen nuevas pruebas, puede modificarse la situación de los imputados.
Sin embargo, en los hechos, representa un gran respiro para los imputados, ya que si bien no los desvincula de la causa, establece que no hay elementos suficientes de cargo como para procesarlos y remitir el expediente a juicio oral.
El caso empezó hace un año como un rumor en los pasillos del Congreso y se convirtió en un anónimo que circuló por varias oficinas, donde se contaban las maniobras que se habrían hecho desde el Gobierno para conseguir que se aprobara la reforma laboral y se precisaba cuánto dinero habrían recibido los senadores que se mostraban reacios a apoyarla.
En medio de una lucha de intereses con los senadores, el entonces vicepresidente, Carlos Alvarez, como presidente provisional del Senado, llevó al caso a la Justicia para que fuera investigado y estalló la crisis. La denuncia quedó en manos del entonces juez Carlos Liporaci, pero pronto se supo que el magistrado había adquirido una lujosa casa con dinero que no podía justificarse. El 29 de diciembre de 2000, un día antes de que empezara la feria judicial, Liporaci dictó la falta de mérito para los senadores Emilio Cantatero, Remo Costanzo, Angel Pardo, Eduardo Bauzá, Augusto Alasino, Ricardo Branda, Ramón Ortega, Alberto Tell, Javier Meneghini, Raúl Galván y Alcides López, implicados en el caso.
Pero el 2 de febrero de este año, los fiscales Eduardo Freiler y Federico Delgado apelaron esa resolución y pidieron el procesamiento de siete de los once involucrados por entender que existieron coimas y que la plata para hacer efectivo ese soborno salió de la SIDE. En medio de la espera, Liporaci renunció, aquejado por la destitución que estaba a punto de disponer el Consejo de la Magistratura, y el expediente pasó a manos de Cavallo. (DyN, Infosic)
No hay pruebas suficientes
Tras cinco meses de análisis y horas antes de iniciarse la feria invernal, los camaristas de la Sala I decidieron confirmar la decisión de Liporaci, al considerar que en los "abultados 32 cuerpos" no hay elementos que permitan procesar a los imputados y evaluaron que "no resulta procesalmente aceptable que la causa pueda avanzar con el escaso aporte brindado por quienes públicamente reclaman el esclarecimiento de lo sucedido".
La Cámara destacó que "algunos de ellos mismos, quienes han relativizado sus dichos vertidos a través de los medios, en las oportunidades en que debieron testimoniar bajo juramento prefirieron haber sido mal interpretados o corresponder a la esfera de sus libres conclusiones". En tono crítico, citaron la opinión de la fiscalía, en cuanto "algunos destacados actores de la dirigencia política" que "se ha traducido en grandilocuentes declaraciones en las escalinatas del edificio, lamentablemente relativizadas al llegar a la sala de audiencias". (DyN)
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