Martes 17 de julio de 2001

 

Bush suspende nuevas sanciones a Cuba

 

El presidente de EE. UU. decidió anoche que no aplicará en los próximos seis meses un polémico artículo de la ley Helms-Burton que endurece el embargo a Cuba. Esta parte de la norma permite a quienes fueron propietarios de bienes confiscados por el régimen de Castro a demandar a las empresas que los utilicen.

  Washington (Télam-SNI).- El presidente estadounidense, George W. Bush, anunció anoche que prolongará por otros seis meses la suspensión del capítulo tercero de la ley Helms-Burton.
"Lo haré", dijo brevemente Bush, al contestar una pregunta sobre si prolongará la suspensión de esta cláusula, como lo hacía periódicamente su antecesor, el demócrata Bill Clinton, quien suspendió regularmente las disposiciones cada seis meses desde que fueron votadas en 1996.
La ley Helms-Burton permite iniciar acciones judiciales en Estados Unidos contra empresas que realizan negocios con bienes expropiados a norteamericanos en Cuba, tras la Revolución de 1959.
La aplicación de este capítulo es un tema particularmente sensible para los aliados de Estados Unidos en la Unión Europea y para Canadá que tienen inversiones en la isla.
El exilio anticastrista de Florida expresó de forma moderada su decepción por la decisión de Bush. "Nos habría gustado que se implementaran" esas disposiciones de la ley Helms-Burton, dijo Joe García, director ejecutivo de la Fundación Nacional Cubano-Americana (FNCA), principal organismo del exilio anticastrista en Estados Unidos.
García se declaró, no obstante, "muy complacido" con las recientes medidas anunciadas por Bush sobre su política ante Cuba.
El viernes pasado Bush anunció una serie de medidas para aplicar de forma más estricta las sanciones en vigor contra Cuba, en particular para hacer respetar las restricciones vigentes a los viajes y al envío de remesas a la isla, fortalecer las emisoras anticastristas Radio y TV Martí, y ampliar el respaldo a la disidencia interna.

Moderada reacción anticastrista

El director de la FNCA se abstuvo de comentar si el anuncio de Bush sobre estas medidas habría tenido un eventual carácter "compensatorio" frente al anuncio de ayer.
De aplicarse, el capítulo III de la ley Helms-Burton permitiría a los ciudadanos estadounidenses que tenían posesiones en Cuba antes de la revolución, intentar obtener una compensación por parte de las empresas extranjeras que actualmente exploten esas propiedades.
La entrada en vigencia de esta disposición podría paralizar a las empresas europeas y canadienses que ya son objeto de otras disposiciones de esta ley.
Bush había prometido durante su campaña aplicar una línea más dura contra el régimen de Fidel Castro.
Sin embargo, en su decisión de aplazar este tema habría tenido en cuenta que la activación del temido capítulo III abriría un nuevo frente de confrontación con la Unión Europea, que se sumaría a numerosos contenciosos transatlánticos en materia comercial, de medio ambiente o el sistema de defensa antimisiles.
Estados Unidos viene aplicando desde 1962 sanciones económicas contra el régimen socialista de la isla caribeña, son el objetivo de obligar a ese país a adoptar un sistema democrático y de libre mercado.

Esperanza de los inmigrantes

La Administración Bush está decidida a instrumentar una solución para los tres millones de mexicanos indocumentados que trabajan ilegalmente en Estados Unidos, y un programa que permita ingresar en forma legal y segura a los mexicanos que el mercado laboral de este país necesite en el futuro.
La noticia estalló para alegría de millones de mexicanos ya en Estados Unidos, o sus compatriotas todavía en su país interesados en migrar, porque les garantiza poder viajar legalmente, sin atravesar el peligroso desierto de Arizona.
Las negociaciones entre ambos países están encabezadas por el secretario de Estado, Colin Powell, y el ministro de Justicia, John Ashcroft, por Estados Unidos, y el canciller Jorge Castañeda y el ministro del Interior, Santiago Creel, por México.
La noticia fue confirmada por el vocero de la Casa Blanca, Ari Fleischer, y el del Departamento de Estado, Robert Boucher. El programa consistiría en extender visas temporarias de trabajo, que permitirían a los mexicanos en Estados Unidos legalizar su situación y acceder a todos los derechos que legalmente le corresponde a todo trabajador en este país. Además, en la medida que el mercado estadounidense de trabajo demande más mano de obra, se extenderían más visas temporarias .

   
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