Jueves 12 de julio de 2001

MAS

 

Apelaron todos los procesados en la causa de la venta ilegal de armas

 

Ahora la que decidirá será la Cámara Federal.

  La causa por la venta ilegal de armas entrará una vez más en una etapa crucial, ya que en los próximos días el expediente llegará a la Cámara Federal, que será la encargada de definir la delicada situación de los acusados de liderar o integrar una asociación ilícita, luego de que todos los procesados apelaron el fallo del juez Jorge Urso.
En la Cámara se analizarán los fundamentos de una minuciosa y detallada decisión judicial que supera las 500 carillas, con los argumentos que deberán exponer los acusados, en especial el ex presidente Carlos Menem, quien hasta ahora se inclinó por hacer una defensa más política que judicial.
La Sala II de la Cámara es la misma que le dio el impulso inesperado a la causa cuando ordenó a Urso investigar hacia "arriba", y ampliar los interrogatorios a la figura de la asociación ilícita, cuya aplicación es discutida por todos los acusados.
Ahora habrá que esperar no menos de un mes para saber si la Cámara se refería al ex presidente Carlos Menem o si el techo eran quienes fueron sus ministros.
De acuerdo a los comentarios de una fuente allegada a ese tribunal, y luego de una primera lectura del fallo de Urso, los fundamentos de la prisión preventiva de Menem merecen que la defensa del ex presidente se ponga a trabajar seriamente en el expediente, cosa que no han hecho hasta ahora, según evaluaron los voceros.
En Tribunales se comenta que si Menem no presenta "una buena defensa técnica", el fallo de Urso, que ya es histórico, podría ser confirmado, y las discusiones pasarán al terreno de la Corte Suprema.
Las contradicciones entre los defensores de Menem fueron notorias hasta hace poco, las críticas fueron públicas y la cuestión terminó con el alejamiento de uno de ellos, Mariano Cavagna Martínez, y su reemplazo por Oscar Salvi.
"Hace falta leer el expediente en profundidad", dijeron fuentes de la Cámara consultadas por esta agencia y resaltaron que aún falta "la prueba determinante que ilumine la causa".
El ex ministro de Defensa Antonio Erman González y el ex subjefe del Ejército Raúl Gómez Sabaini fueron ayer los últimos procesados en presentar la apelación a la resolución de Urso.
Idéntico trámite ya habían cumplido, el ex presidente Carlos Menem; y la semana pasada el ex jefe del Ejército Martín Balza y el ex canciller Guido Di Tella.
En desacuerdo con la valoración que Urso hizo de los elementos probatorios, todos los acusados coincidieron al calificar la resolución de "arbitraria" y sostuvieron que les causa un "gravamen irreparable", por lo que ahora deber dar pelea en la Cámara Federal.
En una extensa resolución, Urso procesó el 4 de julio último con prisión preventiva a Menem, Balza y Erman González por considerarlos jefe y organizadores, respectivamente, de una asociación ilícita que vendió armas a Ecuador y Croacia.
A Di Tella y Gómez Sabaini, por su parte, el magistrado les endilgó haber sido miembros de esa supuesta banda delictiva, figura procesal que contempla la excarcelación.
El nuevo abogado defensor de Carlos Menem, Oscar Salvi, estrenó su cargo diferenciándose de la defensa saliente, al responsabilizar a "algún Ministerio" de lo que Urso endilga, en definitiva al ex presidente, aunque no señaló específicamente a uno.
La defensa del ex jefe de Estado también informó que aun no hubo definiciones sobre el pedido de modificaciones en el régimen de visitas establecido por Urso a Menem. Asimismo, anunciaron que reclamarán ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por "privación ilegítima de la libertad", al tiempo que aseguraron que la "candidatura a senador del ex presidente no busca fueros".

"Las FF.AA. son víctimas"

El ex jefe del Ejército, Martín Balza, aseguró ayer que los cañones que se enviaron a Croacia "jamás pertenecieron al Ejército, sino a Fabricaciones Militares", al negar una vez más su responsabilidad en las maniobras.
Balza formuló su descargo en esta ocasión ante el juez Julio Speroni, quien lo indagó durante ocho horas y media por presunto contrabando agravado de armas y pólvora a Croacia.
Entre las confesiones de Balza trascendió que dijo que la fuerza entregó cañones Citer a la Dirección General de Fabricaciones Militares (FM), para ser reparados, sin su conocimiento, y contó que ignoraba el contenido de los decretos del escándalo porque fueron firmados en forma "secreta" y "sigilosa" y aseveró que las FF.AA pudieron haber sido víctimas de un engaño.
Ahora que todos los procesados presentaron la apelación, Urso deberá resolver si hace lugar a los pedidos, lo que según fuentes judiciales efectivizará en las próximas horas. Una vez que la causa esté en la Cámara, se fijará una audiencia para que los defensores de cada uno de los procesados expongan -ya sea en forma verbal o por escrito- sus argumentos ante los camaristas Horacio Cattani, Eduardo Luraschi y Martín Irurzun.
Los camaristas deberán revocar, confirmar o modificar parcialmente las decisiones de Urso.
(DyN, Infosic, Télam)

Denuncias por enriquecimiento

Los ex funcionarios menemistas Alberto Kohan, Armando Gostanián, Ramón Hernández, Hugo Anzorreguy y Alberto Rossi fueron denunciados ante la justicia federal por el presunto delito de "enriquecimiento ilícito".
La denuncia, que recayó en el juzgado a cargo del juez Gabriel Cavallo, fue presentada por el abogado radical Juan Carlos Iglesias, quien pidió una serie de medidas de prueba que acreditarían, según el escrito, la comisión de esos supuestos delitos.
Sobre Kohan, la denuncia -a la que tuvo acceso esta agencia- destaca que antes de ingresar a la función pública "era un hombre sin fortuna", en tanto que ahora posee una mansión cuyo "costo es superior al millón y medio de pesos", además de "otros bienes y fortuna personal que le permiten mantener un nivel de vida elevadísimo".
El secretaria privado de Menem, Ramón Hernández, pasó - según el texto de la presentación- "de condiciones modestas de vida a tener un alto nivel empresario ajeno a su actividad inicial" , incluyendo importantes propiedades en el exterior.
La denuncia también avanza sobre la situación del ex titular de la SIDE, Anzorreguy: "Se considera que posee varios inmuebles valiosísimos, en Capital como y el resto del país".
Las denuncias se extienden a la esposa de Kohan y al arquitecto de Menem, entre otros.
(DyN)

"Algún Ministerio..."

El abogado Oscar Salvi, quien esta semana asumió la defensa de Carlos Menem en la causa por la venta ilegal de armas, afirmó que "la responsabilidad del Estado" en las maniobras "puede limitarse a algún Ministerio" y contó que con el juez federal Jorge Urso, que arrestó al ex mandatario, "estamos emparentados por muchas situaciones afectivas".
Por primera vez la defensa de Menem salió a diferenciar el rol del ex presidente en las operaciones para descargar culpas en "algún Ministerio" al que Salvi prefirió no individualizar.
Para el juez Urso, que procesó y dictó la prisión preventiva de Menem como presunto jefe de una asociación ilícita que habría traficado armas y municiones, hubo un único ministro que actuó como "organizador" de la supuesta banda: Antonio Erman González, ex titular de la cartera de defensa.
Salvi, que comparte la defensa de Menem con el abogado cordobés Oscar Roger, recordó que "la Cámara Federal dijo que existe la posibilidad de que se haya concretado la figura del artículo 210" del Código Penal, que penaliza el delito de asociación ilícita. Pero subrayó que "nunca la Cámara dijo que Menem sea integrante de la asociación ilícita, dijo que se investigue si hay alguna responsabilidad". (DyN)

Ellos no quieren que se investigue

El bloque de senadores justicialistas emitió ayer un comunicado de repudio a la convocatoria de legisladores y dirigentes que hicieron ayer para pedir el esclarecimiento de los presuntos sobornos en el Senado, porque "implica un nuevo intento de politizar la justicia, desestabilizar las instituciones y debilitar aún más al Gobierno Nacional".
Veintidós de los 33 los senadores que integran el bloque mayoritario de la Cámara ofrecieron una conferencia de prensa, donde el titular de la bancada, José Luis Gioja, fue el encargado de leer los ocho párrafos del comunicado titulado "Mientras nosotros pensamos en el país, otros presionan a la justicia".
Los senadores presentes en la conferencia de prensa se mostraron muy molestos por la convocatoria relanzada ayer en el propio Congreso, donde varios legisladores, dirigentes políticos y gremiales habían solicitado el esclarecimiento de la causa sobre presuntos sobornos en el Senado para la aprobación de la ley de reforma laboral. Ese acto se realizó con motivo de cumplirse el año del inicio de las sospechas sobre sobornos en la Cámara alta, planteada por Antonio Cafiero .
Los senadores justicialistas, en la voz de Gioja, manifestaron que "el 95 % de los nombres que aparecen en el listado de los que convocaron al acto de ayer en realidad reconocieron que no fueron participes de la iniciativa".
Entre los participantes de la reunión se encontraban Augusto Alasino (Entre Ríos), Ramón Ortega (Tucumán), Eduardo Bauzá (Mendoza), Remo Costanzo (Río Negro), Ricardo Branda (Formosa), Alberto Tell (Jujuy) y Angel Pardo (Corrientes), todos ellos involucrados en la causa por sobornos. (DyN/Télam)
   
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