Polémica por la candidatura de Menem a senador

La constitucionalidad de la postulación es el centro del debate.El menemismo se aferra a la letra del Pacto de San José de Costa Rica.Para otros, la actual detención es suficiente para inhabilitarlo.

BUENOS AIRES- La candidatura del detenido ex presidente Carlos Menem a senador suplente del PJ riojano, impulsada por el entorno del ex mandatario, provocó un debate jurídico sobre la constitucionalidad de esa postulación y dividió aún más la agitada interna del peronismo.
El senador Eduardo Menem, hermano del ex jefe del Estado, y el ex ministro del Interior, Carlos Corach, defendieron el derecho del titular del Partido Justicialista a postularse, a pesar de su situación judicial como procesado y con prisión preventiva dispuesta por el juez Jorge Urso, en el caso de las armas.
Según la tesis del menemismo, la prohibición que impone el Código Electoral Nacional en ese sentido quedó superada por el Pacto San José de Costa Rica, que desde 1994 tiene rango constitucional en la Argentina. El Código excluye a todo detenido privado de su libertad por un juez competente la posibilidad de integrar el padrón electoral y, por ello, postularse a un cargo electivo.
En tanto, el artículo 23 del Pacto habilita a todos los ciudadanos a elegir y ser elegidos, pero aclara que la ley puede reglamentar ese ejercicio "exclusivamente por razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental, o condena por juez competente en proceso legal".
Mientras los menemistas afirman la viabilidad de la candidatura de su líder, algunos constitucionalistas como Ricardo Monner Sans y Ricardo Gil Lavedra, opinan lo contrario.
Monner Sans afirmó que cuando el Pacto habla de condena "también se debe entender como todo acto de restricción de libertad dictada por juez competente, porque de otra manera quien aspira a postularse a una candidatura puede llegar a querer burlar al Poder Judicial".
"Por un lado, los detenidos -según la ley nacional- no pueden estar en el padrón. Por otro lado, son los condenados los que -según la norma superior a la ley- están excluidos", afirmó.
Gil Lavedra dijo que "no puede (ser candidato) porque está detenido. La razón es muy simple: estando privado de la libertad no puede ejercer el cargo por razones físicas, ¿qué sentido tendría si no podría hacerse cargo?", se preguntó el ex ministro de Justicia.
Gil Lavedra admitió que el Pacto de San José de Costa Rica no habla de procesados sino de condenados, pero explicó que la defensa del ex presidente "tendría que hacer el cuestionamiento, tachando de inconstitucional la Ley de Partidos Político y el Código Electoral Nacional".
Eduardo Menem, quien según algunas versiones podría renunciar para que su hermano pasara en forma automática a ocupar su lugar y ampararse en los fueros, aclaró que el ex presidente "no se va a amparar en ningún fuero para eludir la acción de la Justicia".
Carlos Corach defendió la candidatura porque Menem es un "un hombre que necesita y debe tener una plataforma, como el Senado de la nación" y salió al cruce de los juristas que opinan que el ex presidente no puede postularse al decir que "eso lo decidirá el tribunal electoral".
En forma paralela al debate generado, la postulación del ex primer mandatario agitó aún más las encrespadas aguas en el justicialismo riojano donde, según algunas encuestas, el oficialismo estaría perdiendo el primer lugar a manos del senador Jorge Yoma, quien rompió lanzas con el PJ local cuando el partido apoyó sin reservas a Eduardo Menem.
Jorge Yoma calificó de "actitud desesperada" la decisión de incluir al ex presidente en la lista de candidatos de La Rioja y sugirió que directamente encabece la nómina para así "sincerar la situación política de la provincia y del oficialismo, ya que ellos existen sólo por el prestigio político de Carlos Menem".
Eduardo Duhalde estimó que la candidatura de Menem es una "maniobra política inteligente" y sostuvo que quienes la impulsan en La Rioja tienen "derecho" a plantear esta posibilidad, aunque dijo desconocer si es viable jurídicamente.
El constitucionalista Daniel Sabsay afirmó que la candidatura del ex presidente "es una provocación y una falta total de ética", aunque admitió que el Pacto de San José de Costa Rica habilitaría esa posibilidad. No obstante, el abogado opinó que "es una maniobra de forzamiento a las normas para jugar políticamente interfiriendo en la acción judicial".
En la vereda opuesta, el constitucionalista Gregorio Badeni interpretó que "más fuerte que todo es el artículo 18 de la Constitución, que dice que toda persona que no haya sido condenada por la comisión de un delito, se presume inocente y por ende tiene todos los derechos civiles y políticos de los ciudadanos".
Si bien Badeni mencionó que el Código Nacional Electoral dispone que las personas detenidas no pueden ser postuladas, "en este caso específico es evidente que estas normas lesionan el artículo 18 porque le aplican una sanción política a una persona que no ha sido condenada y vulneran el principio de inocencia".
En cambio, para Eduardo Barcesat "legalmente no corresponde" la precandidatura de Menem, ya que por el Código Nacional Electoral "está impedido".
En respuesta a la argumentación de Badeni, Barcesat dijo que no se puede invocar el artículo 18 de la Constitución para avalar la candidatura. (DyN/Télam)

Foto: La postulación de Menem a senador por La Rioja generó posiciones encontradas entre los juristas.