Miércoles 4 de julio de 2001

 

Argentina rechaza pedidos de extradición de Astiz

 

Es la manera de preservar el principio esencial de soberanía, adujo el ministro Jaunarena.

  El Gobierno nacional no extraditará a Italia al ex represor Alfredo Astiz porque considera que no puede aplicarse el principio de extraterritorialidad de las leyes, adelantó ayer el ministro de Defensa, Horacio Jaunarena.
El funcionario explicó que en un caso similar, en marzo pasado, el Ejecutivo sostuvo que "los delitos que se cometieron en la Argentina, sea cual fuere la persona que los cometió, deben ser juzgados por jueces argentinos".
Astiz fue detenido este domingo a pedido de la Justicia italiana que quiere juzgarlo por la desaparición de tres ciudadanos de ese país, mientras que Francia, donde fue condenado en ausencia a cadena perpetua, cursaba su pedido de extradición por el caso de las monjas Alice Domon y Leonie Duquet.
El ministerio de Justicia francés anunció que formuló un pedido de extradición para Astiz, condenado a cadena perpetua en 1990 por un Tribunal de París en ausencia por el secuestro y desaparición de las religiosas.
La sentencia, emitida por la justicia francesa, está relacionada con el caso Domont y Duquet, desaparecidas en diciembre de 1977, plena dictadura militar argentina, tras haber sido denunciadas por Astiz quien se había infiltrado en el grupo de Madres de Plaza de Mayo, al que acompañaban las religiosas.
El ministro de Defensa, Horacio Jaunarena, en tanto, evaluó que Astiz no debería ser encarcelado por el delito de apropiación de bebés (el único que mantiene preso a algunos militares, como Jorge Videla y Emilio Massera), ya que antes fue interrogado en dos ocasiones por esta causa y los magistrados no dispusieron su detención. Aunque ahora se presentó un nuevo caso.
Según Jaunarena, el Ejecutivo sostuvo la defensa del principio de territorialidad de las leyes antes de la detención de Astiz, "más allá de la condición emblemática que tiene este personaje".
"El Gobierno mantiene este principio convencido de que ésta es la manera de preservar un principio esencial de soberanía", añadió.
En tanto, Astiz negó haber participado en el secuestro y la detención de los italianos por los cuales es requerido por la Justicia de ese país. Se trata de Angela María Aieta -madre del dirigente peronista Juan Carlos Dante Gullo-; Juan Pegoraro y su hija Susana, quien tuvo una hija en la maternidad clandestina que funcionó en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), caso que podría llevar nuevamente a Astiz a los tribunales argentinos.
La joven de 23 años que fue ilegalmente inscripta como Evelyn Karina Vázquez aclaró ayer que está dispuesta a someterse a los exámenes de ADN que podrían acreditar su posible vínculo biológico con la desaparecida Susana Pegoraro, pero explicó que ha declinado practicarse los análisis porque los resultados del estudio serán utilizados como evidencia contra su apropiador, a quien la chica aún llama "mi papá".
La joven fue criada por el marino Policarpo Vázquez, quien en marzo de 1999 fue detenido, junto a su esposa Ana Ferrá, por orden de la jueza federal María Servini de Cubría, quien solicitó a la joven la realización del exámen genético para probar su filiación. (ANSA, DyN)

El gobierno toma posición

El Gobierno salió ayer a fijar su postura respecto del pedido de extradición de Italia Alfredo Astiz, al afirmar, a través de su vocero, Juan Pablo Baylac, que la Argentina reivindica "el principio de territorialidad de la ley penal".
"El debate no es extradición sí o extradición no", dijo Baylac, quien agregó que en el caso de Astiz "no se encuentra vinculado a la persona, más allá del debate" que genera su actuación durante la dictadura, "sino que la Argentina debe preservar los principios jurídicos que juegan en esta cuestión".
Por último, recordó que la Argentina aprobó la "creación de una Corte Internacional de Derecho Penal" para juzgar los denominados delitos de lesa humanidad y por lo tanto "es vanguardista en este aspecto".

Hoy declara Zorreguieta

Jorge Zorreguieta, padre de la futura princesa de Holanda, Máxima Zorreguieta, y ex funcionario de la dictadura, fue citado para hoy por la Cámara Federal de La Plata para que declare por el caso de una mujer desaparecida por la cual "no hizo nada", según denunció la madre de la víctima.
La citación a Zorreguieta, ex subsecretario de Agricultura durante el gobierno del dictador Jorge Rafael Videla, obedece a que fue mencionado por Matilde Leston, madre de Lidia Inés Amigo, secuestrada y desaparecida durante la dictadura.
El esposo de Leston y padre de la chica secuestrada, Alberto Amigo, había precedido en el cargo a Zorreguieta, antes del golpe. Leston contó que su esposo fue a ver al funcionario para pedirle si podía hacer algo por la joven, y que Zorreguieta "no hizo nada, en absoluto". Zorreguieta, en una carta pública dada a conocer durante el compromiso de su hija con el príncipe Guillermo de Holanda, había señalado que desde su lugar de trabajo "no se tuvo conocimiento" de la represión ilegal, a la que él definió como integrada por "grupos militares independientes".

   
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