Más anomalías en la firma que vigila al municipio

"Río Negro" había revelado que la firma Max-Seg está vinculada al comisario Héctor Ríos, conocido por sus nexos de familiaridad con el ministro Daniel Sartor y el entorno del gobernador Pablo Verani. Este diario se refirió a él cuando expuso sobre una trama que impide el esclarecimiento de graves hechos. También había anticipado que a la firma del contrato, Max-Seg tenía cancelado el permiso, pero fue rehabilitado en un meteórico trámite. Ahora, este diario determinó que el encargado de los vigiladores de esa firma está inhabilitado para ejercer funciones de seguridad. Se trata de un comisario retirado, condenado por la Justicia provincial en febrero pasado por falsear pericias durante la investigación del doble crimen de Río Colorado.

ROCA (AR).- La empresa de vigilancia privada Max-Seg, contratada recientemente por la municipalidad de esta ciudad, no sólo está bajo cuestión por el hecho de que figura a nombre de la mujer del comisario Héctor Ríos, con lo cual está claro que el jefe policial tiene mucho que ver. También, uno de los empleados que la agencia puso al mando de custodios de la municipalidad no debería trabajar allí, considerando que la Justicia provincial lo condenó en febrero pasado a dos años de prisión en suspenso y cuatro de inhabilitación absoluta.
Se trata del comisario retirado Julio César Arriola, el perito balístico del doble crimen de Río Colorado que fue condenado en febrero de este año por falsear las pericias que realizó durante la investigación del asesinato de los jóvenes Sergio Sorbellini y Raquel Lagunas.
Arriola ya trabaja en la comuna roquense desde el primer día en que la agencia comenzó las tareas de vigilancia como encargado del personal. En realidad, ni siquiera Marcelo Aguilar, el otro dueño de Max-Seg, pudo asegurar que su empleado cumple con todos los requisitos. "Supongo que estará habilitado", afirmó ayer a "Río Negro".
En el capítulo sobre "requisitos para autorización de personal" de la ley 2.678 (la que rige a las agencias de investigaciones, vigilancia y seguridad privada), para lograr la habilitación correspondiente los vigiladores no deben "poseer antecedentes penales, ni procesos judiciales pendientes por delitos dolosos".
Es eso lo que lo inhabilita a Arriola. Su inhabilitación absoluta lo privará durante cuatro años incluso de cobrar sus haberes mensuales como comisario retirado.
Cabe recordar que Max-Seg es la empresa que custodia el edificio comunal y sus dependencias externas.
Una investigación publicada el lunes por este diario informó que pertenece a Erika Olivia Suárez y Marcelo Aguilar, esposa y amigo respectivamente del jefe policial de la Unidad 21 de Roca, Héctor Ríos. En otra investigación de este diario, titulada "la trama que impide que se esclarezcan preocupantes hechos en Río Negro", se señaló a Ríos como uno de los comisarios con directa llegada al ministro Daniel Sartor y al entorno del gobernador Pablo Verani.
En medio del proceso de licitación para conseguir la adjudicación de la seguridad municipal, hubo una llamativa celeridad para "levantar" una inhabilitación que pesaba sobre la agencia, algo que -según fuentes consultadas- sólo puede conseguir "una persona con contactos".
La ley 2.678 también obliga a los vigiladores privados a "poseer una credencial emitida por la autoridad de aplicación", es decir por el Departamento Prevención y Vigilancia de la Policía de Río Negro. En ella figura el nombre del empleado, su foto, si está o no autorizado para portar armas, la fecha de emisión, el día en que caduca y la firma del jefe de dicha dependencia policial. Las credenciales identificatorias que exhiben los vigiladores de Max-Seg no cumplen con nada de esto.
La ley 2.678 establece que "las personas o empresas que se encuentren habilitadas deberán abonar en concepto de tasa por habilitación, registro y supervisión" distintos montos por agencia y cantidad de empleados.
Esa plata es destinada al Fondo de Reequipamiento de la Policía de Río Negro, creado para el mantenimiento de equipos de investigación, automotores y uniformes.
La última cancelación que sufrió la empresa fue, de acuerdo a la resolución 1.840 del jefe de Policía, Rogelio Lardapide, "por encontrarse incurso en al artículo 21 inciso C de la ley 2678". Dicha norma establece que "serán causales de cancelación de la habilitación", entre otros "la falta de pago de la tasa correspondiente". Es decir que la empresa no estaba pagando la tasa que se mide en puntos policiales equivalentes a litros de nafta.
Días después, Max-Seg fue rehabilitada mediante la orden del día 2.011 "por haber desaparecido las causales que la originaron".
La misma ley, cuando habla sobre el "mantenimiento de las condiciones", asegura que "el incumplimiento de alguno de los requisitos producirá la cancelación de la habilitación o de la autorización" y hasta el momento poco se sabe de eso.

Sarandría no ve nada anormal

El intendente, Ricardo Sarandría, y su secretario de Hacienda, Oscar Carballo, no ven nada malo en la contratación de Max-Seg, pese a todas las anormalidades que reveló "Río Negro". Lejos de ponerlo en duda, defendieron el contrato: "La municipalidad actuó conforme a las reglamentaciones vigentes" y por ser "una empresa que fue creada adecuadamente", señaló el jefe comunal.
"Una de las críticas que se nos hizo es que a veces circulaba por pasillos de la municipalidad gente que no se sabía quién era y que de alguna manera constituía de por sí una amenaza latente", agregó. A pesar de eso, hoy el despacho del jefe comunal está tan desprotegido como siempre. Desde la entrada hasta el lugar de trabajo de Sarandría nadie controla a quienes ingresan pese a la presencia de los vigiladores.
Esto se corrobora con el testimonio de algunos trabajadores de la comuna, que reconocen no haber percibido ningún cambio en cuanto a la seguridad. "Todo sigue como antes, la gente circula en los pasillos y por la estructura del municipio es fácil llegar a cualquier oficina".
Por otra parte, Sarandría asegura que pese a que nunca habían registrado problemas de inseguridad en el municipio, era "necesario un servicio de vigilancia más profesionalizado en función de que es nuestra obligación en tiempos de conmoción social proteger la integridad física de quienes están acá adentro".
Pero "Río Negro" preguntó: ¿No sabía que la esposa del comisario Ríos era una de las dueñas de Max-Seg? La respuesta del secretario Carballo fue insólita: "En ningún caso se averiguan los antecedentes personales de los dueños de las empresas".
- ¿Conocían la situación judicial de Arriola, uno de los empleados de Max-Seg que trabaja en la municipalidad?
- "No, y no tenemos por qué saberlo. Porque no podemos averiguar los antecedentes de cada uno de los empleados de las empresas que trabajan para la municipalidad".
No obstante, la municipalidad tampoco constató que el personal especializado que trabaja para la municipalidad esté habilitado para hacerlo, como el caso de Arriola. (AR)

Concejales de la oposición piden explicaciones

Concejales de la oposición elevaron pedidos de informe al Ejecutivo roquense pidiendo explicaciones sobre las condiciones en que se firmó el contrato con la empresa Max-Seg y los términos del mismo.
"Llama la atención la precariedad en general que tiene el llamado a licitación, es por eso que vamos a elevar un pedido de informe", señaló el edil justicialista Alejandro Gorsky
"La seguridad es un elemento importante y lo único que hay en el pliego licitatorio es una mención a que deben presentar el antecedente y nada más. Y los antecedentes que presentan son una cargada", agregó.
El edil se refiere a la larga lista de antecedentes que presentó la agencia en los que asegura haber custodiado, asociada a otra agencia, decenas de edificios, bancos y hasta pozos petroleros en Bahía Blanca. Los concejales sospechan que puede haber falsedades.
Según Gorsky "presentaron antecedentes de Bahía Blanca en donde dicen que ellos estuvieron asociados pero no presentan absolutamente nada que lo certifique. Les quedaba un último resquicio (a la comisión adjudicadora) para poder salvar el error del pliego que era exigir los antecedentes y vigilar que sean verdaderos y no lo han hecho".
Sobre ese mismo punto, el secretario de Hacienda, Oscar Carballo, señaló que al ser la seguridad privada "una actividad que no se desarrolló nunca en Roca y que se va a desarrollar por primera vez, no habría ninguna posibilidad de que la realice ninguna empresa de Roca. Siempre se tendría que ir a buscar una con antecedentes".
"Si no fuese trágico sería risueño. Coincido en que parece una documentación armada para esta licitación incluso, hay certificaciones necesarias que están hechas ad hoc", aseguró Gorsky.
"Es llamativo que pidan por un lado un convenio de despidos encubiertos y por otro lado tercerizan un servicio. Sumado al hecho de que una empresa que gana un servicio sin antecedentes y formada al efecto diría que son varios hilos que se van uniendo", indicó.
Por su parte Mary Mancini, del Movimiento Patagónico Popular, se preguntó "por qué tanto apuro para tercerizar un servicio de vigilancia cuando a lo mejor dentro de la misma planta de personal municipal se podría haber capacitado a algunos empleados". (AR)

Foto: Los vigiladores empezaron a recorrer los pasillos del municipio semanas atrás, pero uno de ellos no está habilitado.