Se pone en marcha la obra de la ciudad judicial

El Ejecutivo firmó un acuerdo con el TSJ para buscar financiamiento.

NEUQUEN (AN).- El Poder Ejecutivo provincial se comprometió a buscar financiamiento para la construcción del edificio judicial en esta capital a través de un convenio que firmó el gobernador Jorge Sobisch con el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Rodolfo Medrano. El Poder Judicial comenzará con la construcción del edificio con los 21 millones de pesos que tiene ahorrados con ese fin específico y lo terminará con el financiamiento que pueda obtener de las gestiones del Poder Ejecutivo.
Desde hace más de tres años en la Legislatura existe un pedido formulado por el Tribunal Superior de Justicia para que se autorice a ese poder del Estado a tomar un crédito que le permita concretar la obra. Sin embargo ese proyecto no fue tratado. El convenio firmado ayer sacó a los miembros del máximo tribunal de la encrucijada de tener que esperar una autorización legislativa.
En el convenio se establece que el Poder Ejecutivo hará todos los esfuerzos para "conseguir el financiamiento necesario para concluir la obra, ya sea a través de financiamiento externo o con recursos propios en la medida en que las disponibilidades económicas de los futuros ejercicios así lo permitan".
Sobisch definió el acuerdo como un acto de "jerarquía política" debido a que en todo el proceso actuaron los tres poderes del Estado, la municipalidad y la Universidad Nacional del Comahue. Estos últimos a través de la cesión de tierras en donde se construirá el edificio. Dijo que en el sector de bardas donde se construirá el edificio ya se encuentra el Concejo Deliberante, y deseó que en poco tiempo más se pueda firmar un acuerdo similar con el Poder Legislativo para la construcción de una nueva sede. La "ciudad judicial" como se conoce al proyecto albergará a todos los juzgados de la primera circunscripción judicial. A falta de un lugar propio el tribunal tiene en la actualidad 23 edificios que demandan un gasto en alquiler de más de 100 mil pesos por mes, dijo ayer el presidente del TSJ, Rodolfo Medrano. Esto representa un gasto anual de más de un millón de pesos, dinero cuyo ahorro podría ser destinado al pago del financiamiento pedido.
Medrano destacó el efecto que una obra de estas características tendrá sobre la economía de la ciudad. El edificio de 36.000 metros cuadrados cubiertos, en un predio de cuatro hectáreas, demorará tres años en terminarse, tiempo durante el cual ocupará entre 300 y 500 personas. Una obra pública, recordó el titular del TSJ, siempre tiene su efecto multiplicador en el trabajo del comercio vinculado con la construcción.
Enmarcó la iniciativa con las acciones que viene desarrollando el Poder Judicial para mejorar el servicio. Citó entre estas acciones la capacitación permanente del personal, el proyecto de actualización del código de procedimientos que hace pocos días se elevó a la Legislatura, la implementación de medios alternativos para la solución de los conflictos y la informatización.
Por el convenio el gobierno se compromete a poner a disposición del Poder Judicial al personal de la subsecretaría de Obras Públicas. Además se conformará una comisión que integrarán los subsecretarios de Obras y Servicios Públicos, Ricardo Esteves, y de Seguridad Ciudadana y Justicia, Alicia Comelli, por el Poder Ejecutivo, y Medrano y la administradora General del TSJ, Beatriz Lozada, por el Poder Judicial. La comisión será la encargada de coordinar las acciones para el inicio de la obra.

Ahora la Cámara está trabada por cuestiones reglamentarias

NEUQUEN (AN) - El intento de los diputados provinciales del MPN de frenar, con argumentos reglamentarios, la sanción de una ley que reduce la planta de funcionarios del gobierno, dejó a la Legislatura en una situación de parálisis complicada de superar. A la madrugada de ayer, la Cámara pasó a un cuarto intermedio sin plazos.
Si hasta ahora el avance legislativo había sido complicado, el episodio de ayer complica aún más las cosas.
La oposición iba a hacer valer su mayoría para imponer un proyecto del peronismo que ordena reducir en un 50% la planta política del Poder Ejecutivo.
La iniciativa venía con una moción de tratamiento preferencial, fijada en mayo, pero el miércoles por la noche, cuando llegó el momento de tratarla, el vicegobernador Jorge Sapag, como presidente de la Cámara, advirtió que no sometería el asunto a votación salvo que mediara opinión favorable de los dos tercios de los presentes por imperio -dijo- de uno de los artículos del reglamento del cuerpo que así lo indica. Eran las once de la noche del miércoles cuando se resolvió pasar a un cuarto intermedio que muchos diputados cumplieron en sus oficinas, pero una vez reanudada la sesión las cosas siguieron trabadas en la discusión reglamentaria.
Aunque para Sapag y el bloque del MPN, el reglamento es claro, para la Alianza y el PJ hay artículos contradictorios. Por ello, la oposición quiere hacer valer el precepto que sostiene que es la Cámara la que finalmente resuelve sobre interpretaciones de sus reglas internas.
Pero el vicegobernador insistió en que no se trata de interpretaciones sino de la aplicación del reglamento. Para ello, hizo un análisis comparado con otras normas de procedimiento legislativo del país.
El presidente del bloque del PJ, Gabriel Romero, que es uno de los autores del proyecto, acusó ayer al gobernador Jorge Sobisch y al bloque del MPN de "hacer que la Legislatura no funcione".
Los peronistas analizarán el martes si insisten en el tratamiento del proyecto o, para descomprimir, se comprometen, junto con la Alianza, a introducir la poda de funcionarios en el presupuesto 2001.
En realidad, la sanción de este proyecto bien podría no haber significado su promulgación y puesta en vigencia puesto que a Sobisch le queda el arma del veto, la misma que utilizó para borrar del presupuesto 2000 una cláusula restrictiva similar a la que ahora está en discusión.
Lo grave es que para volver a sentarse en sus bancas, los diputados deberían reiniciar la sesión interrumpida ayer y tratar, como primer punto, el polémico proyecto.

Foto: El convenio firmado ayer entre Sobisch y Medrano establece que el Ejecutivo "hará todos los esfuerzos" para conseguir financiamiento.