Viernes 29 de junio de 2001

 

El TSJ liberó el camino para la asamblea de CALF
 

Declaró inadmisible el recurso que presentaron los representantes oficialistas.
  NEUQUEN (AN).- El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) declaró "inadmisible" el recurso extraordinario federal que interpusieron delegados de CALF por la lista oficialista contra la decisión de la justicia civil de permitir que se concrete la asamblea que elegirá las nuevas autoridades de la cooperativa eléctrica. De este modo se agotaron las vías legales que impedían la convocatoria a los delegados, por lo que la intervención junto con la dirección de Personas Jurídicas de la provincia deberá fijar fecha para la reunión. A los demandantes les queda la opción de recurrir en queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, pero esta acción no suspende el proceso de llamado a asamblea.
El año pasado la oficialista lista Blanca que conduce Osvaldo Bonvín perdió por primera vez en una elección la mayoría de los delegados. Esto abrió el camino para que el referente de la lista opositora Celeste, Rodolfo Inda, quedase como seguro presidente de CALF. Sin embargo delegados de la lista Blanca impugnaron ante la justicia civil el sistema que se utiliza para la distribución de los delegados según el resultado en cada distrito.
Bonvín, consultado ayer por este diario, indicó que la resolución del TSJ "estaba dentro de lo esperable", y omitió cualquier declaración complementaria. Los blancos esperan realizar una contraofensiva mediante la capitalización del disgusto producido en los barrios por la supresión de subsidios y aportes a organizaciones vecinales, que es justamente el electorado que votó a favor de Bonvín.
El expediente judicial, debido a los diferentes recursos interpuestos llegó hasta el Tribunal Superior de Justicia y como cada uno de esos recursos suspendía la convocatoria a asamblea, a casi un año de la elección aún no asumieron las nuevas autoridades.
Paralelamente a esta batalla legal, existe en la justicia Penal una denuncia contra todos los miembros del Consejo de Administración por irregularidades en el manejo de los fondos cooperativos que se inició por una presentación de la ex gerente de la cooperativa Olga García. En el marco de esta investigación, el juez Juan José Gago dispuso la intervención de Calf, desplazó a todo el Consejo de Administración y nombró interventor a Teodoro Aspesi. Al mismo tiempo, en nombre de dos asociados, los abogados Mario Avalos y Marcelo Ortíz, iniciaron una acción civil contra los miembros del Consejo de Administración por "daño" directo e indirecto a la cooperativa. Por esta acción la justicia dispuso el embargo de los bienes de los consejeros por dos millones de pesos.
La decisión sobre la fecha de la asamblea de delegados que deberá elegir a las nuevas autoridades está en manos ahora del interventor Teodoro Aspesi y de la dirección de Personas Jurídicas. El cónclave podría concretarse dentro de 30 o 45 días.
Para el referente de la lista Celeste, Rodolfo Inda, con el fallo del TSJ, "se ha concretado el ciclo judicial" que impidió hasta el momento se realice la asamblea. "Vamos a solicitar a quienes deben determinar sobre los plazos que la reunión de delegados se lleve a cabo en el menor tiempo posible", dijo.
Inda rechazó la pretensión de los abogados de la lista Blanca de que sea este sector el que convoque a asamblea.

Averiguan si hubo cambios patrimoniales

NEUQUEN (AN).- Los abogados Mario Avalos y Marcelo Ortiz, en representación de dos asociados de la cooperativa neuquina CALF, reclamarán a la justicia Civil que libere oficios a todas las escribanías del país para que informen si alguno de los consejeros realizó cambios patrimoniales entre abril y junio de este año.
La intención de los letrados es saber si quienes están denunciados por daño a la cooperativa realizaron ventas de propiedades para evitar tener que responder con sus patrimonios si el resultado de la investigación les es adverso.
En la causa penal por más de 90 supuestos delitos la Cámara Criminal le ordenó al juez Juan José Gago levantar la inhibición de bienes que pesaba sobre la totalidad de los consejeros. Esto ocurrió el 10 de abril de este año.
Avalos y Ortiz iniciaron paralelamente una acción civil por daño directo e indirecto a la cooperativa contra los mismos consejeros y solicitaron la inhibición de los bienes y un embargo. Lograron este objetivo el 14 de junio último. Por esta acción es que se embargó bienes a los consejeros por dos millones de pesos.

Meses sin inhibición

Sin embargo temen que en el período de dos meses, entre abril y junio, en el que no pesó inhibición de bienes, alguno de los consejeros haya intentado desprenderse de su patrimonio para evitar tener que responder con éste a un fallo adverso por daño a la cooperativa.
Por tal motivo requerirán que se libre oficios a todas las escribanías del país para establecer si hubo alguna operación de cambio patrimonial en la que esté alguno de los consejeros.
De detectarse un operación de este tipo solicitarán la revocatoria de la misma, anunció Avalos.
   
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