Unos 12.000 estatales en juicio contra el Estado

Iniciaron acciones judiciales contra la provincia por la rebaja y el primer fallo podría salir en agosto o setiembre próximos. Si son favorables, sumarían entre 180 y 200 millones de pesos.

VIEDMA (AV).- Cerca de 12.000 estatales de Río Negro accionaron judicialmente contra el Estado provincial por las quitas salariales. Unos 400 expedientes esperan la resolución del Superior Tribunal de Justicia.
El primer fallo -según fuentes judiciales- saldrá entre agosto y septiembre.
Una resolución favorable a los agentes públicos exigiría la suspensión de la quita y reintegros de parte del Estado rionegrino que totalizarían entre 180 a 200 millones de pesos, según algunas estimaciones. Las disminuciones representaron una caída de la masa salarial del Estado por 210 millones. (Ver aparte) La flamante Coordinadora de Empleados Públicos intenta un debate político sobre la continuidad de la reducción ya que el reciente decreto 4/2001 ratificó esas quitas hasta el 2003. En esta oportunidad es la primera prórroga por 18 meses, medio año más que en las extensiones anteriores.
Los empleados del Poder Ejecutivo afrontaron dos reducciones. La primera operó desde mayo de 1996 y representó retenciones de hasta el 19,8 por ciento. La segunda se implementó a partir de febrero de 1997 con una disminución uniforme del 10 por ciento. La Legislatura y la Justicia instrumentaron sus propias reducciones.
La baja de 1996 representó automáticamente una caída de la masa salarial de 2,4 millones por mes (de 31,2 a 28,8) -según estimaciones oficiales- que equivale a unos 156 millones en los 5 años de vigencia. La otra reducción totaliza en los cuatro años algo más de 52 millones. Por eso, un análisis simple y lineal de ambas quitas suman casi 210 millones.
La mayoría de las acciones judiciales corresponden a los docentes. El abogado de la UnTER, Ariel Gallinger estimó ayer que entre 9.000 y 10.000 maestros formalizaron sus demandas, con unas 2.500 presentaciones en Viedma, mientras las restantes correspondería a los juzgados de Roca y Bariloche. Pero, en realidad, agentes de los diferentes organismos elevaron iguales demandas, incluso uno de los primeros casos instruidos pertenecen a empleados del Ipross.
Las estimaciones consignan de 11.000 a 12.000 estatales demandantes.
En la Justicia se reconocen casi 400 expedientes elevados al Superior Tribunal de Justicia ya que las cámaras laborales de las distintas circunscripciones de la provincia -en votación unánime- declararon "inconstitucional" la reducción salarial. Cada expediente acumula de 20 a 40 demandantes.
Según fuentes del STJ, dos expedientes -caratulados Scola y Arévalo- hacen punta en el análisis de las 400 causas. "Habrá fallo después de la feria de julio", se anticipó ayer a "Río Negro". En la primer resolución se marcará el criterio judicial para las restantes causas.
Los expedientes precursores llevan más de un año en el máximo cuerpo judicial. El tribunal habría congelado ese análisis por algunos meses ante la adhesión provincial a la ley nacional 25.334 que congeló todos los juicios contra el Estado. Pero, tras una evaluación jurídica, el STJ reactivó el tema.
La quita salarial está fundamentada en la ley 2.989 y uno de los objetivos es la revocatoria de esa norma. Para que eso ocurra primero es necesario que esté en vigencia el Derecho de Revocatoria Ciudadana, contemplado en la Constitución Provincial
En este sentido el Frente Grande presentó un proyecto de ley. Entre los requisitos se consigna que la iniciativa deberá estar respaldada por el 3 por ciento del padrón de electores utilizado en la última elección.

Buscan alguna alternativa al recorte

Diputados, dirigentes gremiales y empleados evaluaron alternativas a la reducción salarial. Más de un centenar de personas debatieron anoche en el Concejo Deliberante local sobre la prórroga a la quita de los haberes públicos.
Asistieron los legisladores Eduardo Rosso, Eduardo y Fernando Chironi, Rubén Giménez y Juan Manuel Muñoz, como así también, el Defensor del Pueblo, Daniel Ayala. Participaron también gremialistas, como el titular de UnTER, Daniel Gómez. Este dirigente afirmó que la "emergencia no puede ser eterna" y luego detalló la asistencia del sector. "Un maestro con 10 años ya aportó 5.800 pesos al Estado", explicó.
Rosso recordó los estériles proyectos de su bloque para suspender la quita y destacó ese ámbito "porque no hay debate en la Legislatura" pues el gobernador prorroga las reducciones por decreto/ley. El frepasista Chironi reiteró que la rebaja es injusta y pidió otros canales para salir del endeudamiento. Muñoz entendió que la situación podría ser "mejor si hubiese tenido otro tratamiento de Nación en la gestión anterior".
El radical Chironi admitió que "debe ser más eficiente y también aumentar los recursos" y que la reducción fue "el mal menor" pero advirtió que su suspensión sería una cuestión ficticia frente al desfinanciamiento. Los presentes consultaron a los diputados con serios cuestionamientos a la política provincial, desde los altos gastos de viáticos y alquileres hasta la transferencia a las escuelas privadas, pasando por la pregunta qué paso que su sacrificio salarial que no dio resultado (AV).

La quita suma 210 millones

La masa salarial mensual bajó por las quitas de 1996 y 1997 en 3,5 millones mensuales. Su proyección por el período de aplicación permite deducir que el Estado evitó un desembolso de haberes cercano a los 210 millones.
La ley 2.989 -aprobada el 5 de junio de 1996- estableció una "reducción salarial" sobre las remuneraciones brutas y se excluyó los haberes menores a los 500 pesos. La escala de quita estableció una baja del 6,6 por ciento en el tramo de 501/600 pesos, el 7,9 entre 601/700, el 9,3 entre 701/800, el 10,6 entre 801/900, el 11,9 entre 901/l.000, el 13,2 entre 1.001/1.100, el 16,5 entre 1.101/1.200, mientras que los sueldos mayores a los 1.200 pesos registraron quitas del 19,8 por ciento.
El Poder Legislativo estableció su propia reducción, que promedió el 25 por ciento entre las dos reducciones.
La primera baja fue del 15 por ciento y la restante del 10 (igual porcentaje al del Poder Ejecutivo). Luego, en 1999, ese Poder estableció otra retención del 10 por ciento aunque sólo alcanzó a los contratados.
La Justicia aplicó una quita de hasta el 14 por ciento pero sólo al personal mientras lo estableció voluntario -sin resultado- para los jueces. Igualmente, el Superior Tribunal de Justicia concluyó el año pasado con un progresivo programa de recomposición salarial, por lo cual, los judiciales ya no registran esas quitas. (AV)

Verani aceleró el decreto de tierras fiscales

VIEDMA (AV).- El gobernador Pablo Verani instruyó ayer a los ministros José Luis Rodríguez y Gustavo Martínez para consensuar rápidamente el plan de regularización de tierras fiscales. Así, se ratificó que las hectáreas de la Línea Sur -en general- quedarán exentas y libre de costos aunque todavía se debe evaluar cómo se redacta y cómo se comunica. El gobierno está preocupado sobre la proyección del diputado frepasista Guillermo Wood -que estimó ingresos de ventas de tierras por casi 350 millones- ya que puede dejar la impresión negativa de los valores oficiales, según lo analizado por Verani y sus ministros.
"Casi un 90 por ciento de las tierras fiscales están al sur del río Negro y el paralelo 42. Salvo algunas excepciones que hay que identificar, esos ocupantes históricos no pueden ni deberán pagar", dijo un hombre de Verani.
Inicialmente, la política de tierras fiscales no pudo profundizarse en la reunión de gabinete de ayer. No asistió Rodríguez. Igual, el ministro Esteban Rodrigo planteó "las diferencias por tierras fiscales ¿la vamos a discutir por los medios?". Por su parte, el gobernador evitó generalizar el análisis y comprometió que reuniría por la tarde a los ministros Rodríguez y Martínez, evidenciando que las diferencias de criterios corresponden a estos dos funcionarios, siempre en relación al programa de regularización y, en especial, a los valores de las tierras. Luego, el mandatario y sus dos ministros aceptaron acelerar plazos, unificaron criterios aunque aún resta definir la redacción del decreto".

Decreto o tratamiento legislativo

Asimismo, el debate incorporó otro conflicto latente porque desde fuentes legislativas se anticipó que cualquier regularización debe aplicarse a partir de una ley.
Una muestra de las pugnas también se evidenció con la versión oficial de la reunión gubernamental. Martínez sólo ratificó que los funcionarios del Ejecutivo donarán el medio aguinaldo para destinarlo a la pavimentación del acceso a Playas Doradas y, también, reiteró el inminente envío a la Legislatura de la licitación de Hiparsa y para implementar el Código de Procedimientos Mineros. No hubo mención oficial a la cuestión de las tierras fiscales.

Foto: Legisladores y sindicalistas debatieron alternativas a la reducción salarial.