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Domingo 24 de junio de 2001 | |
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Neuquén ratifica su política tributaria con empresas petroleras |
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| El gobierno provincial seguirá cobrando el impuesto de Sellos hasta que la Corte Suprema decida lo contrario. | ||
| NEUQUEN (AN).- El gobierno neuquino ratificó que continuará su política fiscal con las empresas del sector petrolero y que continuará la pelea por el cobro millonario de deudas que la provincia reclama en concepto de impuesto de sellos a las operaciones de compraventa de hidrocarburos. El subsecretario de Ingresos Públicos, Marcelo Raimondo, confirmó las acciones legales "muy fuertes" con las compañías dedicadas al transporte y distribución de gas. Dijo que "vencido el plazo de la moratoria" e incluso el plazo de suspensión de los plazos de algunas acciones judiciales "sugeridas a través de la procuración general de la Nación". Mayo fue un mes récord en la recaudación provincial con un tope de 23 millones de pesos, según el informe oficial distribuido ayer. En ese registro tienen alta incidencia los impuestos sobre sellos e ingresos brutos, ambos aplicados a la actividad hidrocarburífera. Raimondo indicó que "continúan todas las acciones administrativas necesarias" para garantizar los cobros reclamados, aunque las empresas siguieron sus estrategias judiciales. El funcionario, en la misma sintonía de Oscar Vicente, vicepresidente de PeCom Energía, dijo que el gobierno aguarda el dictamen de la Corte Suprema de Justicia de la Nación pero que mientras tanto, "donde hay que cobrar, se cobra". Hasta que el máximo tribunal nacional falle, "seguiremos trabajando como corresponde. El esfuerzo es muy grande para lograr una solución justa". Dijo que las empresas continúan en sus estrategias judiciales, y se está "en plena discusión también en ámbito administrativo". El funcionario intentó despejar cualquier duda respecto de la seguridad jurídica y económica para el sector privado, y dijo, en consonancia con el gobernador Sobisch, que a ese respecto "se despejan todas las dudas": los impuestos se cobrarán hasta que la Corte decida lo contrario. La intención del gobierno "es mantener la estabilidad fiscal, jurídica y económica que logramos" y en consecuencia "esperamos la resolución de la Justicia para terminar con esta permanente discusión de las normas vigentes". |
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