Viernes 22 de junio de 2001

 

La Nación resolverá si TGS pagará sellos

  El caso está en la Corte. Transportadora Gas del Sur plantea la inconstitucionalidad del cobro de este impuesto
  BUENOS AIRES (DyN) - La Procuración General de la Nación tiene a estudio un dictamen pedido por la Corte Suprema de Justicia, sobre un reclamo de inconstitucionalidad planteado por Transportadora Gas del Sur (TGS) contra la provincia de Río Negro, por el cobro de impuestos.
Así lo informaron ayer a DyN fuentes judiciales, que precisaron que la causa tiene relación con la pretensión del Estado rionegrino de cobrarle impuesto de sellos a contratos vinculados con la privatización de Gas del Estado y otros firmados por TGS con posterioridad a la concesión del servicio.
Esos últimos documentos, según TGS, son en realidad "propuestas epistolares escritas recibidas de los cargadores, sin ninguna aceptación escrita".

Medida cautelar

En el marco de la causa, la Corte Suprema -que interviene directamente por tratarse de un juicio originario, ya que está involucrado un Estado provincial- dictó el 10 de abril pasado una medida cautelar favorable a TGS.
El alto tribunal, con el voto mayoritario de ocho ministros, resolvió "decretar la prohibición de innovar pedida y ordenar a la provincia de Río Negro que se abstenga de realizar actos tendientes al cobro del impuesto de sellos por los contratos enumerados".
Tras esa medida cautelar, que frenó la pretensión de Río Negro de percibir el gravamen tributario, la Corte se abocó al estudio del fondo de la cuestión -esto es el dictado o no de la inconstitucionalidad-, para lo cual remitió el expediente a la Procuración, para que ésta emita dictamen.
La resolución fue firmada por los jueces Julio Nazareno, Eduardo Moliné O"Connor, Carlos Fayt, Augusto Belluscio, Enrique Petracchi, Antonio Boggiano, Guillermo López y Gustavo Bossert, con la disidencia de Adolfo Vazquez.
TGS obtuvo una medida cautelar similar el 27 de marzo pasado, pero con otra provincia, Santa Cruz.
Transportadora Gas del Sur describió en su presentación una llamativa contradicción entre la provincia de Río Negro y el Estado Nacional, que resumió como un "estado de perplejidad ante dos mensajes estatales contrapuestos".
En ese sentido, sintetizó que "el Estado provincial le reclama el pago del impuesto, frente al Estado Nacional que le indica fundadamente la ilegitimidad de aquella conducta y le manda resistirla administrativa y judicialmente".

   
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