Miércoles 20 de junio de 2001

 

Jueces y funcionarios jubilados deberán optar
  Los que continúen en el Estado no podrán cobrar más de 600 pesos.
  VIEDMA (AV).- A más de 300 jubilados rionegrinos se les limitarán los beneficios por continuar en un cargo en la administración pública.
Esa decisión nacional -que fijará un techo previsional de 600 pesos- originará opciones de rionegrinos que registran doble percepción aunque, seguramente, la mayoría abandonarán las funciones en la administración pública.
Esta medida -que quedó ratificada con la confirmación judicial del suspendido decreto 1.306/00- afectará a camaristas y funcionarios, por lo cual, ya se prevé una importante deserción para el año próximo. Sólo excluirían a diputados y concejales por tratarse de cargos electivos. La limitación se aplicará a partir del 1 de enero de 2002.
La doble percepción alcanza al juez del Superior Tribunal, Alberto Balladini -aunque éste tiene un bajo beneficio porque aún se mantiene en el régimen general- y a media docena de camaristas. La incompatibilidad también alcanzará a más de 20 funcionarios del Poder Ejecutivo, entre ellos, a la ministra Ana Mázzaro. Igual medida afectará a uno de los miembros del Tribunal de Cuentas: Pedro Casariego.
Hace algunas semanas, el gerente de la Unidad Técnica Especial Previsional, Simón Getzel anticipó a "Río Negro" que la provincia debería incorporar el criterio de incompatibilidad nacional, que en ese momento no tenía ratificación judicial. En ese contacto, el funcionario explicó que se pretende que "el beneficiario previsional no ocupe ningún cargo en la administración pública" porque el objetivo en las transferencias de las Cajas a Nación "era reducir el exceso de los empleados públicos. Es una contradicción -agregó Getzel- que a los jubilados se les permita continuar en actividad".
Por su parte, el ministro de Coordinación, Gustavo Martínez, recordó que Río Negro no plantearía objeciones al criterio de incompatibilidad si el mismo se aplicaba con criterio general. Este compromiso se asumió en el marco de la negociación que suspendió las quitas salariales a los menores de 60 años, a la vez que se repitió en el preacuerdo donde Río Negro logró la decisión para que la ANSES administre los retirados rionegrinos.
Actualmente, a los jubilados que reciben además un sueldo público se le aplica una retención del 20% del haber inferior para destinarlo a un Fondo de Desocupados.
Según el decreto, la incompatibilidad establece que a partir del 1 de enero de 2002 "el jubilado que trabaje en relación de dependencia no podrá percibir un haber superior a los 600 pesos". Algunas fuentes rionegrinas insinuaron que los funcionarios no tienen relación de dependencia pero ese análisis caería con un dictamen de Fiscalía de Estado -destinado a los retirados del decreto 7/97- que sólo excluye al gobernador, legisladores y concejales.
Río Negro tiene más de 300 pasivos con doble percepción. De la Justicia figuran el integrante del STJ, Alberto Balladini y, entre otros, los camaristas Flora Díaz, Jorge Bosch, Fernando Laborde Loza, Horacio Osorio y Alfredo Pozo, y algunos funcionarios como la Defensora General, Antonia Menchón de Majo.
Además, la incompatibilidad alcanza al gobernador Pablo Verani -aunque no percibe el haber activo- pero si afectará a la ministra Mázzaro, al secretario de la Función Pública, Carlos Oliva, y al Contador General, Guillermo León. Otros incompatibles son Víctor Muñoz (Salud), Daniel Bossero (Contaduría), Rubén Dalto y Gloria Giraldi (Coordinación), José Ale, Hugo Alonso, José Ongaro y Horacio Puch Morales (Economía).
Los legisladores que quedan excluidos son Roberto Medvedev, Juan Muñoz, Juan Gazquez, Amanda Isidori, Eve Adarraga, María Costa y Sigifredo Ibañez. En cambio, alcanzará a otras designaciones legislativas, como Oscar Meilán, Carlo Carasalle y Nilo Fulvi. Igualmente, a Casariego del Tribunal de Cuentas.

Regirá el decreto previsional

Nación entiende que el reciente fallo de la jueza Hebe de Morán -rechazó el amparo presentado por los diputados Elisa Carrió y Alfredo Bravo- está firme y permite poner en marcha el decreto previsional. Aún así, el Congreso puede ratificar -total o parcialmente- estas reformas o derogar directamente el decreto.
La Anses admite que el gobierno nacional anularía los cambios en la jubilación de las mujeres, que preveía descuentos progresivos en beneficiadas de 60 a 65 años.
Por ahora, el fallo entrará en vigencia el 1 de setiembre porque cuando el decreto quedó suspendido, el Poder Ejecutivo Nacional adelantó que entraría en vigencia a partir del primer día del tercer mes posterior al pronunciamiento judicial.
La normativa plantea modificaciones pero el tema central y más polémico corresponde a la baja de la Prestación Básica Universal (PBU) en los nuevos jubilados con haberes de hasta 800 pesos y su anulación en aquellos que superen ese beneficio. La PBU -promedia los 220 mensuales- es una jubilación básica a cargo del Estado para quienes tienen más de 30 años de aportes. (AV)
   
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