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Martes 19 de junio de 2001 | |
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El precio final de viviendas del IPVU es el doble de lo que cuestan |
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| Se trata de 160 casas construidas en Plottier. | ||
| En el juicio "Azúa José Onofre y otros c/I.P.V.U. s/reajuste de prestación", iniciado por 103 de los 160 adjudicatarios del denominado "Plan 160 viviendas Fonavi en la localidad de Plottier", la pericia técnica presentada por el arquitecto Ricardo Daniel Díaz señala que el costo de cada vivienda, designado como "valor real", es de 15.078,40 pesos. El precio fijado por el IPVU en la escritura traslativa de dominio fue de 29.874,35 pesos. El perito calcula el valor del metro cuadrado construido en 310 pesos, y llega al costo real multiplicando ese monto por la superficie de cada vivienda, que es de 48,64 metros cuadrados. Usa para aquel cálculo los precios más bajos porque, al referirse a la calidad de los materiales, advierte que "se utilizó lo más económico". A renglón seguido reconoce que la mano de obra es aceptable, pero -objeta- "lo que no es aceptable son los materiales intervinientes en la construcción". El IPVU hizo un descuento del 21 por ciento, pero los adjudicatarios pretenden un reajuste mayor porque, sostienen, de la pericia surge que hay un sobreprecio del cien por ciento, que significaría un margen abusivo de ganancia para la empresa constructora. Con la CGT El barrio es uno de tantos que, durante el primer gobierno de Carlos Menem, y con dinero del Fondo Nacional de la Vivienda, se construyeron en todo el país con intervención de la CGT. En las ciudades de Neuquén y Plottier se hicieron unas 700 viviendas, construidas por las empresas Roque Mocciola (330), Alicurá (250), y Retamal Jara (100). El ex secretario general de la CGT neuquina, Vernardino Herrera, dijo que la entidad no había participado y señaló al delegado del sindicato de Mecánicos (SMATA), José Sifuentes, como responsable de la operación. Sifuentes admitió que, en efecto, quedó él a cargo porque era entonces, durante el gobierno de Pedro Salvatori, la única "figura visible" de la CGT local. No obstante, en los boletos de venta de los terrenos firma sobre un sello que dice "secretario de Acción Social, CGT Regional Neuquén". Se desentendió, en cambio, del precio que en definitiva fijó el IPVU a la vivienda. El sindicalista, también diputado provincial emepenista entre 1983 y 1987, aseguró que el terreno pertenecía a la empresa Roque Mocciola. Sin embargo, en la escritura de venta otorgada a cada adjudicatario se señala que la propiedad corresponde al IPVU, y que la tiene por compra efectuada a Elsa Zulema Robledo de Baliño. Un vocero de los adjudicatarios, Germán Carrasco, confirmó que el predio era de la empresa Mocciola.También que por cada terreno -de una superficie cercana a los 250 metros- pagaron 4.160 pesos en 26 cuotas de 160 pesos cada una. Explicó que una cuenta que hicieron sobre el valor fiscal del predio les daba un monto de 350 pesos por terreno. De las viviendas dijo que fueron construidas con material de calidad inferior, y que por tal razón nunca podían costar los casi 30.000 pesos presupuestados por el IPVU. Imprecisiones La intervención de la CGT, advirtió Sifuentes, se limitó a inscribir a los interesados y a gestionar el pago en los casos de mora. Sólo entregaban las boletas para que los adjudicatarios depositaran las cuotas del terreno en el BPN. Pero el "contrato" firmado con los preadjudicatarios deja ver que las cuotas se debían abonar a la CGT, designada en ese texto como "la entidad" (ver fascímil). Fue lo que se hizo en otro plan de viviendas del mismo tipo, concretado en Zapala, en el cual los pagos se hicieron en dinero de contado a la CGT de esa ciudad, tal cual lo demuestran recibos entregados a los adjudicatarios. Las boletas en cuestión, agregadas al expediente, deberían constituir por sí solas el objeto de una minuciosa investigación, porque, impresas "ad hoc", tienen un destinatario impreciso. Con presumibles fines propagandísticos ostentan un sello de la CGT y otro con la leyenda "Revolución Productiva". En la cabeza del documento se lee arriba el sello cegetista y luego "plan de vivienda provincia del Neuquén". En la segunda línea dice "Banco: Ban. Prov. Nqn. Mocciola SRL", y más abajo el numero de la cuenta de ahorros: 6610/03. Y para terminar de complicarlo todo hay todavía un recuadro en el que se designa al gremio Smata. Si de lo que se trata es de confundir el objetivo está logrado, porque no se sabe si el dinero del adjudicatario va a una cuenta de Mocciola, de la CGT o de Smata. Sólo existe una certeza, cual es la de que la plata ingresó al banco, porque al dorso de la boleta luce un sello de la sucursal Plottier del BPN (ver fascímil). Al contestar la demanda el apoderado del IPVU, Omar Fava, niega que se haya abusado "de la inexperiencia de los actores, toda vez que los mismos contrataron con la CGT tanto la compra de los terrenos como la construcción de las viviendas", razón por la cual -añade más adelante- "se nos hace difícil pensar que hayan sido sorprendidos en su buena fe". Fava explica que el precio que los adjudicatarios pagaron por el terreno fue descontado del precio final mediante la resolución 377/98. Jorge Gadano |
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