Ex diputado deberá indemnizar a asesor político

VIEDMA (AV).- La Justicia ordenó al ex diputado justicialista Lucio Benítez Gutiérrez que indemnice a un ex asesor legislativo.
Los testigos no pudieron precisar las funciones del demandante, le asignaron gestiones "políticas y sociales". Los dos fallos favorables no avanzaron en la función laboral porque ninguna prestación debe presumirse gratuita.
El ex legislador justicialista entendió que "es un fallo injusto e ilegal en favor de un ñoqui", sin asumir la propia responsabilidad de su designación. Esa resolución plantea un antecedente revisionista en las designaciones políticas.
En el juicio, la esposa de Benítez -de apellido Montenegro y también "asesora" en la gestión del ex diputado- atestiguó que el demandante cumplía funciones "en la calle y que, en realidad, sólo hizo una afiliación".
La cuestión podría resumirse de la siguiente manera: Benítez Gutiérrez -que fue diputado en el periodo 1995/99- designó en 1996 a Juan Carlos Agüero. Esta persona cobró durante algunos meses sueldos legislativos pero el ex diputado lo desafectó en noviembre del mismo año, aunque le habría prometido que seguiría cobrando. En febrero de 1997, Agüero demandó a Benítez por su prestación de servicios en la oficina de San Antonio Oeste.
En febrero de 1999, un inicial fallo de la Cámara Laboral original -que integraron Ricardo Aguirrezabala, Ernesto Rodríguez y Roberto Maturana- avaló la relación contractual y condenó al ex legislador a pagar más de 7.200 pesos. En marzo del año pasado, el Superior Tribunal de Justicia -con Luis Lutz, Alberto Balladini y Hugo Mántaras- anuló ese primer fallo. Esa decisión se centró en que la resolución tribunalicia "no fue suficientemente fundada", planteando que se recurrió a conjeturas y presunciones. Cuestionó que" no surge claramente cuáles son los servicios prestados". También, destacó que el fallo "aparece como producto de un estudio parcial, segmentado y simplista".
El segundo juicio lo asumió un tribunal laboral subrogante y ratificó el primer criterio laboral, condenando al ex diputado pero redujo la indemnización a 4.524 pesos, más las costas.
Bajo el expediente 207/97, Agüero -con el patrocinio de Julio Stangen y Alberto Visintín- demandó a Benítez por haberes no pagados, aguinaldos y preaviso. En marzo de 1996, el entonces diputado justicialista abrió una oficina en San Antonio. El demandante argumentó cumplir funciones - Administrativo E-, en un horario de 8 horas. Cerrada la oficina en noviembre de ese año, el ex legislativo lo despidió pero le seguiría abonando el salario, según la versión de Agüero que se transcribe en el expediente.
Se comprobó que Agüero fue dependiente de la Legislatura, entre el 1 de abril y el 31 de mayo de 1996.
En su descargo, Benítez -que fue representado por Jorge Bollero- desconoció a Agüero como empleado porque "no trabajó en la oficina y si concurrió fue para solicitar servicios". En los juicios, los testigos no pudieron precisar las funciones del demandante. Uno definió su labor como "tareas político-social". En cambio, Montenegro afirmó que "el sueldo se pagaba con dinero de la Legislatura" y Agüero "no se quedaba en la oficina y trabajaba fundamentalmente en la calle, haciendo visitas domiciliaria y afiliaciones. En realidad, sólo hizo una afiliación", concluyó en el segundo juicio.
En el último fallo, el Tribunal subrogante no dudó en que Agüero "tenía puesta su fuerza de trabajo" en favor del ex diputado, "más allá de la calificación que su empeño haya merecido". Esa misión "tenía que ver con las finalidades y objetivos que habían determinado la habilitación de la oficina", el "contacto con la gente, la atención de sus demandas y eventuales afiliaciones".
La Cámara reiteró que en "cada prestación del servicio debe operar -sin más- la presunción contractual", acreditándose el servicio entre junio y noviembre de 1996.

"Es un fallo injusto e ilegal en favor de un ñoqui"

"La Cámara Laboral Subrogante de Viedma dio un fallo injusto e ilegal a favor de un ñoqui o colaborador político y en agravio de un ex legislador del Circuito Atlántico, Dr. Lucio Gerardo Benítez Gutiérrez", indica un comunicado de prensa que está rubricado por el propio parlamentario. (Ver facsímil)
Benítez Gutiérrez, además de cuestionar el fallo, pidió la intervención del Consejo de la Magistratura para que analice la resolución de los magistrados.
Asimismo, reconoció que tuvo "oficinas políticas legislativas en todas las localidades del circuito electoral", con colaboradores pero "ninguno" cobraba sueldo. Aunque aclaró que sí recibía una remuneración Juan Carlos Agüero "que se desempeñó como auxiliar legislativo" entre abril y mayo de 1996, "dependiendo de legislatura".
Según la explicación del ex legislador en el escrito distribuido en los últimos días, nunca hubo formalización de contrato laboral y la oficina se utilizaban para la "recepción de inquietudes sociales y hacer gestiones en favor dela comunidad".
Benítez Gutiérrez se "indignó" cuando la Cámara falló a favor de Agüero por segunda vez luego de que el expediente fuera devuelto por el Superior Tribunal de Justicia, al hacer lugar a un recurso de queja planteado por el ex parlamentario.
El ex representante de la zona Atlántica solicitó también al Consejo de la Magistratura de la provincia que "investigue la actuaciones obrantes en el expediente judicial para dar luz a esta inédita e inexplicable resolución de la Cámara Laboral subrogante de Viedma". (AV)

"Ningún trabajo se presume gratuito"

El abogado del ex asesor legislativo, Alberto Visintín afirmó que quedó acreditado que su patrocinado cumplió funciones para el ex diputado Lucio Benítez Gutiérrez, destacando que "ningún trabajo se presume gratuito". Así, el letrado resaltó la evaluación planteada por las dos cámaras actuantes en la demanda.
Desde 1997, Visintín -conjuntamente con Julio Stangen- representó a Juan Carlos Agüero -un mecánico soldador que ahora trabajaría en Chubut- en la demanda laboral contra el ex legislador justicialista.
El abogado recordó que asumió esa labor mientras se desempeñaba en la Subsecretaría de Trabajo de Río Negro pero, después, la siguió como particular, renunciando a sus costos.
El letrado señaló que Agüero cobró algunos meses de la Legislatura pero que esa cuestión "no fue materia laboral".
Se reclamó un lapso que no cobró y en el que siguió prestando servicios en la oficina de Benítez Gutiérrez en la localidad de San Antonio Oeste.
Insistió en que "la Legislatura no está traida a juicio porque la relación contractual fue con Benítez. Agüero no había tenido ningún trato legislativo", expresó Visintín.
Asimismo, el abogado recordó la función política y social de su representado mientras reiteró que "ningún trabajo se presume gratuito". (AV)

La Legislatura rionegrina registra otros sonados casos

La investigación de causas donde se involucra a posibles "ñoquis" en el ámbito legislativo no es nueva.
Uno de los casos más resonantes fue el que se descubrió en octubre de 1990 en Roca. Allí una comisión policial detuvo la marcha de un auto con tres ocupantes. Del vehículo, un Ford Falcon amarillo, se secuestró documentación falsa de distintos automotores, marihuana y varios sobres con membrete de la Legislatura destinado al pago de haberes de asesores de ese poder. El título de propiedad del auto estaba a nombre del gobernador Verani, en aquel momento presidente del parlamento.
En otro recordado antecedente, está imputado el actual senador nacional Edgardo Gagliardi, pero su situación judicial no está resuelta debido a que nunca se presentó a declarar amparado en sus fueros.
Durante su gestión como vicegobernador se habría realizado un manejo irregular de salarios en la Legislatura. En un caso se le habría pagado a una vecina de Bariloche más de 30.000 pesos, aunque la supuesta beneficiada nunca cobró a pesar de que figuraba como empleada legislativa.
La trama se denunció en 1995 a través de un panfleto distribuido en Viedma con el título de "Restaurante La Papa".
El último caso es el del ex legislador justicialista Víctor Hugo Muñoz, quien se encuentra procesado por el delito de "defraudación a la administración pública".
Muñoz reconoció ante el ex juez Pablo Estrabou haber gestionado la designación de su empleada doméstica en la Legislatura con funciones en el bloque del Frente para el Cambio, con la salvedad de que esas tareas las cumplía en la sede de UPCN.
Se le atribuye al ex diputado haber designado -en diciembre de 1995- a su empleada Elsa Tolosa en el bloque, sin que la mujer cumpliera funciones. Para la fiscal de la causa la intención de Muñoz fue que la Legislatura pagara los sueldos de tal designación -desde el 10 de diciembre de 1995 hasta febrero de 1997- en forma indebida y en perjuicio del Estado. (AV)

Foto:La nota está en tercera persona, pero firmada por el ex parlamentario.