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Domingo 10 de junio de 2001 | |
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Analizan el efecto social de la quiebra de Gasparri |
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| Diputados rionegrinos temen a las consecuencias que dejó en la zona.Aprobarán el jueves un proyecto de declaración por unanimidad.Hay 600 trabajadores que todavía no cobraron sus indemnizaciones. | ||
| CIPOLLETTI (AC).- La Legislatura rionegrina sancionará el jueves venidero -sobre tablas, y por unanimidad- una declaración alertando sobre el caso de la quiebra de la firma Gasparri "cuyas consecuencias económicas y sociales representan un conflicto de características inéditas" en Río Negro y Neuquén. El proyecto fue elaborado por la comisión de Fruticultura de la cámara que preside el diputado Guillermo Wood, con el aval de sus pares Eduardo Chironi, Hugo Medina, Guillermo Grosvald, María García, Olga Massaccesi, Jorge Ibañez y Alejandro García. Medina dijo al respecto que el vicegobernador y presidente de la Legislatura, Bautista Mendioroz, decidió que en la sesión del jueves, como hay consenso en el despacho se aprobará por unanimidad. La firma cipoleña Gasparri -su titular, un pionero en la fruticultura regional, realizó importantes inversiones y dio puestos de trabajo a muchas familias- fue a la quiebra y las tierras en producción se vendieron en lote. Han quedado desguarnecidos, en esta instancia, los intereses de unos 600 trabajadores, que no han cobrado sus indemnizaciones, algunos de los cuales se hallan ocupando, como protesta, chacras asentadas en territorio neuquino, exigiendo respuestas por esta situación que los afecta. En los fundamentos del texto que será aprobado el jueves se advierte que a la luz de los antecedentes del trámite "estaríamos ante una especulación desenfrenada que agravia derechos adquiridos, y que si bien se sigue en el fuero judicial de Neuquén, afecta los derechos de muchas familias radicadas en Río Negro". En general, para los diputados, las alternativas anteriores a la quiebra "dejan ver algunas cuestiones que no se comprenden muy bien", tales como que Gasparri ofreció al Banco de la Provincia del Neuquén, para salir de la convocatoria de acreedores, pagar el 40 por ciento de la deuda en 15 años (seis millones sobre 15) lo que "no fue aceptado por el directorio". Inmediatamente de aprobado este texto, los integrantes de la comisión frutícola de la cámara rionegrina se reunirán con sus pares de la Legislatura del Neuquén, por el caso Gasparri y, más globalmente -dijo Medina ayer a este diario- "para analizar las demandas de los productores de las dos provincias". El jueves la Legislatura dejará en claro, siempre en función del caso Gasparri, que "los jueces no pueden estar ajenos a las consecuencias económicas y sociales que producen sus decisiones". Y que las consecuencias de este asunto "se potencian al producirse una grave concentración en el sector frutícola por las transferencias de las propiedades en bloque. Además, como producto de la venta a un precio muy bajo "se privaría a todos los acreedores, en particular a las familias de los trabajadores, de un resarcimiento mínimo, y se crea una singular situación de desvalorización de las tierras de cultivo del Alto Valle". Esto apunta también a reforzar las pretensiones de los involucrados que exigen en el fuero judicial neuquino una revisión de lo actuado. De todas formas, la idea central, según se supo, es que en todo este proceso no se deje sin resguardo los intereses de los 600 trabajadores, porque ello aumentaría aún más la desocupación y el impacto social que este tema conlleva para la economía de la zona. La comisión agrícola que preside Aldo Duzdevich en la cámara neuquina también presentará una declaración de similar tenor. |
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