Polémica entre Feudal y el Deliberante 5-06-01

Martes 5 de junio de 2001

Polémica entre Feudal y el Deliberante

La disputa es por la ordenanza que obliga a identificar alimentos transgénicos.

SAN CARLOS DE BARILOCHE (AB).- El intendente Atilio Feudal reivindicó su derecho a vetar ordenanzas aún sin el acuerdo de los concejales-funcionarios, postura ésta que colisiona con lo resuelto por el propio Deliberante. La polémica se originó en la ordenanza que obliga a identificar los alimentos transgénicos. Los ediles la sancionaron el último 7 de mayo y el jueves pasado la consideraron promulgada tras rechazar el veto del intendente.
A través de la resolución 114, la presidenta del Concejo, Graciela Di Biase, le informó al Ejecutivo que en la última sesión ordinaria el cuerpo resolvió rechazar el veto y le informó que la ordenanza obtuvo "promulgación automática". En los fundamentos aclara que "por unanimidad" los concejales consideraron "extemporáneo" el veto, ya que fue emitido en el 11 día hábil posterior a la comunicación al Ejecutivo, cuando la Carta Orgánica marca un límite de 10 días. También advierte que sobre la resolución de veto pesa "vicio de nulidad", debido a que violó el requisito de la ordenanza 1127, que impuso la obligatoriedad de que "todo acto administrativo" dictado por Feudal lleve la firma de al menos dos de los ediles incorporados al Ejecutivo.
Ayer Feudal no quiso hablar del tema con este diario, pero a través de un vocero hizo saber que a su entender "el espíritu" de la imposición de las firmas "alcanza sólo a las resoluciones del manejo cotidiano" de la gestión municipal, dejando a salvo "las atribuciones privativas del intendente".
Entre ellas cuentan -según su interpretación- el poder de vetar y promulgar ordenanzas y también las actuaciones del intendente como juez de alzada del Tribunal de Faltas. Esa misma postura fue sostenida ayer por el concejal Ricardo Ledo (PJ), quien acompaña a Feudal "en comisión" como secretario de Gobierno. Dijo que, más allá del texto puntual de la ordenanza que acotó el poder del intendente, el "acuerdo de partes" que le sirvió de marco sólo buscaba poner bajo control las disposiciones sobre gastos y nombramientos de personal. Aseguró que "hasta ahora se está cumpliendo a rajatabla".
Los otros ediles sumados al Ejecutivo son Ricardo Spoturno (UCR), quien colabora en Gobierno, y Jorge Temporetti, en Hacienda. En su momento la obligatoriedad de que firmen todas las resoluciones fue impuesta como una garantía de gobernabilidad, para salvar la crisis que había dejado a Feudal huérfano de todo apoyo. Sin embargo esa salida, que por ahora tiene sólo una vigencia de 90 días, es "un híbrido inconstitucional" a juicio de diversos letrados, entre ellos el ex convencional municipal por el PJ, Rodolfo Rodrigo.
Para comprender lo paradójico de la situación basta con tomar, por ejemplo, los distintos roles jugados por el concejal Ledo en todo el episodio. El 7 de mayo votó a favor de la ordenanza de identificación de transgénicos. Veinte días después el intendente la vetó y -pese a estar obligado- Ledo no firmó. En esa omisión se apoyaron los concejales para considerar "nula" la resolución de veto.
Para cumplir con lo normado el concejal-funcionario debía entonces suscribir el veto de una ordenanza que él mismo había apoyado. Otra interpretación sostiene que pudo firmar para cumplir la formalidad, aunque señalando su desacuerdo.
Se resisten al recorte presupuestario

SAN CARLOS DE BARILOCHE (AB).- El municipio local efectivizó el anunciado recorte presupuestario a la Escuela de Arte La Llave y los profesores que tienen a cargo los talleres manifestaron su oposición a la medida dispuesta. La disminución del presupuesto, de 32.000 a 16.000 pesos, "incidirá directamente en el funcionamiento de los talleres reduciéndolos a la mitad", consideraron.
En este sentido señalaron que el municipio intenta ahorrar en el establecimiento pero mantiene los seis empleados de la dirección de Cultura "sin que esto implique una mejora en la actividad de esta dirección".
De la conferencia de prensa participaron Federico Bechis, Carlos Morales, Daniel Calderón, Luisa Peluffo, Eugenia Valente, Gabriela Larrea, Luisa Ruiz Díaz, Evelyn Grüntal y Gabriela Otero, entre otros, quienes criticaron la actitud adoptada por la dirección de Cultura que aún no dispuso "una fecha de llamado a concurso", cuando los contratos vencieron el 15 de abril.
A pesar de haber mantenido reuniones con la responsable del área, Irma Andronowicz, la propuesta final no contiene "las modificaciones planteadas. Ella sigue firme en su posición de recorte propiciado por la empleada administrativa a cargo de la Escuela", Gloria Barrera, dijeron.
Aunque el nombramiento de personal de planta formaría parte del ahorro propuesto, "se podría buscar a alguien que maneje el tema cultura más allá de lo administrativo", indicaron.
La directora de Cultura admitió que "hubo una rebaja en el 50% de las horas pero no para todos los profesores, sino para aquellos que tenían más cantidad. Hay quienes con el tiempo habían ido acumulando 120 horas mensuales", refirió.

"Reparación ambiental"

SAN CARLOS DE BARILOCHE (AB).- Las obras de infraestuctura que necesita esta ciudad para controlar los daños provocados por las grandes lluvias, inundaciones y crecidas deberían afrontarse con los recursos que recibe la provincia por la generación hidroeléctrica. Esa es la propuesta contenida en un proyecto de ley que elaboró el legislador del PJ Juan Bolonci, quien confía en contar con el apoyo del oficialismo porque "se trata simplemente de corregir una injusticia histórica".
Algunos referentes radicales se mostraron receptivos de la idea, que de todos modos no tendrá seguramente un trámite fácil en la Legislatura debido a los intereses en juego.
Según Bolonci, la ciudad cordillerana "nunca recibió un centavo" de los fondos que administra la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas para realizar obras de remediación y que se conforman por ley con el 1% de la facturación de las represas.
Apuntó también que la provincia percibe regalías por la generación hidroeléctrica (en 2000 fueron más de 9 millones de pesos), pero no coparticipa ese dinero con los municipios "como sí ocurre con las regalías de gas y el petróleo".
El legislador observó que con los fondos de la AIC la provincia desarrolló un plan de obras y estudios técnicos entre Chichinales y Cinco Saltos por 33 millones de pesos en cuatro años. También usó esos recursos para remodelar la costanera de Viedma, a un costo de 1,3 millones de pesos. Por contraste, señala Bolonci, en Bariloche "es la comunidad" la que debe afrontar los costos provocados por inundaciones y emergencias climáticas. De aprobarse la ley, quedará conformado entonces un "Comité Hídrico de Bariloche", que tendrá la misión de administrar un "Fondo de Reparación Ambiental" para la ciudad.

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También advierte que sobre la resolución de veto pesa "vicio de nulidad", debido a que violó el requisito de la ordenanza 1127, que impuso la obligatoriedad de que "todo acto administrativo" dictado por Feudal lleve la firma de al menos dos de los ediles incorporados al Ejecutivo. Ayer Feudal no quiso hablar del tema con este diario, pero a través de un vocero hizo saber que a su entender "el espíritu" de la imposición de las firmas "alcanza sólo a las resoluciones del manejo cotidiano" de la gestión municipal, dejando a salvo "las atribuciones privativas del intendente". Entre ellas cuentan -según su interpretación- el poder de vetar y promulgar ordenanzas y también las actuaciones del intendente como juez de alzada del Tribunal de Faltas. Esa misma postura fue sostenida ayer por el concejal Ricardo Ledo (PJ), quien acompaña a Feudal "en comisión" como secretario de Gobierno. Dijo que, más allá del texto puntual de la ordenanza que acotó el poder del intendente, el "acuerdo de partes" que le sirvió de marco sólo buscaba poner bajo control las disposiciones sobre gastos y nombramientos de personal. Aseguró que "hasta ahora se está cumpliendo a rajatabla". Los otros ediles sumados al Ejecutivo son Ricardo Spoturno (UCR), quien colabora en Gobierno, y Jorge Temporetti, en Hacienda. En su momento la obligatoriedad de que firmen todas las resoluciones fue impuesta como una garantía de gobernabilidad, para salvar la crisis que había dejado a Feudal huérfano de todo apoyo. Sin embargo esa salida, que por ahora tiene sólo una vigencia de 90 días, es "un híbrido inconstitucional" a juicio de diversos letrados, entre ellos el ex convencional municipal por el PJ, Rodolfo Rodrigo. Para comprender lo paradójico de la situación basta con tomar, por ejemplo, los distintos roles jugados por el concejal Ledo en todo el episodio. El 7 de mayo votó a favor de la ordenanza de identificación de transgénicos. Veinte días después el intendente la vetó y -pese a estar obligado- Ledo no firmó. En esa omisión se apoyaron los concejales para considerar "nula" la resolución de veto. Para cumplir con lo normado el concejal-funcionario debía entonces suscribir el veto de una ordenanza que él mismo había apoyado. Otra interpretación sostiene que pudo firmar para cumplir la formalidad, aunque señalando su desacuerdo. Se resisten al recorte presupuestario SAN CARLOS DE BARILOCHE (AB).- El municipio local efectivizó el anunciado recorte presupuestario a la Escuela de Arte La Llave y los profesores que tienen a cargo los talleres manifestaron su oposición a la medida dispuesta. La disminución del presupuesto, de 32.000 a 16.000 pesos, "incidirá directamente en el funcionamiento de los talleres reduciéndolos a la mitad", consideraron. En este sentido señalaron que el municipio intenta ahorrar en el establecimiento pero mantiene los seis empleados de la dirección de Cultura "sin que esto implique una mejora en la actividad de esta dirección". De la conferencia de prensa participaron Federico Bechis, Carlos Morales, Daniel Calderón, Luisa Peluffo, Eugenia Valente, Gabriela Larrea, Luisa Ruiz Díaz, Evelyn Grüntal y Gabriela Otero, entre otros, quienes criticaron la actitud adoptada por la dirección de Cultura que aún no dispuso "una fecha de llamado a concurso", cuando los contratos vencieron el 15 de abril. A pesar de haber mantenido reuniones con la responsable del área, Irma Andronowicz, la propuesta final no contiene "las modificaciones planteadas. Ella sigue firme en su posición de recorte propiciado por la empleada administrativa a cargo de la Escuela", Gloria Barrera, dijeron. Aunque el nombramiento de personal de planta formaría parte del ahorro propuesto, "se podría buscar a alguien que maneje el tema cultura más allá de lo administrativo", indicaron. La directora de Cultura admitió que "hubo una rebaja en el 50% de las horas pero no para todos los profesores, sino para aquellos que tenían más cantidad. Hay quienes con el tiempo habían ido acumulando 120 horas mensuales", refirió. "Reparación ambiental" SAN CARLOS DE BARILOCHE (AB).- Las obras de infraestuctura que necesita esta ciudad para controlar los daños provocados por las grandes lluvias, inundaciones y crecidas deberían afrontarse con los recursos que recibe la provincia por la generación hidroeléctrica. Esa es la propuesta contenida en un proyecto de ley que elaboró el legislador del PJ Juan Bolonci, quien confía en contar con el apoyo del oficialismo porque "se trata simplemente de corregir una injusticia histórica". Algunos referentes radicales se mostraron receptivos de la idea, que de todos modos no tendrá seguramente un trámite fácil en la Legislatura debido a los intereses en juego. Según Bolonci, la ciudad cordillerana "nunca recibió un centavo" de los fondos que administra la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas para realizar obras de remediación y que se conforman por ley con el 1% de la facturación de las represas. Apuntó también que la provincia percibe regalías por la generación hidroeléctrica (en 2000 fueron más de 9 millones de pesos), pero no coparticipa ese dinero con los municipios "como sí ocurre con las regalías de gas y el petróleo". El legislador observó que con los fondos de la AIC la provincia desarrolló un plan de obras y estudios técnicos entre Chichinales y Cinco Saltos por 33 millones de pesos en cuatro años. También usó esos recursos para remodelar la costanera de Viedma, a un costo de 1,3 millones de pesos. Por contraste, señala Bolonci, en Bariloche "es la comunidad" la que debe afrontar los costos provocados por inundaciones y emergencias climáticas. De aprobarse la ley, quedará conformado entonces un "Comité Hídrico de Bariloche", que tendrá la misión de administrar un "Fondo de Reparación Ambiental" para la ciudad.
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