Domingo 24 de junio de 2001

 

Yugoslavia abre la puerta a la extradición de Milosevic
 

El ex hombre fuerte de ese país podría ser juzgado en La Haya por genocidio si prospera el decreto presidencial.
  BELGRADO (ANSA).- Yugoslavia dio ayer un gigantesco paso en su política de aproximación e inserción en occidente: el gobierno del presidente Vojislav Kostunica avaló tácitamente la extradición de su antecesor, Slobodan Milosevic, para que sea juzgado por crímenes de guerra por el Tribunal Penal Internacional (TPI).
El gobierno de la Federación Yugoslava firmó un decreto mediante el que se comprometió a cooperar con el TPI, anunció oficialmente ministro de Interior, Zoran Zivkovic. La decisión tiene un claro contenido político y le arroga al ejecutivo responsabilidad por la decisión, que no contó con apoyo suficiente en el Parlamento.
De hecho, el gobierno debió retirar un proyecto en ese sentido del Parlamento, donde los socialistas montenegrinos afines a Milosevic, que aún conservan una tajada importante de poder, resistieron tenazmente la posibilidad de entregar al ex líder.
El decreto firmado ayer no tiene rango de ley; se trata sólo de una simple decisión ministerial que, si bien los dirigentes de la fuerza política gobernante Oposición Democrática Serbia (DOS, una alianza de 18 partidos) consideran suficientes para entregar a Milosevic, será rechazado con todas las armas a su alcance por los seguidores del ex presidente depuesto el año pasado.
El Partido Socialista (SPD) ya adelantó que que recurrirá ante el Tribunal Constitucional yugoslavo la decisión del gobierno, según anunció uno de los más estrechos colaboradores de Milosevic, el dirigente Zivadin Jovanovic.
"El decreto es anticonstitucional y carece de validez legal", resumió, tras señalar que reclamará tanto a Kostunica cuanto al presidente de Serbia, Milan Milutinovic, que anule la norma legal firmada hoy.
Ninguna reacción oficial se conoció por parte de Milosevic, quien está detenido desde el primero de abril pasado en la prisión de Belgrado, acusado por la justicia serbia de abuso de poder y malversación de fondos. Sus hijos y seguidores alertaron en reiteradas oportunidades que la salud del ex presidente se deteriora contínuamente e incluso debió ser hospitalizado dos meses atrás para recibir un tratamiento por una dolencia cardíaca.
Ajeno a esas especulaciones, el ministro Zivkovic dijo que el decreto "abre una vía" para la entrega de Milosevic al Tribunal Penal Internacional para los crímenes en la antigua Yugoslavia, con sede en La Haya.
Pero se mostró cauto y prefirió hablar sólo de "una vía" para la extradición, soslayando deliberadamente que exista una decisión política de entregar a Milosevic en el corto plazo.
El gobierno de Kostunica parece dispuesto a pagar el costo político que, indefectiblemente -según opinan analistas locales e internacionales- conllevará su decisión.
Uno de los primeros coletazos políticos de la firma del decreto podría ser, en las próximas horas, la ruptura parcial de la coalición de gobierno: el Partido Popular Socialista montenegrino (SNP), liderado por el primer ministro federal Zoran Zizic, y parte constitutiva del DOS, había anunciado que se retiraría del gobierno ante la sanción de una medida de la naturaleza de la aprobada ayer.
El SNP fue aliado de los socialistas del SPS de Milosevic hasta las elecciones del 5 de octubre pasado, que desencadenaron las revueltas populares que acabaron con el gobierno. Sólo entonces, el SNP decidió colaborar con el DOS, pero la relación fue siempre zigzagueante y todo indica que llegó a su punto de ruptura. Pero en el esquema que diseñó Kostunica, una pérdida de la base de gobierno a nivel interno bien vale la pena si, como contrapartida, se asegura el apoyo de Estados Unidos, fundamental para liberar ayudas económicas que permitan la reconstrucción de una región por la que pasó un prolongado conflicto interno, una disputa internacional con la OTAN y en la que persisten los problemas políticos, étnicos y territoriales.
Estados Unidos había exigido a Kostunica garantías de que Milosevic será entregado para cuando se celebre la conferencia de países dispuestos a colaborar con Yugoslavia, el próximo día 29 en Bruselas, Bélgica.
Si esas garantías no están dadas, Estados Unidos podría estar ausente de esa reunión, con lo que la compleja alquimia que pone a Yugoslavia en espera de recursos para su reconstrucción quedaría virtualmente muerta.
Para esa fecha faltan sólo seis días, que se insinúan como una cuenta regresiva: en menos de una semana, Milosevic podría pasar de una cárcel local al banquillo de los acusados ante una Corte Penal Internacional especialmente creada para juzgar los horrores de la guerra que vivieron los Balcanes cuando él era presidente yugoslavo.

Una magistrada argentina podría juzgar al ex presidente

Una ex detenida-desaparecida , secuestrada durante la última dictadura militar cuando era funcionaria judicial y designada magistrada con el regreso de la democracia, será una de los 27 jueces que se incorporarán al Tribunal Penal Internacional (TPI) para la ex Yugoslavia.
Carmen Argibay, camarista de un Tribunal Oral Criminal de Buenos Aires, fue designada por las Naciones Unidas para integrar el TPI, en el marco de una decisión de incorporar a miembros por períodos de cuatro años para conformar jurados para atender determinados casos. Junto al colombiano Rafael Nieto Navia serán los únicos latinoamericanos en el TPI.
Argibay no descarta la posibilidad (real, por otra parte) de que deba juzgar al ex presidente yugoslavo Slobodan Milosevic, si finalmente el nuevo gobierno de la Federación decide conceder la extradición bajo los cargos de gravísimos crímenes de guerra.
"No me inquieta esa posibilidad. En mi vida como jueza he tenido que juzgar a mucha gente a la que se le atribuían crímenes horrendos. Sin dudas es un tema de altísima repercusión internacional, pero la premisa de los jueces será, en ese y otros casos, hacer justicia y rescatar la memoria, para que hechos de esa naturaleza no vuelvan a repetirse", puntualizó.
En su despacho del Palacio de Tribunales, Argibay aseguró que su pasado, salpicado por haber sufrido en carne propia violaciones a los derechos humanos durante la última tiranía argentina (1976-1983), no la condicionará a la hora de juzgar crímenes de guerra cometidos en los Balcanes.
"Soy una pacifista. Las guerras siempre me han parecido un disparate y sé que me enfrentaré con casos que me provocarán horror. Tengo una historia de militancia en el respeto a los derechos humanos, pero eso no influirá a la hora de impartir justicia. Me considero una mujer ecuánime y lo suficientemente equilibrada para enfrentar esta responsabilidad", afirmó
Argibay, de 60 años de edad, será "jueza ad litem", es decir destinada a intervenir en los casos para los que los miembros permanentes del TPI la convoquen durante los cuatro años de su mandato, lo que "seguramente" -admite-, la obligará a dejar de lado su rol en el poder judicial argentino.
Sobre ese ejercicio de la memoria se basa buena parte de su tarea como jueza: "las experiencias personales acentúan las convicciones. Sin la memoria, hechos graves del pasado de la humanidad, en especial en la guerras, donde aflora la "deshumanización" del ser humano, se hubieran diluido o, peor aún, se habrían borrado".
"Cuando me ofrecieron ser jueza pensé en decir "no". Pero me convencieron con un argumento muy fuerte: yo lo pasé muy mal cuando estuve presa y por esa razón puedo hoy ofrecer mejores garantías a los detenidos. Pienso mucho antes de mandar a alguien a la cárcel", confesó.
La experiencia no será la primera : el 12 diciembre de 2000, Argibay integró el Tribunal de Crímenes de Guerra contra la Esclavitud Sexual Militar durante la II Guerra Mundial, que halló culpable al ex emperador japonés Hirohito

Los amargos recuerdos de la dictadura

En la memoria de Argibay hay un día que no podrá olvidar: el 24 de marzo de 1976, cuando el golpe militar instauró la dictadura en Argentina, la hoy jueza fue secuestrada de su casa a las tres de la madrugada.
Estuvo desaparecida hasta que un decreto de la junta militar, que la acusaba sin prueba alguna de conexiones con la guerrilla izquierdista, oficializó su detención.
A fines de ese mismo año fue dejada en libertad: se exilió durante un corto tiempo en Europa pero luego regresó y como abogada -había sido expulsada del Poder Judicial- se dedicó a atender causas por violaciones a los derechos humanos cometidos por el terrorismo de Estado de la dictadura.
En 1984, tras el regreso de la democracia, fue nombrada jueza y, paradójicamente, uno de los primeros casos que debió resolver fue una denuncia del ex represor y comandante de la junta militar Emilio Eduardo Massera contra un ex ministro de ese mismo gobierno de facto.

   
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