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Sábado 23 de junio de 2001 | |
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Intentan "farandulizar" la investigación, dijo Carrió |
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Sigue la polémica por la difusión de nombres, presuntamente, vinculados al lavado. La Comisión aseguró que no todos los nombres que aparecen en el listado se vinculan a la causa . |
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| Buenos Aires (ABA).- "Esto no complica ni mejora la investigación. Es una cosa poco seria. Para que tengamos los resultados concretos de quienes lavaron dinero negro hay que esperar", señaló la diputada Elisa Carrió, presidenta de la comisión investigadora de las maniobras, en referencia a los listados de nombres que operaron a través del Federal Bank, de Raúl Moneta. El miércoles 20, desde algunos despachos del Senado de la Nación -en especial desde la oficina del senador justicialista Jorge Maya- comenzaron a repartir entre los periodistas acreditados en el Congreso las copias de los supuestos integrantes de la "lista de lavadores" que figuran en las famosas cajas que maneja la comisión especial de diputados. Por más que lo niegue, lo cierto es que a Carrió no le hizo ninguna gracia la aparición de la lista -con casi 1200 nombres de personas físicas y jurídicas- en los medios. La idea de la diputada era mantener el secreto el mayor tiempo posible, para que la comisión y la Justicia pudieran investigar sin recibir constantes presiones u operaciones. "No hay que farandulizar. No podemos estar dando cientos de nombres sin hacer diferencias. Hay gente que depositó allí para lavar dinero de coimas o del narcotráfico, otros para sacar el dinero sin pagar impuestos y otros pueden haber hecho operaciones legales", indicó un asesor de la Comisión. Hay mucha confusión con respecto a la calificación de los supuestos delitos. Ya está probado que la gigantesca red de lavado que había creado Moneta tenía por fin realizar operaciones ilegales. A través de una banco fantasma, es decir, inexistente, el empresario derivaba millones de dólares vía paraísos fiscales hacia otro banco del circuito legal, el Citibank de Nueva York. Ahora, la "ilegalidad" cometida por todos los depositantes está por verse. Porque, de hecho, el Federal Bank estaba autorizado para actuar en el mercado. "Si la plata fue declarada ante la DGI, no hay ningún hecho ilegal", explicó el asesor. Sin embargo, la fuente admitió a "Río Negro" que, de acuerdo con el entrecruzamiento de datos que hizo la Comisión con la base de la dirección impositiva, "por lo menos el 90 por ciento de los depositantes del Federal Bank no declaró sus cuentas y por lo tanto no pagó los impuestos correspondientes". Y prejuzga: "Si tu intensión es depositar en el extranjero porque no tenés confianza en el sistema bancario nacional, hay formas mucho más claras de hacerlo. Operar a través de un banco off shore y con un empresario sospechado como Moneta ya es sospechoso". Hay otra parte de los integrantes del listado que podrán "salvarse": son aquellos que sólo cobraron un pago a través del Federal Bank, y luego lo declararon. Por lo pronto, hay un cuestionamiento ético que suele destacar la diputada Carrió: no es correcto que personalidades de la dirigencia argentina depositen sus ahorros en el exterior. En especial es muy reprochable que la banca oficial coloque montos millonarios en un banco fantasma de un paraíso fiscal. Tal es el caso de los bancos Provincia de Neuquén y Provincia de Río Negro. En esta lista aparecen también el mismísimo Banco Central de la República Argentina (durante la gestión de Pedro Pou), el Banco Provincia de Buenos Aires (gobierno de Duhalde) y ATC, durante la gestión del menemista Germán Kammerath. Interna judicial Elisa Carrió apuntó sus dardos embravecidos hacia el juez Juan José Galeano, acusándolo de ser el responsable de la aparición del listado de depositantes. La semana pasada, apareció una foto en el diario Clarín donde se veía cenando al Juez Federal con el principal vocero de Raúl Moneta. Allegados a la diputada infieren que "hay desconfianza" en la actuación del magistrado, y temen que sea parte de una operación de Moneta. "Aparecen todos los nombres, tirados a quemarropa, entonces suena improbable que se pueda actuar jurídicamente contra semejante cantidad de empresas y nombres del poder. Pero no podemos poner a todos en la misma bolsa. Acá, hay que investigar sobre todo a lo que lavaron dinero sucio de la corrupción menemista", aseguró Carrió en la última reunión de la Comisión especial. Galeano se defendió como pudo: asegura que él no "largó al ruedo" la información. Simplemente le encargó a la Policía Federal que hiciera la nómina de los nombres propios y de sociedades que figuran en las cajas enviadas por el Senado de los Estados Unidos. Cómo las copias repartidas a la prensa llevan los sellos del comisario Rubén Medina y del inspector Antonio Pennella, es más que probable que la "infidencia" provenga de la fuerza policial. "Galeano tendría que haber tenido más cuidado", dijo la diputada chaqueña. Sus colegas de la comisión, igualmente, le reprocharon "el celo" con que ella pidió que se guardara la información: "Ahora quedamos segundos y el tema se nos fue de las manos", le reprochó el diputado menemista Daniel Scioli, que desde la formación del cuerpo especial de investigación venía solicitando que todos los nombres sean volcados en Internet. Los nombres son los de las cajas Los 1.200 nombres que aparecieron en una lista repartida anónimamente en el Congreso, vinculados a la información solicitada a EE.UU. por la Comisión que investiga operaciones de lavado, confeccionadas por una dependencia de la Policía Federal por orden del Juez Galeano, son efectivamente los nombres contenidos en las cajas. Pero lo que intentaron aclarar los integrantes de la comisión presidida por Carrió es que no todos los que aparecen en esas 12 carillas filtradas desde la Federal, u otra dependencia del Estado, se vinculan a operaciones de narcolavado. "Esa lista es lo más parecido a una guía telefónica que conozca, o peor, no dice nada. Se intenta desprestigiar a la Comisión", tronó el diputado Soria, tras aclarar que con suerte, 20 nombres que aparecen allí estarían, efectivamente, entre los sospechados de operaciones de lavado y narcotráfico. Carrió, por su parte, siguió responsabilizando a Galeano por lo ocurrido y concluyó que la maniobra intentó frenar la llegada de nueva información desde EE.UU. La Comisión cree que la difusión de esos nombres, entre los que aparecen varias instituciones de la región, no dificultará la investigación. Aunque la polémica que generó entre sus miembros haya dejado al desnudo las diferencias existentes entre ellos, no están sólo dolidos por haber perdido el monopolio de la información. "El traidor podría estar entre nosotros", se escuchó de la boca de Carrió. Investigan si Becerra tiene cuentas en Suiza El juez federal Juan José Galeano libró exhortos a la Justicia de Suiza pidiendo que le informe si el Procurador General de la Nación, Nicolás Becerra, tiene cuentas bancarias en el país europeo, informaron ayer fuentes tribunalicias. La documentación fue dirigida al fiscal general de Ginebra, Bernard Bertossa, y a autoridades judiciales del cantón de Zurich, en el marco de las investigaciones para determinar si Becerra supuestamente cometió los delitos de "lavado de dinero" y "falseamiento de documento público", dijeron los voceros. Los investigadores pretenden determinar si Becerra tiene o no una cuenta bancaria en el Credit Suisse Bank, en sus oficinas de Zurich, bajo el seudónimo de "Naranja", y si figura en sus declaraciones juradas de bienes. Estas investigaciones la llevan adelante los fiscales federales Rívolo y Navas Rial, a partir de las revelaciones formuladas en el libro "La Delgada Línea Blanca" del periodista Juan Gasparini y su colega chileno Rodrigo de Castro. Según esa publicación, la supuesta cuenta de Becerra en Suiza tiene como antecedente que mientras se desempeñaba como ministro mendocino de Obras Públicas habría sido investigado por supuesta fuga de divisas al exterior a través de la casa de cambios Cash."Becerra terminó admitiendo aquel delito ante la DGI que tenía constancia de los giros al exterior totalizando 90.000 dólares, quebrantando las normas impositivas", dijo el libro de Gasparini y De Castro. Becerra es jefe de los fiscales federales y dos de sus subordinados, Rívolo y Navas Rial, le abrieron una causa penal a raíz de las revelaciones del libro de Gasparini. Becerra fue designado Procurador General de la Nación durante el Gobierno de Carlos Menem. (DyN, EFE) |
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