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Viernes 22 de junio de 2001 | |
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Secuestraron sospechosos cheques de la SIDE |
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El juez Cavallo se llevó documentación que es fundamental para probar el pago de coimas en el Senado. |
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| BUENOS AIRES (ABA) - El juez federal Gabriel Cavallo, se presentó ayer en las oficinas de la SIDE y secuestró los dos cheques (uno por un millón y medio de pesos y el otro por cinco millones), cuyos fondos se habrían utilizado para pagar las supuestas coimas en el Senado a cambio de aprobar la reforma laboral. El movimiento de dinero que se produjo entre el 11 y el 13 de abril del año pasado (días antes al acuerdo sobre la nueva norma de trabajo), fue revelado por primera vez en una investigación de "Río Negro" y constituye una pieza probatoria central en la denuncia presentada por los fiscales Eduardo Freiler y Federico Delgado, así como por la Fiscalía de Cámara a cargo de Germán Moldes. En la víspera, Cavallo llegó a la Secretaría de Informaciones del Estado acompañado de un funcionario de la Oficina Anticorrupción de apellido Blanco. El magistrado justificó el operativo, en que su antecesor Carlos Liporaci "no se quedó con las copias" de la documentación presentada en su momento por el ex jefe de la SIDE, Fernando de Santibañes. "Me avocaré a cotejar todos los ingresos y egresos que la Central de Inteligencia realizó durante el primer semestre. Verificaré si los seis millones y medio de pesos que están bajo la lupa formaron parte de un movimiento extraño del organismo o estaba dentro de los carriles normales de su operatoria", afirmó Cavallo a esta corresponsalía. El mismo enfatizó que ayer en la SIDE recibió la documentación respaldatoria de los gastos efectuados en el período "supuestamente sospechado". Junto a los referidos cheques, el juez actuante retiró tres cajas con documentación ofrecida en su respaldo por la propia SIDE. Pero subrayó que son los cheques los "cuestionados" por tener una fecha muy cercana a la de la sanción de la ley laboral, "Voy a cotejar especialmente si cada uno de los gastos se compadece con los asientos contables y con los retiros de fondos", detalló Cavallo tras la gestión matutina que se extendió por más de dos horas. Ausentes Fue notable la ausencia de la parte acusadora durante al medida tomada por Gabriel Cavallo. Ocurre que la fiscalía había solicitado que el análisis de la documentación se haga con la presencia de contadores de la SIGEN, dado que la Oficina Anticorrpción forma parte del Poder Ejecutivo. A ello se debió que el fiscal Delgado (el titular Freiler está de licencia) no asistió ayer a las oficinas de la SIDE. Frente a tal cuestionamiento, Cavallo sostuvo que su denegatoria a la presencia de la SIGEN se debió al "restringido marco del decreto presidencial que autorizó el levantamiento del secreto". En cambio, -aclaró- "utilicé al perito de la OA porque depende del ministerio de justicia que sí está autorizado al levantamiento del secreto". Cavallo ya conoce el destino al que la SIDE asegura haber derivado los fondos cuestionados, pero no los dará a conocer por ahora. En el futuro sólo difundirá las erogaciones comunes (salarios, pagos de servicios) y no la asignada a operaciones secretas como la de control en al triple frontera o convenios con organismos de seguridad extranjeros. Este último es el nudo más difícil de desentrañar, según decían los antecesores de Cavallo, pues se trata de pistas imposibles de profundizar. En la mañana de ayer, el senador Antonio Cafiero expresó que "en la causa de las coimas en el Senado existen muchas más pruebas que en el expediente por el contrabando de armas contra el ex presidente Carlos Menem". En contraste, fuentes judiciales de primer nivel confiaron la semana pasada a "Río Negro" que en el juzgado consideran como "muy pobre" el testimonio aportado por Cafiero. Allanamientos por el anónimo Los originales de un listado de "personas físicas y jurídicas" que habrían sido vinculadas al lavado de dinero en un informe de los EE.UU fueron secuestradas ayer en las oficinas de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y de la Inspección General de Justicia (IGJ) por orden judicial. Según se explicó, el juez federal Juan José Galeano ordenó cumplir los allanamientos a los hombres de Delitos Complejos de la Policía Federal para esclarecer cómo fue que un grupo de senadores justicialistas recibió en las últimas horas un sobre anónimo con la lista de personas y empresas que supuestamente figuran en las ocho cajas enviadas por el Senado de los EE.UU. para la causa que investiga operaciones de lavado de dinero. Esa situación llevó incluso a los diputados que integran la comisión investigadora de las supuestas operaciones a analizar la difusión de esos trascendidos. La comisión especial de diputados que investiga el lavado de dinero analizó ayer la circulación de un nuevo anónimo que recorrió el parlamento. Este hecho generó suspicacias acerca del papel del magistrado en el episodio, así como de Raúl Moneta, quien fue dueño del desaparecido Banco República y vinculado con el Federal Bank (según el Senado de los Estados Unidos), entidades que están bajo la lupa de la comisión investigadora. La diputada Elisa Carrió (ARI), que preside la Comisión, atribuyó la difusión de la lista a una estrategia destinada a "embarrar la cancha", y dijo que no se hace "cargo de ningún tipo de maniobra de Moneta y el juez Galeano". En cambio, el peronista Carlos Soria insistió en que "cualquier información que se difunda, más si es anónima, lo que busca es desprestigiar la tarea investigativa" de la comisión, y sostuvo que es "totalmente falso que se responsabilice a Galeano" por el episodio. Cabe señalar que la semana pasada la comisión emitió su comunicad, para indicar que cualquier información que no sea proporcionada por la comisión carece de "validez", con lo que apuntó a rechazar la veracidad de una versión que complicaba con el ilícito a los diputados Obeid y Busti(PJ). La comisión prosigue con el entrecruzamiento de datos y con el análisis de causas judiciales que podrían tener vinculación con el lavado de dinero. (DyN) |
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