Miércoles 20 de junio de 2001
 

Querellante pide que se indague a Cavallo

 
  Ricardo Monner Sans, el abogado querellante en la causa abierta por la venta ilegal de armas al exterior, presentó ante la Justicia un nuevo pedido para que sea indagado el ministro de Economía, Domingo Cavallo, informaron ayer fuentes tribunalicias.
En la presentación judicial, el letrado remarcó que el funcionario "firmó todos los decretos ideológicamente falsos", que permitieron que toneladas de armas y municiones fueran vendidas a Ecuador y Croacia.
Monner Sans hizo un nuevo pedido de declaración indagatoria ante el juez federal Jorge Urso en los Tribunales de la calle Comodoro Py, de Retiro. En la presentación judicial, el abogado querellante reseñó que ya había realizado solicitudes similares al magistrado cuando Cavallo estaba al frente del Palacio de Hacienda durante la administración menemista, en momentos en que no estaba en la función pública y poco después de que fuera designado como ministro de Economía por el gobierno aliancista.
"Son demasiadas las cuestiones que el ministro debe aclarar hoy y no como testigo sino desde la óptica de la indagatoria", resaltó.
Por último, Monner Sans, opinó que Urso debe citar a Cavallo porque, si no lo hace, se podría producir "una desigualdad investigativa", debido a que el ex presidente Carlos Menem y varios funcionarios de su Gabinete están detenidos en el marco de la causa de la venta ilegal de armas.

Auditoría en la SIDE

Buenos Aires (ABA).- El juez federal Gabriel Cavallo, los fiscales que investigan el presunto pago de sobornos en el Senado para la aprobación de la ley de reforma laboral y un contador de la Oficina Anticorrupción se presentarán mañana en la Secretaría de Inteligencia del Estado con el propósito de auditar las cuentas del organismo.
Los investigadores irán en búsqueda de información sobre el movimiento de los 6,2 millones de pesos que, tal como lo informó "Río Negro" en su edición del 18 de septiembre último, se cobraron por ventanilla del Banco Nación el 11 y el 13 de abril de 2000, apenas días antes de que el Gobierno anunciara el acuerdo alcanzado con el PJ para lograr la modificación del régimen laboral.
La medida de realizar el estudio contable en la SIDE fue dispuesta por el magistrado luego de rechazar un pedido de la fiscalía que solicitaba que dicha tarea estuviera a cargo del frepasista Rafael Bielsa, titular de la SIGEN. El juez y determinó auditar las cuentas de la SIDE tras examinar la documentación que el jueves último entregaron el ministro de Justicia, Jorge De la Rúa y el jefe del organismo, Carlos Becerra, justificando el destino que tuvieron los fondos.

Bello se queja por el embargo

La ex funcionaria menemista Claudia Bello se quejó ayer de que la jueza María Servini de Cubría haya resuelto un embargo de sus bienes por 4 millones de pesos en la causa abierta por presuntas irregularidades en torno a la campaña de difusión del "efecto 2000" y sostuvo que ella sólo es propietaria de "un departamento y un auto".
"Tengo un departamento y un auto y la doctora Servini de Cubría lo sabe, así que no se por qué ese número, en función de qué. Además, a cada uno de mis colaboradores en el Estado, empleados públicos que han firmado en calidad de asesores, se le aplicó un embargo de 3 o 4 millones de pesos, hasta un total de 35 millones", apuntó.
"Yo sostengo que no hubo sobreprecios y lo he probado en la causa. Pero además se están disponiendo embargos por 35 millones de pesos cuando se está discutiendo un supuesto sobreprecio de 2 millones".
Bello, ex secretaria de la Función Pública, concurrió ayer a los tribunales, en el barrio porteño de Retiro, para tomar conocimiento de las resoluciones de la magistrada, ya que, según sostuvo, sólo está al tanto de lo ocurrido en la causa a través de versiones periodísticas.
La ex secretaria de la Función Pública Claudia Bello insistió en su inocencia respecto de los cargos que le imputó la jueza federal María Servini de Cubría quien, días atrás, la procesó por administración fraudulenta en perjuicio del Estado. El procesamiento fue dispuesto a pedido del fiscal federal Carlos Stornelli, quien tuvo a su cargo la instrucción del sumario iniciado por denuncia de un agente de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN). (Télam, Infosic)

Declara Videla en la causa del Plan Cóndor

El juez federal Rodolfo Canicoba Corral indagará hoy al ex presidente de facto Jorge Rafael Videla con relación a la investigación sobre la existencia del "Plan Cóndor", tal como se denominó a la persecución de opositores a distintos regímenes militares de Sudamérica.
Fuentes tribunalicias indicaron que, en esa misma causa, y a través de un abogado defensor, el ex dictador del Paraguay Alfredo Stroessner "estaría dispuesto a someterse a la jurisdicción" de Canicoba Corral, pero sin ser extraditado de Brasilia, donde tiene asilo político.
El juez debe analizar el planteo del abogado y los acuerdos de asistencia recíproca y tratados con Brasil, para determinar si el interrogatoria tendrá validez en el sumario que heredó tras la renuncia del magistrado Adolfo Bagnasco.
Hoy, a las 10.30, está prevista la audiencia a la que será trasladado Videla, quien cumple detención domiciliaria por la prisión preventiva que se le dictó en otras dos causas relacionados con la sustracción, ocultamiento y supresión de identidad de menores, durante el período 1976-1983.
Los delitos denunciados por las querellantes son asociación ilícita, torturas, privación ilegal de la libertad y desaparición forzada de personas.
Entre los imputados, además de Videla y Stroessner figuran el ex dictador chileno Augusto Pinochet y el sindicado jefe de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) de ese país Manuel Contreras Sepúlveda, mientras que existe un pedido para que el ex secretario de Estado de EE.UU, Henry Kissinger, sea citado .
Semanas atrás, también fue interrogado como testigo un docente paraguayo que afirmó haber sido secuestrado y torturado por orden de las dictaduras militares que estuvieron al frente del gobierno en la década de 1970. Martín Almada, quien entonces se presentó como una de las víctimas del "Plan Cóndor", dijo haber aportado pruebas que permitirían "acorralar a Stroessner, Videla y Pinochet". (Télam)

   
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