Cortocircuitos en el gobierno por la salud de De la Rúa

El mandatario minimizó su arteriosclerosis. Critican la "infeliz expresión" de Lombardo.

La Justicia dio vía libre a los cambios en el sistema previsional

BUENOS AIRES (Infosic)- La justicia avaló el decreto de reforma previsional impulsado por el gobierno nacio-nal, que implicaría que los futuros jubilados cobren hasta 20 % menos y que las mujeres deban trabajar hasta los 65 años para recibir la totalidad de los beneficios jubilatorios.
La jueza de la Seguridad Social Hebe de Morán aprobó el decreto 1306/00 sancionado en diciembre y con este fallo, a partir del 1 de setiembre empezarán a regir todas las modificaciones jubilatorias que pretende el gobierno.
El decreto de necesidad y urgencia había quedado suspendido por un "no innovar" dictado por la justicia, al hacer lugar a un recurso presentado por un grupo de legisladores, encabezados por Elisa Carrió y Alfredo Bravo.
De Morán sostuvo en su fallo que los diputados no presentaron la demanda por sentirse afectados por el decreto sino en calidad de representantes del Poder Legislativo. Consideró que "resultaría violatorio del sistema republicano de gobierno" porque equivaldría a una "injerencia inconstitucional" del Poder Legislativo en el Judicial.
La jueza consideró que si los diputados quieren modificar o anular ese decreto "nada impide" que lo hagan ejerciendo "su función como diputados nacionales", reveló el diario Clarín.
Aunque el fallo está firme, la reforma previsional comenzaría a regir recién el 1 de setiembre, ya que cuando el decreto quedó suspendido, el gobierno adelantó que entraría en vigencia a partir del primer día del tercer mes posterior al pronunciamiento judicial.
El decreto anula la PBU para los futuros jubilados con haberes superiores a los 800 pesos y contempla rebajas a quienes no superen esa cifra.
La PBU es un aporte de entre 200 y 230 pesos mensuales que realiza el Estado para los jubilados con más de 30 años de aportes, que pertenezcan al sistema público o privado de AFJP, y con los recortes a esta prestación, el Estado ahorraría cerca de 4.500 millones de pesos en los próximos 10 años.
Con estos cambios, los más perjudicados serán los afiliados que con la PBU deberían cobrar entre 600 y 100 pesos, quienes verían disminuidas sus jubilaciones entre 20 y 25 %.
El decreto prevé la creación de un Beneficio Universal de 100 pesos mensuales para las personas mayores de 75 años que no reciben ninguna jubilación propia o a través de su cónyuge.
Se creará una Prestación Proporcional, que la cobrarán los mayores de 70 años que tengan entre 10 y 29 años de aportes, quienes cobrarán 10 pesos por año aportado, con un piso de 150 pesos.
La iniciativa establece que las mujeres podrán jubilarse a los 60 años o seguir aportando hasta los 65 años para garantizarse una Prestación Suplementaria de 300 pesos. En cambio, la edad mínima de 60 años para las mujeres, con 30 años de aportes, se mantendrá para acceder a la Prestación Compensatoria, la Prestación Adicional por Permanencia y/o Jubilación Ordinaria.
Además, se elimina de la jubilación estatal y determina que los nuevos trabajadores que no opten por ninguna AFJP en forma voluntaria serán derivados a la que cobre la menor comisión.
A partir del 1 de enero de 2002, los jubilados que trabajen en relación de dependencia no podrán percibir un haber superior a los 600 pesos.

Denuncia penal por comisiones

BUENOS AIRES (Télam)- El juez federal Jorge Ballesteros pidió informes a organismos oficiales para determinar si hubo responsabilidad penal del ministro de Economía, Domingo Cavallo, por la implementación del denominado "megacanje" de la deuda externa.
La medida fue tomada en la causa contra el titular del Palacio de Hacienda y el secretario de finanzas, Daniel Marx, promovida por el dirigente justicialista Juan Labaké por lo que calificó de "escandalosa e innecesaria multimillonaria comisión" que se reconoció a siete bancos privados por sus gestiones en la negociación.
El magistrado rechazó, en cambio, dictar la medida cautelar que le había solicitado Labaké, para que se suspendiera la aplicación de las pautas finalmente aprobadas por el gobierno nacional para el canje de títulos de la deuda.
Ballesteros ordenó ocho oficios para recabar información y documentos sobre la contratación de los bancos y los estudios y antecedentes previos a esa decisión.
Entre los organismos requeridos por el juez figuran la Secretaría de Finanzas del Ministerio de Economía; la Sindicatura General de la Nación; la Oficina Anticorrupción y la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia de la Nación.
El denunciante recordó que, por su intermediación, los bancos privados cobrarán el 0,55 por ciento de los 30 mil millones de dólares a los ascendió el monto de la renegociación de la deuda.