Jueves 7 de junio de 2001

 

EE.UU: ratifican la ejecución de McVeigh y se reabre la polémica
 

Un juez rechazó retrasar la medida prevista para el 11. Dijo que los errores del FBI no alterarían el fallo. El fiscal aplaudió lo dispuesto y la defensa apelará.
  Denver, EEUU (EFE).- La vida del terrorista confeso Timothy McVeigh podría acabar el lunes próximo, día fijado para su ejecución, tras la decisión ayer de un juez federal de rechazar el aplazamiento de la sentencia, mientras en EE.UU crece el debate sobre la pena capital luego de que un segundo juicio declarase inocente a un español que deambuló durante tres años en el "corredor de la muerte".
Los grupos defensores de los derechos humanos aprovecharon los errores en el caso Mc Veigh y José Martínez para destacar el abuso policial y las tendencias racistas de la aplicación de la pena de muerte en EE.UU. (ver aparte)
Ayer, después de una audiencia de una hora, el juez del distrito de Denver, Colorado, Richard Matsch, dijo que no encontró "una buena causa que justificara postergar la ejecución" de McVeigh, autor del atentado terrorista de Oklahoma City en el que fallecieron 168 personas y otras 500 resultaron heridas el 19 de abril de 1995.
Los letrados que defienden a McVeigh habían pedido que se dejara en suspenso el ajusticiamiento, a fin de tener tiempo suficiente para examinar detenidamente 4.000 páginas y 11 CD de investigaciones que fueron retenidas por la policía federal (FBI).
Esos folios debieron ser entregados a los abogados defensores durante la celebración del juicio en 1997, pero no llegaron a su poder por causas que se investigan. La aparición de ese material obligó al fiscal general y secretario de Justicia, John Ashcroft, a aplazar, el 11 de mayo, la ejecución fijada para el 16 de ese mismo mes.
Ashcroft, que se opuso a un nuevo aplazamiento, declaró que la resolución del juez es un triunfo de la justicia, y que la oportunidad dada a McVeigh tenía por objeto garantizar sus derechos y reafirmar la majestad de la justicia de este país.
El fiscal general manifestó que la decisión del cumplimiento de la sentencia "indudablemente ha dejado claro que no sólo se tiene a un culpable (McVeigh), sino que el sistema de justicia estadounidense es suficiente, completo y digno de confianza del pueblo de EEUU".
Matsch, el mismo juez que tuvo a su cargo el juicio en el que McVeigh fue encontrado culpable y sentenciado a muerte, explicó en su resolución que, aunque la retención de ese material la consideraba "impactante", este hecho no cambiaba en absoluto la decisión del jurado de declararlo culpable.
Tampoco influía en el factor de que el encausado "fue el instrumento de muerte y destrucción", precisó.
Los abogados defensores de McVeigh reaccionaron inmediatamente subrayando que estaban "extremadamente frustrados" por la decisión del juez Uno de los letrados, Rob Nigh, podría apelar la resolución de Matsch en el Décimo Circuito de Apelaciones, y posiblemente en la última instancia, el Tribunal Supremo de Justicia, en una carrera contrarreloj. Previamente, los abogados de McVeigh habían afirmado que no pretendían un nuevo juicio contra su cliente, sino la conmutación de la sentencia de muerte.
El juez Marsch rechazó los argumentos de los abogados defensores del ex-soldado sobre que la retención de los folios de investigaciones por parte del FBI pudieron haber mostrado que el ataque terrorista de Oklahoma City fue consecuencia de una conspiración en la que participó su cliente. El magistrado afirmó que el veredicto de los doce miembros del jurado "está justificado bajo todas las circunstancias" porque emitieron una resolución de conciencia en nombre de la comunidad. También señaló que la aparición de folios retenidos por el FBI "no cambia el factor de que Timothy McVeigh fue el instrumento de muerte y destrucción" en el atentado de Oklahoma City, el más grave en la historia de EEUU.
En Oklahoma, Martha Ridley, cuya hija murió en el atentado, expresó satisfacción . El juez "es un hombre justo, y McVeigh es un asesino confeso", dijo. "Ahora quiero que todo esto termine -agregó-. Es tiempo de que McVeigh se vaya".
De no ocurrir una resolución de última hora del tribunal de apelaciones a favor de McVeigh, este ex combatiente del Golfo podría ser el primer convicto federal ejecutado en 38 años.

Nuevo juicio libera a español

Tampa (EEUU) (EFE).- Un español que estuvo tres años en el corredor de la muerte, tras ser condenado en EEUU por un doble asesinato, fue declarado no culpable en un nuevo juicio.
Tras unas dos horas de deliberaciones, Joaquín José Martínez Pérez fue declarado no culpable por falta de pruebas del delito por el que pasó más de tres años en un corredor de la muerte: el asesinato en 1995 de un traficante de drogas y de su novia. "Gracias a toda España por haber confiado en la inocencia de mi hijo", dijo Joaquín Martínez, padre del acusado
El jurado deliberó durante dos horas y llegó rápidamente a la decisión de que no hay pruebas que puedan inculpar a Martínez, cuyo caso fue seguido en España con gran expectación como símbolo de la lucha contra la pena de muerte. La lucha de sus padres, que recaudaron entre los españoles casi medio millón de dólares para pagar una nueva defensa, fue decisiva para que Martínez salga de prisión.
La primera sentencia fue anulada el año pasado por el Tribunal Supremo de Florida por "irregularidades judiciales" en el primer juicio
Los cargos contra Martínez eran los de asesinato en primer grado del traficante de drogas Douglas Lawson y de su novia, la bailarina de un club de "striptease" Sherrie McCoy. El murió a causa de cuatro heridas de bala y ella de 21 puñaladas, en 1995.
Durante la semana del nuevo juicio, la fiscalía no pudo presentar ninguna huella dactilar, rastros de sangre, pruebas genéticas de ADN ni las armas del crimen que vincularan a Martínez con el hecho.

Para evitar más "sorpresas" judiciales

El Congreso estudia un proyecto que obligaría a la aplicación de la prueba del ADN para identificar a los acusados.
Pero más que la identificación, la iniciativa busca garantizar que los jurados estén enterados de su responsabilidad y que los abogados de la defensa tengan experiencia en casos de pena capital. El caso más claro que demuestra esa incompetencia ocurrió en 1989, en Alabama, cuando el abogado de Judy Haney fue declarado culpable de desacato y enviado a una celda al presentarse borracho al juicio. La mujer espera la ejecución en un corredor de la muerte del estado.
El año pasado dos convictos fueron ejecutados en Texas pese a denuncias de que carecieron de representación legal experimentada y que en uno de los casos el abogado defensor se quedaba dormido durante el juicio.
La última encuesta, elaborada por el diario USA Today, reveló que tras un apoyo de casi un 85% en 1980, la pena de muerte es respaldada ahora por el 59% de la población.
El mismo diario se refirió a los problemas de los últimos meses y al caso de los documentos no recibidos por la defensa de McVeigh. "Esto ilustra que el sistema tiene mucho más errores de lo que admiten sus defensores. Si el gobierno federal no puede finalizar un caso tan claro como éste sin cometer errores, imagínense lo que ocurre en los estados donde los procesos están a cargo de abogados de menos experiencia y menos recursos", expresó.
El comentarista Rod Dreher dijo al diario "The New York Post" que los errores del FBI han conseguido lo que no pudo lograr ni siquiera el papa Juan Pablo II: volcar a los conservadores contra la pena de muerte.(EFE)

Errores y racismo cuestionan la pena

Los errores judiciales, el racismo y la incompetencia han plagado la aplicación de la pena de muerte en EEUU e impulsado un movimiento para derogarla o al menos suspender el castigo.
Quienes afirman que es cruel, inhumano y salvaje tuvieron éxito en sus esfuerzos cuando el Tribunal Supremo suspendió su vigencia en 1972. Sin embargo, el aumento de la delincuencia y los asesinatos llevaron a su restablecimiento cuatro años después.
Desde entonces han sido ahorcados, llevados a la cámara de gas, electrocutados o sometidos a una inyección letal un total de 719 asesinos convictos.
Sin embargo, en ese mismo período y en medio de denuncias de que el castigo es racista, casi cien personas fueron exoneradas debido a errores judiciales, de identificación, falta de pruebas e incompetencia de los abogados defensores, según el Centro de Información sobre la Pena de Muerte (CIPM).
Esa situación quedó ayer corroborada con el caso del español José Joaquín Martínez, acusado de dos asesinatos, y a quien un jurado del estado de la Florida declaró no culpable por falta de pruebas y en el de Timothy McVeigh, que sería ejecutado el lunes que viene .
Ocho días después será ejecutado el mexicano Raúl Garza, un narcotraficante convicto del homicidio de un hombre y de ordenar el asesinato de dos informantes federales.
Según sus abogados, el veredicto del jurado habría sido diferente si Garza hubiera sido blanco y no hubiese cometido sus crímenes en Texas, estado que ha aplicado el castigo a casi la mitad de los 719 ejecutados desde 1976.

Minorías en riesgo

Según el Centro de Información de la Pena de Muerte, desde 1988 el gobierno ha pedido la pena capital para 211 personas, de las cuales un 75% eran de minorías étnicas.
En estos momentos, de los 20 convictos que esperan la ejecución federal, el 85% son miembros de esas minorías.
Los casos de McVeigh y Garza corresponden a delitos federales que tienen una legislación especial que los diferencia de los de delincuencia común.
En los casos de delitos comunes más de un 80% de los ajusticiados desde 1976 han sido negros o hispanos, lo cual no corresponde a su proporción en el espectro demográfico del país, según organizaciones defensoras de derechos humanos.
Al racismo se han agregado errores que el año pasado llevaron al estado de Illinois a declarar una moratoria después de que el sistema de identificación con ADN demostró que dos hombres habían sido condenados equivocadamente. Otros estados proyectan una moratoria similar. (EFE)
   
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