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Viernes 1 de junio de 2001 | |
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La Justicia chilena rechazó extraditar a Pinochet |
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Un juez de la Corte Suprema dijo que el pedido de su par argentina Servini de Cubría no cumple con requisitos de la ley chilena (estar procesado o condenado) para realizar el trámite. |
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| Santiago de Chile (EFE).- El juez de la Corte Suprema chilena Jorge Rodríguez rechazó ayer por "inadmisible" la petición de extradición contra el ex dictador Augusto Pinochet solicitada por la justicia argentina, que investiga el asesinato del general Carlos Prats, ocurrido en Buenos Aires en 1974. Esta es la segunda vez que el magistrado rechaza una petición de extradición en el caso que instruye la titular del primer Juzgado Federal de Buenos Aires, María Servini de Cubría. El juez de la Corte Suprema basó su negativa en que en la nueva solicitud, remitida el 21 de marzo pasado, no se cumplieron los requisitos fijados por la legislación chilena para que dicha petición sea sometida a tramitación. El dictamen también beneficia a seis ex agentes de la disuelta Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), la policía secreta de la dictadura que dirigió Pinochet entre 1973 y 1990. La información fue entregada por el abogado de algunos de los imputados, Jorge Balmaceda. "El juez Rodríguez ya había señalado que mientras no existiera un auto de procesamiento en el país requirente, era inadmisible acoger a tramitación el pedido de extradición", dijo el abogado. Agregó que esta situación se mantiene en la nueva carta rogatoria en la que la jueza había señalado que a su entender se darían en Chile los requisitos para procesar a los imputados. Servini de Cubría basó su nueva demanda en que existen presunciones fundadas de la participación de los imputados en los hechos y agregaba que en su investigación está acreditada la existencia del delito. "No es eso lo que exige la legislación chilena, ésta exige que la demanda de extradición sea fundada en el hecho de haber sido procesado o condenado en el país que requiere la extradición", subrayó el abogado Balmaceda. Según las ley argentinas, en tanto, una persona no puede ser procesada sin antes prestar declaración indagatoria. El dictamen del juez Rodríguez es en primera instancia y puede ser apelado ante el presidente de la Corte Suprema, Hernán Alvarez, quien actúa como tribunal de segunda instancia en los procesos de este tipo. La resolución se produjo un par de horas después de que la acusación en el caso Prats pidiera que se concretara la orden de arresto solicitada por la justicia argentina contra el ex dictador y los otros seis imputados. El requerimiento de la jueza federal argentina abarcaba a los ex jefes de la DINA, Manuel Contreras, Pedro Espinoza, los hermanos Raúl y Jorge Iturriaga Neuman y a José Zara Holger, así como a la agente Mariana Callejas. La Corte Suprema chilena recibió ayer, miércoles, el pedido de extradición contra los siete imputados a los que la jueza Servini de Cubría acusa de "asociación ilícita y doble homicidio agravado". Carlos Prats -que antecedió en la jefatura del Ejército a Augusto Pinochet- fue asesinado junto a su esposa, Sofía Cuthbert, el 30 de septiembre de 1974, al estallar una bomba colocada bajo su automóvil, en Buenos Aires, donde residía como exiliado. Por este caso fue condenado a cadena perpetua en noviembre pasado en Argentina el chileno Enrique Arancibia Clavel, considerado culpable de ser "partícipe necesario" del doble homicidio. Fortalecidos por pedido del fiscal Fortalecida con el informe del fiscal Raúl Rocha, que señala que el ex dictador Augusto Pinochet no estaría en condiciones de defenderse, los abogados del militar retirado emplearon ayer todas sus baterías para lograr de una vez por todas el sobreseimiento de la causa. Con un nuevo recurso de "no innovar", presentado en la secretaría de la Corte de Apelaciones, los abogados de Pinochet buscan detener el trámite de filiación del procesado que, ya ordenado. La solicitud de sobreseimiento ahora cuenta con el informe favorable del fiscal Rocha, quien estimó que Pinochet no está en condiciones mentales de defenderse por lo cual recomienda el sobreseimiento. El caso sufrió un nuevo vuelco ayer cuando los abogados querellantes denunciaron que el fiscal Rocha era profesor en la Universidad privada del Desarrollo de Santiago y donde el principal abogado defensor de Pinochet, Pablo Rodríguez, es el decano. Del mismo modo, recordaron que el funcionario judicial tenía un hijo que trabajaba en la Auditoría General del Ejército. |
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