Jueves 7 de junio de 2001

 

Piden 20 años de prisión para un empresario

 

El fiscal le imputa a un transportista de El Bolsón cinco hechos de corrupción de menores

  SAN CARLOS DE BARILOCHE (AB).- El fiscal Roberto Fernández consideró acreditados los cinco hechos de corrupción de menores que le imputan al propietario de la empresa de transportes "Charter" de El Bolsón, Luis Francisco Fernández, y pidió a los jueces de la Cámara Segunda que le impongan una pena de 20 años de prisión.
La pena establecida para cada uno de los delitos imputados es de 6 a 15 años de prisión, pero al concurrir varios hechos tanto el fiscal como los jueces -si consideran que están acreditados- pueden partir del mínimo establecido para uno de los delitos y ascender hasta la suma de todos los máximos, que en este caso es de 75 años de prisión. Sin embargo, el Código Penal advierte que esta suma no podrá exceder el máximo legal, que es de 25 años de prisión.
El empresario prefirió no estar presente durante los alegatos y se presentó después del alegato de su defensor, Jorge García Osella, para informarse del pedido del fiscal.

"Alteraciones morbosas"

García Osella solicitó la absolución de su defendido invocando el artículo 34 del C.P. -que prevé la inimputabilidad en ciertos supuestos-, argumentando que Luis Fernández no había podido dirigir sus acciones o comprender la criminalidad de los actos que le atribuyen por alteraciones morbosas de sus facultades mentales. De manera subsidiaria el ex miembro del STJ pidió a los jueces que condenen a su pupilo al mínimo previsto para los delitos atribuidos, es decir a 6 años de prisión.
La causa que se investiga fue iniciada en El Bolsón en noviembre de 1999, cuando los familiares de las damnificadas acusaron a Fernández de corromper a una niña de siete años, dos de ocho y otras dos de once años.
La acusación refiere que en el caso de las niñas mayores los actos de corrupción también comenzaron cuando las mismas tenían siete u ocho años de edad y se prolongaron hasta el momento de la denuncia, con una frecuencia de tres o cuatro veces por semana.
El agente fiscal señaló que Fernández invitaba a las niñas a su casa a tomar la leche y a mirar televisión, que a todas las víctimas les había comprado ropa y calzado, y además les daba entre uno y cinco pesos luego de cada visita.
Agregó que con cuatro de ellas mantenía relaciones sexuales completas y por distintas vías, a veces por separado y a veces en grupo, y que en esos encuentros les hacía mirar revistas pornográficas.
Se estableció que alguna de las víctimas realizaron viajes a Neuquén y a Viedma con el imputado, y en esas ciudades se alojaron en hoteles compartiendo las habitaciones porque las hizo aparecer como hijas suyas.
Las menores declararon que en esos viajes también mantenían relaciones sexuales, pero aunque esos delitos deberían ser juzgados en las respectivas jurisdicciones el fiscal no lo consideró conveniente porque a su juicio los hechos de corrupción comenzaron y culminaron en El Bolsón.
Los jueces César Lanfranchi, Miguel Angel Lara y Alejandro Ramos Mejía tienen ocho días hábiles para expedirse sobre las cuestiones alegadas

   
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