Jueves 7 de junio de 2001

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Economía no quiere reinstaurar los aportes patronales a empresas privatizadas

 

El viceministro Marx toma distancia del proyecto de Diputados

  El viceministro de Economía, Daniel Marx, afirmó que el proyecto de legislativo para reinstaurar los aportes patronales a empresas privatizadas y bancos "no cuenta con el aval del equipo económico", aunque no precisó si el Palacio de Hacienda impulsará su veto en caso de que el Congreso lo convierta en ley.
"El equipo económico procura bajar el costo argentino a través de sus distintas manifestaciones", indicó Marx, quien señaló que "hay algunos asuntos discrecionales que se están tratando", pero remarcó que "no se trata de un proyecto de ley que el equipo económico propicie".
Así se refirió el número dos de Economía a la iniciativa que restituye los aportes patronales a las empresas privatizadas, cadenas de hiper y supermercados, AFJP, entidades bancarias y financieras, y empresas de transporte automotor de larga distancia.
El proyecto, que ayer fue tratado en la Comisión de Legislación Laboral de la Cámara baja, contaría con bastante consenso entre los diputados, quienes no ven con desagrado que con esta restitución se recuperen para el fisco unos 600 millones de dólares anuales de manos de empresas que en los últimos años han sido las únicas que obtuvieron fuertes ganancias durante la recesión. De esta manera, la propuesta amenaza con generar ruido en el Gobierno, que precisamente lanzó los planes de competitividad donde exime del pago de algunos impuestos a empresas de distintos sectores de la producción.
Consultado sobre si Economía propondría vetar la ley en caso que salga, el segundo del Palacio de Hacienda contestó: "no estoy en condiciones de adelantar eso, hay que mirarlo en detalle".
Por su parte, el secretario de Política Económica, Federico Sturzenegger, sostuvo que "hay muchas trabas a la inversión" en las provincias y en las municipalidades, y señaló que "hay que encontrar los mecanismos para eliminar" esas imposiciones y posibilitar la reactivación de la economía. "Hay que encontrar los mecanismos para que la gente invierta porque invertir es revertir la situación empleo de mucha gente y de esa manera ir hacia el crecimiento", remarcó Sturzenegger, quien indicó que "hay muchas trabas a la inversión a nivel provincial y municipal".
Asimismo, el funcionario del Palacio de Hacienda destacó a la prensa "hay contratos laborales que son un poco demasiado duros y se debe encontrar la manera de flexibilizarlos".
"Hay impuestos que queremos eliminar porque traban la inversión", puntualizó el secretario en alusión a los planes de competitividad lanzados por el Gobierno que disminuyen la carga impositiva en varios sectores de la producción.
No obstante, puso de relieve que "también es cierto que muchos problemas para invertir no vienen del Gobierno Nacional, sino por impuestos y regulaciones a nivel provincial". "A mí la gente de Wal Mart me dice que quiere invertir 500 millones de dólares en la Argentina, pero no pueden porque la municipalidad tal no le autoriza la construcción (de un hipermercado), y la provincia de Buenos Aires emitió una ley que no permite poner hipermercados", subrayó. (DyN)

Análisis: De nada, España

Si la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) necesitaba un motivo adicional para resolver la quiebra de Aerolíneas Argentinas, la Cámara de Diputados se lo está ofreciendo en bandeja, con el proyecto que busca reinstaurar a las empresas privatizadas los aportes patronales a los niveles previos a 1995.
De prosperar la iniciativa, los trabajadores de la empresa no percibirán un centavo de aumento en sus salarios -en caso de cobrarlos- pero los accionistas españoles tendrán un argumento que les vendrá de perillas: el costo laboral habrá aumentado más del ocho por ciento, suficiente para dejar a la compañía librada a su suerte.
Pero no solo en Madrid estarían de festejo. Los estudios jurídicos vinculados a las empresas privatizadas tendrán la mejor de la razones para instaurar una nueva industria del juicio: en varios sectores de la economía habrá empresas competidoras con un costo laboral diferenciado, ya que unas son privatizadas y tendrán que pagar mayores aportes que otras, que siempre fueron privadas o siguen siendo del Estado.
Por ejemplo, se aumentarían los aportes a Repsol-YPF, pero no a Esso ni a Shell; los aportes de Siderar serían más altos que los de Acindar, todos los canales de televisión abierta afrontarían un costo laboral superior al de Canal 7, al igual que muchas radios en relación con Nacional. Un verdadero plan de anticompetitividad. O de incompetencia.
Muchas veces, los buenos propósitos son mal empleados y se vuelven en contra de los intereses que se pretendía defender. En eso, la historia argentina es demasiado rica en ejemplos. Quizás no haya lugar para uno más. (DyN)

   
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