Viernes 25 de mayo de 2001
		Habrá audiencia pública por el conflicto en El Foyel
		Ayer se realizó la audiencia de conciliación entre la empresa que pretende desarrollar el proyecto de explotación forestal y los ambientalistas que presentaron un amparo para detenerlo.
		SAN CARLOS DE BARILOCHE (AB).- El Ejecutivo provincial pedirá informes a distintos organismos especializados y convocará a una audiencia pública antes de definir si aprueba o no el proyecto de explotación forestal que pretende desarrollar la empresa Río Foyel SA. La elección de esta vía para destrabar el futuro del emprendimiento (que desde hace varios meses está paralizado por decisión judicial) fue aceptado en principio por el presidente de la empresa. También dejó conformes a los miembros de la entidad ambientalista "Comunidad del Limay" que habían presentado un recurso de amparo contra el proyecto porque incluye la tala de vegetación nativa. La medida de no innovar que dispuso la justicia en primera instancia fue apelada por la empresa ante el Superior Tribunal de Justicia rionegrino, cuyos miembros presidieron ayer en esta ciudad la esperada audiencia de conciliación entre las partes. Los ambientalistas se sorprendieron al escuchar que el gobierno provincial, a través del fiscal de Estado, Sergio Ceci, y el director de Coordinación del Ministerio de Economía, Oscar Echeverría, propuso abrir la cuestión a una consulta pública. Fue así que al término de la jornada de la reunión se mostraron satisfechos con el desenlace. Según José Gámez, de la Comunidad del Limay, "la audiencia pública debió ser convocada con anterioridad, previo a la aprobación del proyecto, y no cuando el conflicto se hizo público y tomó esta envergadura". En realidad el proyecto tuvo vía libre el año pasado a través de la polémica resolución 32 del Consejo de Ecología y Medio Ambiente. Ahora esa resolución quedó virtualmente anulada y los empresarios -no de muy buen grado- debieron aceptar que el proyecto, en el que aseguran haber invertido ya 3 millones de pesos, pase a depender de una ronda de consultas de resultado incierto. La apertura a la recepción de informes y la posterior audiencia pública llevará unos 60 días. Luego el Codena deberá emitir una nueva resolución de aprobación o rechazo del proyecto. Entre los organismos invitados a opinar están la Universidad del Comahue, Parques Nacionales y el Servicio Forestal Andino, que ya emitieron dictámenes contrarios al plan de trabajo presentado por Río Foyel SA. También serán convocados la facultad de Agronomía de la UBA, el Ciefap y la Secretaría nacional de Desarrollo Sustentable. Los cuestionamientos aluden a que el desmonte de ñire arbustivo afectará la biodiversidad del bosque nativo en general. También señalan que las coníferas exóticas que se pretenden implantar podrían invadir las áreas protegidas del Parque Nacional Nahuel Huapi y la reserva provincial de Lago Escondido. El acta de la conciliación establece no obstante que les seguirá estando prohibido erradicar los ñires, forestar con pino oregon y realizar cualquier actividad en una franja de 150 metros lindera con el parque Nahuel Huapi. El campo de Río Foyel SA tiene 8.000 hectáreas y limita con ambas jurisdicciones. Está ubicado a unos 70 kilómetros al sur de esta ciudad y los empresarios pretenden establecer allí una explotación forestal que pasaría a ser la más importante de Río Negro. Alegaron una gran inversión Al alegar frente al tribunal del STJ, el presidente de la empresa Río Foyel SA recalcó que ya llevan invertidos 3 millones de pesos, no ocultó su molestias por los obstáculos encontrados y en otro tramo dijo que hubo autoridades provinciales que los "estimularon" a avanzar con el proyecto. No es difícil deducir de allí que si queda bloqueado el emprendimiento Río Foyel hará valer los instrumentos legales que lo sustentaron hasta ahora y podría abrir uno oneroso juicio civil contra la provincia. Ayer el fiscal Ceci no quiso hablar del tema, pero es obvio que esa posibilidad lo intranquiliza. Tal vez por la misma razón el Ejecutivo no quiere revisar el polémico artículo 7 de la ley provincial de promoción forestal, que dio expreso aval al desmonte de ñires. Ceci mostró también cierto recelo hacia la Comunidad del Limay y puso en duda su derecho de litigar en este caso. Pero el miembro del STJ, Víctor Sodero Nievas, aseguró que esa cuestión quedó resuelta y se los aceptó como legítimos accionantes. (AB)
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