Ballestero citaría a Felipe Sapag por el caso TCI

Imprevista derivación en la causa por administración fraudulenta.

BUENOS AIRES (ABA).- El ex gobernador de Neuquén, Felipe Sapag, y su vice, Ricardo Corradi, podrían ser citados a declarar en la causa que investiga la liquidación de un pago de 5.942.942 a la empresa TCI. La operación se concretó luego de una controvertida liberación de fondos nacionales a través de un convenio transaccional que la compañía firmó con el Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo en diciembre de 1995, pocos meses después de que el mandatario volviera al poder.
Así lo adelantaron ayer a "Río Negro" fuentes inobjetables de la investigación, que desde hace ya tres años tramita en el juzgado en lo federal y correccional número 2 a cargo del juez Jorge Ballestero, con instrucción en la Secretaría número 4 del doctor Alfredo Elosú Larumbe.
El 26 de abril último, el juez Ballestero procesó sin dictar prisión preventiva al ex presidente del IPVU, Julio Jesús Russo, al ex titular de la Secretaría de Vivienda y Ordenamiento Ambiental de la Nación (SVOA), Rogelio Camarasa, y a su segundo, Eugenio Palacin, y dictó un embargo por el orden de un millón de pesos sobre cada uno de ellos.
El fallo judicial indica que Camarasa fue procesado como el autor penalmente responsable del delito de administración infiel en perjuicio de la administración pública, mientras que Palacin y Russo fueron procesados como participes necesarios.
De comprobarse su responsabilidad en los hechos, tanto a los procesados como a los imputados podría caberles una pena que oscila entre los dos y los seis años de prisión. Ballestero además llamó a indagatoria a dos de las autoridades de la empresa neuquina, Juan José Tosello y Jorge Antonio López, al ex fiscal de Estado de Neuquén, Federico Rúa y al destituido fiscal de Estado, Jorge Andión.
Y a ellos se sumarían los otros dos principales accionistas de TCI, que también están imputados. Se trata de Luis y Diego Sapag, respectivamente hijo y sobrino del mandatario provincial que, según la información a la que accedió este diario, también podría ser indagado en la causa en el futuro cercano.
"Con las pruebas que se están recopilando, la investigación puede llegar a tocar a las más altas esferas del gobierno de aquellos años. No se descarta que el mismo Sapag y su vicegobernador puedan llegar a ser citados para su indagatoria, porque los hechos investigados fueron producidos, llamativamente, a pocos meses del regreso del mandatario al gobierno", reveló la fuente judicial.
La causa comenzó a ser investigada por la justicia federal el 29 de julio de 1997 a partir de una denuncia efectuada por un grupo de nueve diputados de la denominada línea blanca del MPN, donde señalaban que podrían haberse producido irregularidades en el pago con dineros del Fondo Nacional de la Vivienda a la empresa Técnicas Constructivas Industrializadas a mediados de la década de "90. La liquidación de ese monto fue el resultado de un prolongado conflicto entre la compañía y el gobierno provincial, por el cuál TCI reclamaba que fuera recalculado un monto que se le adeudaba como consecuencia del período inflacionario del fines de la década del "80.
Esa petición de la empresa constructora había sido negada en diversas instancias judiciales, situación que provocó que los fondos nacionales que en un principio se habían destinado a esa liquidación quedaran liberados -bajo estricto control judicial- para volver a las arcas del Estado.
Sin embargo, fueron retenidos tres años en una cuenta del Banco Hipotecario Nacional y luego del convenio transaccional firmado por el IPVU neuquino, que se encontraba bajo la órbita del Ejecutivo, se hicieron efectivos.

Foto: El juez Ballestero evalúa indagar al ex gobernador.