Miércoles 23 de mayo de 2001

 

Empresas privatizadas pagarían el Inmobiliario
 

Hasta ahora no lo hacen, pero los legisladores Guillermo Wood, Iván Lázzeri y Fernando y Eduardo Chironi presentarán hoy un proyecto de ley para que ingresen a la base imponible. Esto le permitiría a la provincia una recaudación adicional de 40 a 50 millones de pesos anuales.

  VIEDMA (AV).- El oficialismo evalúa aplicar el Impuesto Inmobiliario a empresas privatizadas y concesionarias de servicios públicos.
La implementación del gravamen representaría ingresos de 40 a 50 millones de pesos por año aunque el proyecto -que hoy se presentaría en la Legislatura- ya anticipa un fuerte debate. Así, Río Negro pretende que las petroleras y concesionarias eléctricas y telefónicas abonen los respectivos impuestos inmobiliarios por los activos que representan pozos o las diferentes instalaciones necesarias para las prestaciones de los servicios.
La concreción impositiva se formaliza al precisar en la legislación el gravamen para inmuebles por naturaleza o por accesión física (como torres, columnas y cableados), a la vez que ratifica a los concesionarios como pagadores del impuesto.
La iniciativa legislativa es impulsada por los diputados radicales Guillermo Wood, Fernando Chironi e Iván Lázzari, como también, el frepasista Eduardo Chironi.
El impuesto inmobiliario se constituyó en el gran desafio del gobierno de Río Negro pero todavía la mayoría de las reformas siguen pendientes, manteniéndose la recaudación aunque este año ya se preveía un alza superior al 11 por ciento. Hay demoras en la aplicación de las modificaciones catastrales de la ley 3483 y aún no se efectuaron los vuelos que permitirán fotografías para detectar inmuebles no declarados. (ver recuadro).
Sin esta última actualización, los diputados estiman que la reforma catastral duplicaría la facturación de los 30 actuales a 60 millones en un plazo de cinco años. Además, siempre según la evaluación de los legisladores, la aplicación del Inmobiliario a las empresas privatizadas sumaría de 40 a 50 millones adicionales entonces se llegaría a una recaudación superior a los 100 millones, monto equivalente a los intereses que Río Negro pagará este año por su deuda. Otra referencia: esa pretensión equivaldría a casi quintuplicar la recaudación inmobiliaria del año pasado.
Por otra parte, la provincia anticipa un gran debate político-jurídico con las empresas privatizadas por la aplicación del tributo Inmobiliario. Consciente de esta cuestión, los autores aportan muchos antecedentes en sus fundamentos.
Río Negro no facturaba este tributo a las empresas estatales que prestaban los servicios públicos en la provincia. Se entendía que no tenía sentido precisar como inmuebles gravados esos bienes porque "al pertenecer a empresas estatales sólo se lograría transferir recursos entre distintos niveles del Estado". En otro caso, la Nación -como era con Gas del Estado- compensaba con el aporte del subsidio.
La iniciativa legislativa recuerda que en los procesos de privatización se garantizó "estabilidad tributaria" a los concesionarios. Citando Montamant, se expresa que "estabilidad tributaria no significa garantía de perpetuidad". Igualmente, los autores advierten que la aplicación del tributo Inmobiliario no contradice ese principio porque este tributo "es preexistente" a las normas que garantizaba esa seguridad a los privados. Agregan que "esa aplicación no puede considerarse como un nuevo tributo porque implicaría confundir la creación de un impuesto con las decisiones y acciones del gobierno provincial para proceder a su aplicación. En definitiva, esto último es lo que propone este proyecto" destacaron los autores.

Falta actualizar los registros

Economía tiene pendiente la aplicación de legislación reciente -la ley 3483- que actualiza los registros catastrales y, según los diputados, duplicaría la actual facturación de 33 millones (la recaudación real ronda los 23 millones). La implementación de las reformas catastrales proyectan que la facturación anual del impuesto Inmobiliario puede llegar a 60 millones en un plazo de cinco años.
Para Rentas este año se podrían incorporar las nuevas valuaciones y así incrementar la facturación. Todavía no se concretó, aunque se pretende aplicar en las boletas la nueva base imponible para anticipar los incrementos para el año próximo. Esa actualización en el segundo semestre permitiría concientizar a los contribuyentes sobre la nueva política inmobiliaria.
Los legisladores que pretenden gravar a las empresas privatizadas recuerdan que la ley 3483 se relaciona con su proyecto porque "la registración parcelaria e incorporación a la base imponible de Inmobiliario de los objetos territoriales" necesitan de aquellas "bases sólidas".
También está pendiente el relevamiento aéreo para mejorar datos catastrales sobre las propiedades no declaradas. Recién en junio se realizarían los vuelos para registrar las fotografías aéreas del programa de Revalúo, Computarización Integral del Catastro y Perfeccionamiento Valuatorio. Los resultados recién tendrían incidencia el año próximo. (AV)

Proponen cubrir el vacío legal

Para los autores del proyecto el proceso desregulatorio y privatizador encarado por el Estado nacional a partir de 1989 generó "importantes vacíos normativos e institucionales" que a lo largo de los últimos años se tradujeron en "considerables perjuicios para las provincias".
Como ejemplo citaron el aprovechamiento que han realizado las empresas petroleras al pagar menores regalías. También indicaron la ausencia de un marco legal y técnico "que permita la incorporación a la base imponible del Impuesto Inmobiliario de los activos inmobiliarios de las empresas privatizadas y de las privadas concesionarias de la explotación, transporte y distribución de hidrocarburos líquidos y gaseosos, de la generación, transmisión, transformación y distribución de energía eléctrica y de las licenciatarias del servicio de telecomunicaciones".
Según los parlamentarios esto permitirá un aumento "sustantivo de ingresos genuinos", estimado entre 40 y 50 millones de pesos, "monto que sobrepasa de manera sensible lo facturado actualmente por la totalidad de los bienes inmuebles urbanos de la provincias" que representan unos 33 millones.
Entre las 20 páginas con fundamentaciones afirman que "la falta de una correlación temporal entre la adaptación de la normativa y los cambios producidos en la reestructuración del sector de los hidrocarburos, de energía eléctrica y de telecomunicaciones, generó importantes vacíos legales que han favorecido el desarrollo de comportamientos oportunistas por parte de las empresas que, en esta última década, han logrado importantes beneficios a raíz de este desajuste dado en las relaciones intergubernamentales". (AV)
   
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