Fiscal amplía acusación contra ediles

Ahora, plantean que los concejales de Choele podrían haber cometido un delito más

CHOELE CHOEL (AVM).- La fiscal Marisa Bosco decidió en los últimos días ampliar la requisitoria contra los concejales y ex concejales de Choele Choel, que cobraron salarios durante dos años a través de una resolución. Este mecanismo legal no era el válido, en este caso para modificar la Carta Orgánica municipal, donde se menciona que el cargo de edil es ad honorem.
Ahora la funcionaria de la justicia agregó a la requisitoria ya elevada al juez, y que mencionaba que los ediles podrían haber incurrido en el delito de incumplimiento de los deberes del funcionario público -tipificado en el artículo 248 del Código Penal-, un nuevo elemento en el que menciona que los concejales podrían haber incurrido en el delito de "estafa contra la administración pública", encuadrado en el artículo 174 inciso 5 del Código Penal.
La fiscal habría tenido en cuenta en su análisis, antes de ampliar la requisitoria, el hecho de que los concejales percibieron los salarios a pesar de que había una norma que no lo permitía.
Ambos casos, tanto en la estafa como en el incumplimiento de los deberes de funcionario público, son calificaciones provisorias, porque será el juez quien finalmente de lugar al pedido de la fiscal o desestime la acusación contra los concejales.
Los ediles, no tienen la responsabilidad de administrar, pero si -mencionan las fuentes judiciales- tienen la obligación de cuidar de los intereses de la comunidad.
Así, al cobrar los sueldos, habrían incurrido en esta especie de estafa al percibir los salarios, mediante un mecanismo que estaba en contra de lo que estipulaba la Carta Orgánica.
Basandose en este análisis, la funcionaria amplió la requisitoria que envió al juez que entiende en la causa, Guillermo Moyano.
La ampliación se realizó días atrás, después de la llegada de la pericia contable hecha a los libros de administración de la comuna, luego de que la municipalidad fuera allanada por el entonces juez de la causa, Carlos Vila.
Un par de semanas atrás, Moyano envió de nuevo la causa a la fiscal para que Bosco ampliara o desestimará la primera requisitoria.
En este caso, Bosco decidió ampliar el requerimiento y tipificar que la conducta podría caer en la figura de estafa contra la administración pública, delito que es penado con penas que van de los dos a los 6 años de prisión.
El artículo en cuestión menciona que "será penado con dos a 6 años de prisión el que cometiere fraude en perjuicio de alguna administración pública".
En los próximos días los concejales y ex concejales que cobraron salarios durante los años 97 al 99, serían llamados a cumplir con una declaración indagatoria.
Esta medida, de no ser solicitada por el magistrado, será pedida por la fiscal Bosco.

Foto: La fiscal Bosco amplió su requisitoria ante el juez.