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Viernes 18 de mayo de 2001 | |
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Unos 26.000 estatales obligados a la revisación médica |
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Horizonte-ART ya realiza los exámenes médicos. El operativo incluye consultorios ambulantes. Hay críticas por las colas en la atención y por la contratación de una empresa privada. |
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| VIEDMA (AV).- Unos 26.000 estatales deberán someterse en las próximas semanas a la revisación médica laboral, que se exigen a las Administradoras de Riesgos de Trabajo. Estos exámenes están instrumentado por Horizonte ART que cubre a la totalidad del personal de la administración pública. Esta empresa rionegrina contrató a una firma de Capital Federal para concentrar y acelerar esas revisaciones, con un costo total que superaría el medio millón de pesos. Hasta ahora, el operativo móvil ya cubrió más de 2.000 estatales, especialmente de Educación y Salud. Pero, su instrumentación originó múltiples críticas en el Alto Valle por las dificultades y demoras de la labor del consultorio médico ambulante. Además, UPCN cuestionó ayer la cesión de esa revisación a "una empresa extraprovincial". El gremio estatal se sintió indignado porque entendió que ese servicio se podría haber cumplido en los hospitales públicos (ver aparte). La gerente médico de Horizonte-ART, Susana Freiro explicó que los controles se realizan en consultores móviles, en centros privados y en hospitales aunque admitió que el mayor porcentaje de revisaciones se concentran en los trailers porque está abocado exclusivamente a esta tarea. El mecanismo incluyó dos trailers -uno en el Alto Valle y otro en la región Atlántica- que sumaron 2.006 controles, considerando Catriel (591), Villa Manzano (72), Cinco Saltos (580), Sierra Grande (405) y San Antonio (358). Horizonte ART reconoce un registro adicional de 4.600 examinados en centros privados y nosocomios. El padrón total ronda los 32 mil, de los cuales, 26 mil corresponden a agentes públicos. El objetivo prevé concluir con los controles médicos -o cumplir la mayor parte- antes del 30 de junio, según el compromiso fijado ante la Superintendecia de ART. El comunicado de UPCN no abunda en la cuestión pero el operativo móvil sumó criticas en algunas localidades. En ese sentido, Freiro explicó que el empleador -el Estado- debe informar al personal y establecer el operativo para concurrir a la revisación. Igualmente, la gerente sólo admitió dificultades en Cinco Saltos cuando concurrieron 280 docentes -en un día sin clases por jornada institucional- y el trailer sólo tiene capacidad de atención diaria de 100 trabajadores. Freiro explicó que la responsabilidad y el costo de controles preocupacionales corresponden a los empleadores pero después están los exámenes periódicos que lo asumen totalmente las ART. Actualmente, Horizonte -dijo Freiro- está cumpliendo con esos exámenes periódicos, que comprende estudios médicos básicos (análisis de sangre, rayos, tórax y electrocardiograma) y una revisación adicional según la labor del empleado (audiometría, esperimetría, exámenes hepáticos y, entre otras, radiografía de columnas). En otra parte, la profesional comentó que la ART sólo informa al empleador si la enfermedad detectada puede pronunciarse con la labor que se cumple entonces se pide una reubicación laboral. De lo contrario, la administradora comunica -en nota personal- sólo al empleado de su afección, siempre que la misma no se derive del trabajo sino la ART debe asumir inmediatamente la correspondiente reparación. UPCN se sintió indignada y pidió la suspensión de la contratación UPCN solicitó ayer la suspensión y se sintió "indignado" por el mecanismo contratado por ART Horizonte para "los exámenes ocupacionales" de los agentes públicos provinciales. A través de un comunicado, el gremio -que conduce Juan Carlos Scalesi- entendió que esa decisión es "errónea" porque no sólo afecta a los empleados públicos sino que también "comprometen los siempre escasos recursos provinciales". La agrupación sindical manifestó que la concreción de los exámenes "es ejemplo de cómo una empresa -como Horizonte de Seguros- actuó en forma equivocada y en contra de los intereses de la provincia. Existiendo una estructura de Salud Provincial que tiene capacidad para realizar exámenes requeridos, se contrató a un empresa extraprovincial para brindar el servicio en consultorios ambulantes, exponiendo a los trabajadores a realizar colas a la interperie". En otra parte, el gremio advirtió que tiene "muchos interrogantes y muchísimas dudas". Entre ellas, UPCN se preguntó por qué no se contrató a los hospitales públicos, por qué cuando hay dinero de por medio no se beneficia al sector público, por qué se recurre a engaños (como hacer pasar a la Salud Pública como desinteresada) y por qué se contrata un servicio en condiciones de infraestructura inaceptable". Concluyó que "estos interrogantes surgen de la bronca y la indignación de ver como nuevamente los recursos económicos se van de la provincia. Por qué -se interrogó UPCN- los estatales tenemos que seguir tolerando que empresas privadas realicen y cobren servicios que podemos realizar y cobrar los empleados públicos". Finalmente, el gremio exigió "respuestas a esos interrogantes y una revocación de las medidas que nos afecta" (AV) |
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