Jueves 17 de mayo de 2001

 

Darán vales alimentarios a los "nuevos pobres"

 

El gobierno de Río Negro analiza el mecanismo.

  VIEDMA (AV).- Río Negro distribuirá bonos alimentarios entre los "nuevos pobres". El gobierno provincial entregará vales de 20 a 80 pesos, que se podrán canjear por alimentos en los pequeños alma-cenes. La implementación la analizan el Ministerio de Desarrollo Social y media docena de legisladores oficialistas. La asistencia será rápida y espontánea, que se destinará a los "nuevos pobres".
El subsecretario de Trabajo, Alejandro Betelú entendió que este sector lo conforman los trabajadores que anteriormente se mantenían con seis meses de labores (cosecha) y complementaba el resto del año con changas. Ahora, sólo trabajan tres meses y después no tienen changas. Betelú explicó que los últimos muestreos profundizan esta escala descendente que transforma a los "nuevos pobres", que el Estado deben asistir con vales nutricionales durante algunos meses.
Las estimaciones iniciales indican que Río Negro asignaría bonos a un espectro de 2.000 a 3.000 familias, con su implementación a partir de junio o julio. Un esquema social similar existe en Mendoza mientras la Nación tiene el plan de vales para "jefas de familias", a cambio de terminar la primaria y la secundaria.
El esquema social se financiará con parte del aporte federal previsto para Río Negro del Acuerdo Federal, que sumará 7 millones. Casi dos millones deberán destinarse a planes sociales y los otros cinco millones serán para programas laborales. La provincia ya instrumentó los PER (Programa de Empleo Rionegrino), lanzados con 1.100 puestos y actualmente con 1.900 cupos mensuales. Trabajo preveía un mayor número de puestos, pero recién esta semana se formalizó el acuerdo con Nación, por lo cual se consideró que antes de finalizar mayo se concretará el desembolso de las dos primeras cuotas, que representarían el primero de los siete millones comprometidos.
El gobernador Pablo Verani ya habría avalado la idea de los bonos alimentarios. Resta su implementación efectiva, por lo cual el ministro Daniel Sartor evalúa el diseño con el secretario Juan Carlos Peña y Graciela Basolo, mientras los legisladores María Inés García, Alfredo Pega, Cesar Barbeito y Osbaldo Giménez asumieron los contactos iniciales con los almaceneros.
El ministro Sartor explicó que el programa se aplicará -exclusivamente- con los pequeños almaceneros, por lo cual los diputados están confeccionando las pautas para determinar las características de los proveedores que recibirán los bonos en cada localidad. Entre otras, la cantidad de cajas de cobro del establecimiento serán elementos a considerar, así como también la regularización impositiva o laboral será condición para adherirse.
El mecanismo se centralizará a través de las entidades intermedias que agrupen a los pequeños y medianos almacenes, que concentrarán los vales para su canje por pesos. El Ministerio de Desarrollo Social y los municipios inscribirán a los "nuevos pobres", que después cruzarán datos para constatar que no recibe ningún otro aporte de cajas alimentarias ni está incorporado a los programas laborales.
Según explicó Sartor, los nuevos pobres son desocupados temporarios o excluidos recientes del sistema laboral, que no pudieron adaptarse a su nueva condición ni tienen -incluso se resisten- a solicitar asistencia social. Por eso, el ministro consideró que los beneficiarios rotarán permanentemente y estimó que los vales serán de 20 a 80 pesos. Afirmó que los montos y lineamientos de reparto se encuadrarán en las condiciones del grupo familiar.

Análisis

El aporte de un vale de 50 a 80 pesos a un pobre puede constituirse en una contención alimentaria. La inyección de decenas de esos bonos en un pequeño almacén puede ser un incentivo comercial. La disponibilidad estatal de dos millones para el segundo semestre podría transformarse en más de 3.500 cupos alimentarios de 80 pesos por mes. Esos bonos podrían representar 1.000 pesos de ventas adicionales para unos 300 pequeños almacenes.
La respuesta es coyuntural pero aparece como válida y directa aunque, por cierto, hay cuestiones por atender. La puesta en marcha del programa coincidirá con la campaña electoral. Ese escenario exige -de por sí- mayor transparencia, participación real y responsabilidad de todos los partícipes (desde Desarrollo Social hasta los municipios, pasando por los almaceneros). Los beneficiarios deberán ser efectivamente monitoreados para evitar superposición asistencial o cualquier utilización política. Esa actitud de gobierno consolidará un esquema útil o, por el contrario, sólo será otro programa social, con los tradicionales mecanismos políticos. (AV)

   
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