Jueves 17 de mayo de 2001

 

Seis permisos de pesca destrabaron un conflicto

 

Acuerdo en San Antonio. Los recibirán Marítima San José y Río Negro Pesquera. Cuando estén listos, los buques podrán salir a navegar y se recuperarán los puestos de empleo perdidos.

  SAN ANTONIO OESTE (ASA)- En un clima de extrema tensión, el ministro de Economía de Río Negro, José Luis Rodríguez, junto a otras autoridades provinciales y municipales, durante la reunión con los trabajadores desocupados de la pesquera Camaronera Patagónica, decidió otorgar seis permisos de pesca provisorios a las firmas que alquilarán la planta de la empresa que actualmente afronta un concurso preventivo de acreedores.
Rodríguez ratificó que se o-torgarán sendos permisos a Marítima San José y a Río Negro Pesquera, aunque ninguna de las dos podrá ampliar su cupo de captura para el corriente año.
Así se destrabó un conflicto que ayer atravesó por uno de sus momentos más críticos cuando los funcionarios, en especial el director de Pesca de la Provincia y ex directivo de la firma Marítima San José, Italo Sangiuliano, fueron duramente increpados por los trabajadores desocupados.
De la reunión participaron el intendente Adrián Casadei, los legisladores integrantes de la Comisión Asesora de Pesca, Edgar-do Corvalán, Alfredo Lassalle, Javier Iud y Rubén Giménez, el secretario de Producción Marce-lo Santos y representantes de los operarios de planta, pescadores y patrones de pesca de la paralizada Camaronera Patagónica.
Los obreros requirieron la e-fectivización de los seis permisos de pesca a favor de las firmas Pescados y Mariscos -que procesa en la Terminal Pesquera Artesanal y que en dos meses tendrá que trasladarse a la planta de Camaronera- y de Aguacampos que comenzará a operar en las cerradas instalaciones.
La demora en la entrega de los permisos por parte de la provin-cia a esta última firma se debió a que los bienes que utilizará están incluidos dentro del patrimonio del concurso preventivo de acreedores y que los mismos deben contar con un fuerte respaldo en concepto de caución para que el juez autorice el uso temporario.
Por ello, el ministro comprometió a los legisladores a que respalden la medida de otorgar los permisos precarios, previendo un plazo máximo de treinta días para que Aguacampos presente los seguros y certificados de caución requeridos por el juez.
"Los buques podrán salir a navegar cuando estén en condiciones lo que depende de la empresa; nosotros vamos a firmar un acta para proceder a la entrega inmediata de los permisos", dijo el ministro a "Río Negro".
Cuando finalizó la reunión con los trabajadores despedidos, otros obreros de las plantas Marítima San José y Río Negro Pesquera se hicieron presentes en el salón del municipio y volvieron a ponerle tensión al encuentro ya que reclamaban por el mantenimiento de los permisos para esas firmas, que parecían peligrar.
El ministro calmó los ánimos ratificando que "si el recurso está no hay por qué subexplotarlo, el cupo total de toneladas se va a mantener pero eso no impide que los permisos sean otorgados".
El legislador Javier Iud recibió el apoyo de los o-breros cuando denunció que "los trabajadores están siendo fogoneados y amenazados con que van a ser despedidos si no les dan esos dos permisos a las empre-sas, pero por el momento esas autorizaciones no le generan ningún beneficio a la comunidad". Iud reclamó que Marítima San José y Río Negro Pesquera mantengan su gente trabajando, blanqueen a todo su personal y diversifiquen las capturas de sus buques, para después decidir si son necesarios dos permisos más.

Preocupan a la UOCRA de San Antonio los despidos en Alpat

SAN ANTONIO OESTE (ASA)- Un total de 26 trabajadores fueron despedidos de la empresa Hierromet, principal contratista de Alcalis de la Patagonia, según denunciaron los titulares de la seccional local de la Unión Obrera de la Construcción.
La medida de la empresa agrega dramatismo a la situación que vive el sector, que también fue afectado por los recién-tes despidos producidos en los trabajos que se realizan en la pavimentación de la ruta 23, en su tramo que une el empalme con la ruta 3 con la localidad de Valcheta y la terminación del ramal de vías de acceso a Alpat, que realiza Sefepa.
Con respecto a las cesantías en Hierromet, Armando Andrada y José Michalczewsky destacaron en una nota dirigida al intendente Adrián Casadei que "quedan solamente 15 personas para terminación hasta fin de mes, creando una situación de incertidumbre en la población. Conscientes que el cierre de la plan-ta cortaría toda esperanza de trabajo a más de 150 familias de esta localidad, solicitamos a usted arbitre los medios a su alcance a los efectos de lograr nuevos puestos de trabajo a través de nuevas obras o de la continuación de las que están en ejecución".
Los requerimientos de los trabajadores se refieren al comienzo de obras prometidas como las del hospital y las de las 10 Viviendas Evolutivas Mínimas, cuyo inicio estaba previsto para marzo de este año y que aún no se comenzaron.
En relación con las obras semiparalizadas los obreros reclaman gestiones pa-ra la continuidad de los trabajos en la ru-ta 23 entre Valcheta y Aguada Cecilio y, fundamentalmente, en la empresa Alpat.
Según pudo saberse, las obras que restan para que la planta de producción de carbonato de sodio quede lista para funcionar demandarán una labor cercana al año y medio. Sin embargo, esas tareas están interrumpidas ya que la firma no ha conseguido que el Concejo Deliberante derogue la ordenanza que prohíbe el vertido de efluentes en un sector ubicado a menos de 20 kilómetros del centro del casco urbano, mientras que el sitio previsto por Alpat está a poco más de 12.
El tendido del ducto para los residuos líquidos abriría una importante cantidad de puestos de trabajo en la localidad. "Nosotros sabemos que somos usados como elemento de presión ante las autoridades para que deroguen la ordenanza, pero en este caso no decimos que se pon-ga en funcionamiento la planta, sino que se permita que continúen las obras ya que eso daría mucha mano de obra durante por lo menos un año", manifestaron obreros del sector.
Alpat continúa tramitando la aprobación de su estudio para el vertido de efluentes en el bajo El Riñón, que es fuertemente cuestionado por distintos sectores de la comunidad ya que no cuenta con un plan de contingencias ni especifica con claridad los procesos de sedimentación y los años de vida útil de las piletas en las que se volcarán los residuos. A pesar de ello, el proyecto ya recibió el visto bueno del Departamento Provincial de Aguas. Además, acerca del funcionamiento de la firma existen profundas dudas ya que es altamente probable que la actividad de producción no sea redituable y ni siquiera alcance para saldar los intereses de la deuda contraída para la construcción de la planta.

Foto: La reunión entre funcionarios y desocupados pasó por momentos de tensión.

   
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