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NEUQUEN (AN) - El Tribunal Superior de Justicia extendió certificado de defunción para el único organismo destinado a combatir la corrupción en el Estado neuquino, mediante una declaración de inconstitucionalidad de la ley de creación de la fiscalía de investigaciones especiales que se sancionó en 1995 pero que nunca se puso en vigencia por pujas políticas.
La imitación neuquina de la fiscalía nacional de investigaciones administrativas, que pasó a la historia cuando la conducía Ricardo Molinas, fue una promesa de Jorge Sobisch en su campaña de 1991. A poco de asumir, envió el proyecto a la Legislatura pero luego resolvió mantenerlo en comisiones, sin tratamiento.
Fue el peronista Roberto Natali quien, a finales de 1995, le dio impulso a la idea, la modificó y finalmente la ley se sancionó. Pero justo cuando el gobierno siguiente de Felipe Sapag estaba por ponerla en funcionamiento, gracias a ciertos cambios que se realizaron sobre la norma, el Tribunal, a pedido de abogados, jueces y fiscales, resolvió la suspensión provisoria de su vigencia.
Esa causa fue finalmente resuelta el jueves pasado y dada a difusión ayer.
En realidad, el Tribunal Superior -integrado para esta causa por dos vocales subrogantes- decretó la inconstitucionalidad de algunos artículos de la ley, pero son tantos y tan importantes que, sin ellos, es imposible poner en funciones el organismo anticorrupción.
El principal argumento para llegar a esta conclusión judicial está orientado hacia la manera en que la ley preveía la designación de los fiscales, que eran tres.
Se establecía que los fiscales pertenecerían al Ministerio Público y, por ende, al Poder Judicial, pero serían designados por el Ejecutivo con acuerdo de la Legislatura. Ello habría significado, a opinión del Triubunal, la injerencia de un poder sobre otro y, esencialmente, una delegación de funciones que prohíbe la Constitución porque es la cúpula de la Justicia la que nombra a los fiscales, con acuerdo de la Cámara de Diputados.
Otro punto controversial eran las atribuciones del fiscal anticorrupción. Se había legislado que podían quitarle causas a los fiscales penales naturales. Este fue otro de los motivos que llevó a la Justicia a ordenar la derogación de buena parte de la ley.
La norma original establecía que habría un solo fiscal anticorrupción con un suplente y que su designación debía contar con los dos tercios de los votos de los diputados.
Ya cuando el felipismo había tejido una férrea alianza con el PJ y parte de la UCR, se resolvió aumentar el número de fiscales anticorrupción a tres y reducir la exigencia de mayorías en el recinto. El gobierno propuso entonces a la felipista Alejandra Bozzano, al ex camarista Eduardo Popovsky (identificado con el PJ) y a Roberto Muscarsel, al que todos indicaban como allegado a los radicales.
Mientras los políticos dilataban los nombramiento, el Tribunal Superior destinaba presupuesto al nombramiento de los funcionarios menores de la fiscalía anticorrupción.
Justo cuando Bozzano, Popovsky y Muscarsel estaba a punto de ser designados, los vocales del TSJ suspendieron la vigencia de la ley, preventivamente.
"Violaba el derecho de defensa"
NEUQUEN (AN) - Otro de los motivos por los cuales el TSJ derogó por inconstitucional la mayoría de los artículos de la ley es que se dotaba al fiscal anticorrupción de la facultad de suspender provisoriamente al funcionario sospechado. Ello habría significado la violación del derecho a defensa.
Para resolver esta causa, el Tribunal tuvo que constituirse con dos subrogantes, Luis Silva Zambrano y Lorenzo García, pero ellos y los vocales Armando Vidal y Fernando Macome tuvieron poco trabajo porque el único voto fundamentado que aparece en la sentencia es el de Marcelo Otharán. El resto adhirió.
"Si bien es cierto que una medida de suspensión preventiva no prejuzga sobre la cuestión de fondo a dirimirse en el marco de un sumario administrativo, no es menos cierto que si la resolución adoptada es arbitraria, irrazonable o irrazonada, es susceptible de poder ser cuestionada por el afectado tanto en sede administrativa como su posterior revisión judicial", opinó Otharán.
La demanda es de abogados, fiscales y jueces contra la provincia, cuya defensa ejerce, por ley, el fiscal de Estado. Pero hay un detalle llamativo en esta causa. El fiscal de Estado de ese entonces, Marcos Silva -que subrogaba al destituido Jorge Andión-, rechazó primero las acusaciones pero más tarde, para evitar los gastos que demandaría la pérdida del juicio, pidió que se hiciera lugar a la demanda y se manifestó a favor de los argumentos de la acusación. Dos de los demandantes se presentaron entonces a pedir que se dicte sentencia porque el fiscal, "como si se tratara de otra persona, adhiere a la demanda". Y agregaron: "resulta a todas luces injusto que luego de todo lo actuado, para quien ha motivado estas actuaciones resulte totalmente gratuito".
Neuquén no respeta acuerdos, dice Delich
NEUQUEN (AN).- El gobierno nacional acusó a la provincia de no cumplir con acciones pactadas en ámbito del Consejo Federal de Educación por lo cual se suspendió la aplicación de "diferentes programas" en Neuquén. Andrés Delich, titular de la cartera educativa, respondió ayer a una nota de diputados provinciales de la Alianza, que habían reclamado por el congelamiento de casi 5 millones de pesos para el las escuelas neuquinas.
Delich aseguró que la suspensión de las remesas de dinero no se relaciona con la decisión del gobierno de Jorge Sobisch de suspender la aplicación de la ley federal en la provincia sino porque "sin mediar ninguna comunicación se ha apartado del contexto de acuerdos" y decidió "suspender algunas de las acciones que impulsa el ministerio". El funcionario citó como ejemplo el operativo nacional de evaluación de la calidad.
Además, ayer se decidió que la próxima semana se realizará el plenario de comisiones -desarrollo social y presupuesto y hacienda- para tratar la situación del Instituto de Seguridad Social de Neuquén. La convocatoria se formuló con el aval de los diputados integrantes de la comisión legislativa de desarrollo social.
Tras el paro de estatales en defensa del ISSN, un grupo de legisladores recibió a dirigentes sindicales y se comprometieron a impulsar el plenario para el martes próximo al mediodía. La participación de la comisión de hacienda y presupuesto resulta fundamental debido a que toda decisión sobre el tema incidirá en el cálculo de recursos para este año. Según estimaciones, la obra social provincial representa aproximadamente el 17% del presupuesto, unos 170 millones de pesos.
Ante la crisis del ISSN por el déficit de la caja previsional, la propuesta del Poder Ejecutivo es elevar los aportes del Estado y de los empleados. Los gremios se oponen a esta iniciativa y reclaman que el Estado pague lo que consideran una "deuda histórica" que tiene con la obra social por la falta de aportes como empleador.
Para el oficialismo en la cámara, antes de comenzar con el análisis del ISSN se debe abordar el proyecto de presupuesto para este año. Para comenzar este tratamiento, se invitó para mañana al ministro de Hacienda, Obras y Servicios Públicos, Alfredo Pujante, que debía haber concurrido ayer.
Tratan designación de jueces
NEUQUEN (AN).- La comisión de Asuntos Constitucionales decidió llevar al recinto en la próxima sesión las propuestas del Tribunal Superior de Justicia de designar a Lilia Moyano juez de Familia y a Héctor Dedominichi, juez Correccional. Ambos nombres llegarán a la Cámara sin que haya certeza de que se aprueben sus disignaciones.
Lilia Moyano es uno de los magistrados que renunció a demandar al Poder Judicial por la no aplicación de bonificaciones sobre la suma no remunerativa que cobraban y fue "blanqueada" a fines del años pasado.
Dedominichi, en tanto, actual secretario de Recursos Extraordinarios del TSJ, fue propuesto el año pasado y su pliego rechazado por los diputados porque su nominación no fue el resultado de un concurso.
El actual secretario está propuesto para ocupar el juzgado correccional que quedó vacante tras el alejamiento del juez Jorge Aldana y que su falta de cobertura y la no creación de un tercer juzgado ha acumulado causas y algunas de ellas corren riesgo de prescribir.
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