Los municipios se endeudan por 12 millones anuales

La Legislatura aprobó ayer un plan de saneamiento financiero.

VIEDMA (AV).- El déficit anual de los municipios ronda los 12 millones de pesos. Esa información fue aportada en la Legislatura por el oficialismo que aprobó un Programa de Saneamiento Financiero y Desarrollo Económico, que estableció un instrumento de "reestructuración de pasivos y mejorar el perfil de endeudamiento".
Además, el proyecto conlleva un apoyo provincial por la deuda pero exige la firma de un convenio para "sanear las finanzas municipales" y se aplicarán sanciones ante su incumplimiento". El acuerdo tendrá metas anuales, que contemplarán gastos personal, recaudaciones, deudas y erogaciones de los distintos poderes municipales. También, se prevé la emisión de bonos municipales.
El programa fue aprobado ayer sólo con el voto del bloque de la Alianza. La oposición advirtió que el endeudamiento responde al atraso de la provincia en la transferencia de la coparticipación. El oficialismo respondió que el déficit municipal era estructural y se mantiene en 12 millones por año.
El presidente de la Comisión de Asuntos Municipales, Alfredo Pega informó que las comunas registraban, entre 1993 y 1995, recursos por 111 millones y las erogaciones eran de 123 millones mientras que en la actualidad los ingresos rondan los 109 millones contra gastos por 122 millones. Así, el parlamentario radical argumentó que la demora de la coparticipación no profundizó el endeudamiento porque el déficit responde a "problemas estructurales".
Asimismo, Pega manifestó que "se les está exigiendo a los municipios que deben apuntar a la eficiencia y eficacia, trabajar por los servicios y el equilibrio fiscal y saneamiento de sus finanzas". Aclaró que el programa le permitirá acceder a un mercado de financiamiento.
Por su parte, la justicialista Silvia Jáñez criticó el "modelo de gestión" que se requiere de los municipios para obtener un financiamiento del Fondo Fiduciario.
Los justicialistas Jáñez y Sigifredo Ibáñez coincidieron en que las deudas de los municipios se generaron en los atrasos de la coparticipación provincial, que "actualmente se mantiene". Además, Ibáñez entendió que el Estado provincial debería avalar con la coparticipación la emisión de un bono municipal, lo cual, simplificaría la reestructuración de los pasivos. A su turno, el legislador Guillermo Grosvald del MPP también fundamentó su negativa al Programa de Saneamiento Financiero.
Esa asistencia tendrá su correlato de programas de ajustes por parte de los municipios. En el marco de las exigencias, la reglamentación de la norma establecerá "los coeficientes de una estructura económica-financiera saneada y el plazo máximo que dispondrán los municipios para arribar al cumplimiento de las metas anuales de coeficientes estructurales óptimos".
El Fondo Fiduciario posibilitará a "los municipios el acceso a instrumentos" para su saneamiento. Entre otras funciones, ese mecanismo "permitirá suscribir toda la documentación que se requiera para la concreción de las operaciones activas y pasivas del Fondo".
Ese Fondo -que prevé un máximo de funcionamiento de 30 años- se constituirá con la coparticipación provincial, tasas y otros tributos municipales, recursos de la gestión de cobranza de cartera morosa, como así también, la obtención de fondos en entidades crediticias.
Economía será la autoridad de aplicación y, entre otras facultades, retendrá a favor del Fondo Fiduciario aquellos recursos de coparticipación cedido como forma de pago en el contrato de fideicomiso.
La iniciativa crea un Comité Directivo para manejar el Fondo y será integrado por dos representantes legislativos, dos miembros del Ejecutivo (de las áreas de Gobierno y Economía) y el intendente del "municipio involucrado".
Durante la sesión de ayer también fueron aprobados los proyectos que autorizan al Ejecutivo a donar o transferir a título gratuito a las municipalidad de Chimpay y El Bolsón y al Centro de Retirados, Jubilados y Pensionados Municipales de Roca de tres inmuebles ubicados en esas jurisdicciones.
Asimismo, se aprobó la declaración de monumento y patrimonio cultural de Río Negro del edificio de la estación ferroviaria de la localidad de Ingeniero Huergo.

Ratifican comisión de "estudio" para la CEB

La Legislatura ratificó ayer la creación de la comisión de estudio de la Cooperativa de Electricidad de Bariloche y un período de transición en la Defensoría del Pueblo por 90 días.
Ambos proyectos fueron aprobados en segunda vuelta.
La iniciativa de análisis del CEB tuvo algunas reformas, que se generaron anteanoche después del debate dentro del bloque oficialista.
El autor Roberto Medvedev reclamaba precisar que se trataba de una comisión de investigación.
En definitiva, la redacción incluyó que la comisión tendrá el encuadramiento jurídico originado en el inciso 17 del artículo 139 de la CP, que fija las facultades y deberes de la Legislatura. Ese texto permite las más variadas interpretación: algunos -como Medvedev y los no veranistas- entienden que sí se trata de una comisión investigadora mientras la evaluación restante afirma que esa constitución se generan a partir de "hechos determinados" (inciso 3).
Así, la difusa redacción dejó pendiente el debate, como también la integración de la comisión, advirtiéndose que un sector se opone a la incorporación de Medvedev.
La Legislatura sancionó también la ley de acefalía de la Defensoría del Pueblo que se trató en la sesión del 26 de abril ya que no existía acuerdo para designar al reemplazante de Juan Kugler.
Inicialmente, se designó a Oscar Meilán pero ayer se eligió a Daniel Ayala para cumplir con ese interinato por un máximo de 90 días. Ahora, Labor Parlamentaria determinará en los próximos días el mecanismo para designar al nuevo Defensor.
Todo indica que será por concurso público, incluso ya formalizó su propia candidatura el ex diputado radical, Jorge Martín.
También fue sancionada la norma que establece penas para los juegos de azar y apuestas prohibidas, como así también una modificación al marco regulatorio para la prestación del servicio público de agua potable, previéndose "la restricción del suministro a quienes no abonen la tasa correspondiente y no justifiquen fehacientemente la imposibilidad de pago". (AV)

Foto: La Legislatura también sancionó la ley que establece penas para los juegos de azar y apuestas prohibidas.