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La Cámara de Diputados aprobó anoche ampliar las facultades de las fuerzas policiales para que puedan interrogar a los sospechosos detenidos en el lugar del hecho y efectúen requisas personales y de pertenencias con finalidad preventiva.
La Cámara baja dio media sanción a la iniciativa y la giró al Senado, luego de un arduo debate que demandó varias sesiones de la comisión de Legislación Penal y por lo menos tres intentos de debates frustrados en el recinto, a raíz de la fuerte polémica ideológica que desató su tratamiento.
La discusión de la iniciativa comenzó con un discurso del vicepresidente de la comisión de Legislación Penal, el radical Julio Tejerina, quien dijo que es necesario sancionar esta ley para que la Policía tenga mayores herramientas para su tarea preventiva.
El legislador dijo estar convencido de que la sanción del proyecto "es un primer paso" para que se combata la ola de delincuencia que acota el país, tras lo cual agregó que "redundará en beneficio del pueblo argentino". Tejerina describió que se registró un incremento del 45 % de los delitos entre 1990 y el 2000.
Por su parte, la peronista María del Carmen Falbo reafirmar a la discusión y búsqueda de consenso, indicó que "la violencia que está instalada en la sociedad y los requerimientos de terminar con estos delitos hace que haya reflotado este tema".La legisladora indicó que en el proyecto aprobado "se resguardan las garantías constitucionales".
A su turno, el radical Marcelo Stubrin apuntó que los diputados "no estamos en una apuesta ideológica: ni mano dura ni blanda. Se trata de evitar que los resultados de las actuales políticas de seguridad se convierta en un nivel de impunidad".
Por su parte, la radical Elisa Carrió señaló que "la violencia tiene su origen en un problema económico-social y el 80 % son víctimas que pasan a convertirse en victimarios".
Para destrabar la sesión, los bloques resolvieron no modificar el artículo 138 del Código Procesal Penal, por el que se establece que la policía deberá estar asistida por dos testigos que en ningún caso podrán ser de la repartición, según informó el presidente de la comisión, Dámaso Larraburu.
Todas las modificaciones fueron preacordadas en la madrugada con el viceministro de Justicia, Melchor Cruchaga quien se mantuvo en permanente contacto con el Ejecutivo.
El dictamen de consenso también modifica el artículo 186 del Código Procesal Penal para que se eleve de 3 a 5 días el plazo de entrega del sumario de prevención por parte de la policía a la Justicia. (Infosic)
Modificaciones
* El dictamen de consenso modifica el artículo 186 del Código Procesal Penal para que se eleve de 3 a 5 días el plazo de entrega del sumario de prevención por parte de la policía a la Justicia.
* Se amplía el período de incomunicación. La policía podrá aprehender a los culpables de un delito y disponer su incomunicación por un máximo de 10 horas, sin autorización judicial.
* En los delitos de acción pública, podrán interrogar al sospechoso en el lugar del hecho sobre circunstancias relevantes para orientar la inmediata continuación de las investigaciones.
* Los policías podrán, sin orden judicial, requisar a las personas e inspeccionar los efectos personales que llevan, así como el interior de vehículos.
* Disponer la clausura de un local en que se suponga, por vehementes indicios, que se cometió un delito.
* Los agentes policiales podrán secuestrar los objetos relacionados a un delito si ello es el resultado de un allanamiento con permiso judicial previo.
* La policía podrá interrogar a un sospechoso sólo para constatar su identidad. En el caso de que exista una urgencia o el imputado desee confesar se podrá tomar declaración con la presencia de cualquier juez, aunque no sea el de la competencia específica.
De la Rúa vetó artículo de la ley del "dos por uno"
El presidente Fernando de la Rúa vetó un polémico artículo incluido en la modificación de la denominada ley del "dos por uno", por medio del cual el Consejo de la Magistratura debía realizar un seguimiento de los jueces que demoraban más de dos años en resolver la situación procesal de un detenido. El cuestionado artículo había sido elaborado por la Cámara de Diputados, al sancionar la ley 24.390 que establece los plazos de prisión preventiva. La ley computa como doble cada día de detención de aquellas personas que hayan superado los dos años de plazo sin sentencia firme.
Los diputados incluyeron un artículo (el noveno), a través del cual se exigía a los jueces que informen acerca de las demoras en la resolución de los casos -una vez superados los dos años-, ante el Consejo de la Magistratura, organismo que debía realizar un seguimiento.
La inclusión del artículo fue altamente cuestionada por el Senado y por la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales, que consideraron que de esa manera se produciría una injerencia administrativa sobre el procedimiento judicial, provocando una erogación innecesaria.
Los magistrados y funcionarios judiciales destacaron además en oposición al artículo que "el control de los jueces lo hacen los tribunales superiores". (DyN)
La Coordinadora contra la Represión Policial repudió la iniciativa
La Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) expresó ayer su repudio al proyecto de ley que amplía las facultades de la Policía y que permitirá a efectivos de la fuerza interrogar a sospechosos de delitos.
El organismo sostuvo que el aumento de las facultades policiales "forma parte de la única respuesta del sistema a la exclusión y la marginación social, replicando la miseria con mayor aparato penal y policial".
La Correpi consideró que los votantes de esta reforma "serán responsables de la proliferación de privaciones ilegales de la libertad, vejaciones, abusos de autoridad y gatillo fácil, como ya ocurre a diario en la provincia de Buenos Aires".
Además, destacó que "el único efecto real de la reforma será que la Federal, que siempre hizo lo que quiso con la población más desprotegida, ahora puede seguir haciéndolo con el Código procesal dando validez legal a sus actos. Ahora, todos quedaremos a merced del conocido "olfato policial, salvo los sectores dominantes", aseguró la organización en un comunicado.
Según la Correpi, "es falso que sea necesario que el Policía pueda interrogar al sospechoso en el lugar de detención para poder actuar de inmediato, si el individuo quiere decir algo útil".
"Interrogar significa preguntar y siendo el interrogador el policía, también quiere decir presionar. La posibilidad de recoger del presunto imputado indicaciones e informaciones útiles a los fines de la investigación, es la institucionalización de la tolerancia a la tortura", advirtió.
Por otra parte, el jefe de la Policía Federal, comisario general Rubén Santos, concurrirá hoy a la comisión de Seguridad Interior del Senado, presidida por el justicialista Carlos Corach, para informar sobre la situación de la seguridad pública. El jefe policial concurrirá al salón de Lectura de la Cámara alta y tras el encuentro encabezará junto con Corach una conferencia de prensa. La presencia de Santos coincide con el debate en la Cámara del proyecto de ley que aumenta las facultades de la policía.
Esa iniciativa es producto del reclamo general en favor de una rápida mejora en el sistema de seguridad, ante la creciente ola de delitos que tiene lugar especialmente en provincia de Buenos Aires. Santos manifestó la semana pasada que el aumento de la delincuencia hay que vincularlo más al consumo de drogas que a la pobreza. (Infosic)
Vuelven reembolsos para puertos patagónicos
Diputados aprobó por amplia mayoría y giró al Senado un proyecto de ley para restituir los reembolsos para los productos de mar de las provincias exportados por puertos de la Patagonia.
La iniciativa es un viejo reclamo de las provincias del sur que vieron anuladas en 1996 ese beneficio, y ayer recibió duros reparos de diputados de otros distritos, como los bahienses Juan Pablo Baylac y Dámaso Larraburu.
El diputado Rafael Flores, Presidente de la Comisión de Comercio, impulsor y defensor del proyecto de ley, explicó a este diario que con la media sanción "se hizo justicia con la región patagónica" ya que ella permitirá la restitución de los rembolsos a los productos pesqueros originarios de la región ubicada al sur del río Colorado, que habían sido exceptuados en 1996, ya que mediante la resolución 1229 se estableció que el mar no pertenecía a esta región. Otro punto central del proyecto dispone que se excluya del beneficio a las operaciones realizadas por barcos de bandera o personal extranjeros. (AR) |
