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Domingo 20 de mayo de 2001 | |
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El gobierno rescindió el contrato por los DNI |
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El gobierno de la Alianza decidió ayer dejar sin efecto el primer contrato firmado por el anterior gobierno, al informarle a la empresa alemana Siemens que no le encargará finalmente la elaboración de los documentos de identidad ni tampoco el sistema de identificación e informatización de las fronteras, debido a su alto costo. Se viene una fuerte discusión por la indemnización a la empresa, que se estima en 150 millones de pesos. |
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| Buenos Aires.- El gobierno notificó ayer oficialmente a la empresa Siemens su decisión de rescindir el contrato para la confección de los DNI, firmado durante la administración menemista, lo que ya desató una polémica en torno del monto que el Estado deberá pagar en concepto de indemnización a la firma alemana. La notificación se produjo sin grandes anuncios y con un muy bajo perfil, durante un encuentro que el jefe de Gabinete, Chrystian Colombo, y el ministro del Interior, Ramón Mestre, mantuvieron ayer a la mañana en la sede de la cartera política con el vicepresidente ejecutivo de Siemens, Rodolfo Schmidt, y el director económico financiero de la empresa, Andrés Truppel. Esta es la primera vez que el gobierno de la Alianza, desde su llegada al poder en diciembre de 1999, anula un contrato que había sido rubricado durante la gestión menemista. La compañía, en un comunicado, informó que no hará comentarios sobre la resolución oficial hasta tanto conocer "el texto completo del decreto presidencial" por el cual se dispondrá la rescisión del contrato. "Una vez en poder de una copia del decreto, y que la empresa haya realizado el análisis correspondiente y evaluado las acciones que adoptará en salvaguarda de sus derechos e intereses, se expedirá oportunamente", expresó Siemens. Previamente, el propio Colombo había confirmado en declaraciones a un matutino porteño que el presidente Fernando de la Rúa decidió dar marcha atrás con el contrato "de común acuerdo" con la empresa, tras considerar el alto valor de renovación de los documentos. Según la Sindicatura General de la Nación (Sigen), el gobierno hizo uso de su "derecho" en base a la ley de Emergencia Económica, por lo cual, sólo debería reintegrarle a la empresa de origen alemán el capital invertido hasta ahora. Siemens ahora reclama la devolución de 150 millones de pesos de la inversión que asegura le llevó la licitación. Pero la Sigen puso en duda esta cifra. El subsecretario de la Sigen, Aníbal Gutiérrez, dijo en ese sentido que si bien existe un trabajo de una consultora privada "que estableció la inversión de Siemens en 150 millones de pesos", para "nuestros técnicos es una cifra elevada". "La rescisión de un contrato de licitación está dada por la ley 25.344 de emergencia económica que configura las causales de fuerza mayor", explicó el subsecretario. "De esta manera, el Estado no está obligado a indemnizar a la empresa, simplemente tendría que reintegrar las inversiones producidas, pero sin pagar el lucro cesante, por ejemplo", expuso Gutiérrez. La Sigen había elevado al Presidente un informe con varios cuestionamientos al contrato firmado por el ex presidente Carlos Menem en octubre de 1998, a partir de "cuestiones informáticas, plazos para la entrega de documentos e indefiniciones del contrato". "Pero el principal cuestionamiento era el del precio porque la empresa se negó a dar a conocer la estructura de costos de su confección", explicó Gutiérrez en declaraciones radiales. La empresa comenzó cobrando 36 pesos la renovación de los documentos, pero después de varios cuestionamientos bajo el precio a 24. "Comparándolos con los costos en el resto del mundo lo estábamos pagando caro, pero no pudimos ver los costos", resumió el subsíndico. Esos montos quedaron sospechados luego de que la Policía Federal y la Casa de la Moneda propusieron por separado que podrían ofrecer el mismo trabajo por 12 pesos, mientras que el Instutito Geográfico Militar por sólo 2 o 3 pesos. La rescisión se decidió luego de una polémica interna entre los ministros de Economía, Domingo Cavallo, que estaba a favor de la continuidad del contrato, y del Interior, Ramón Mestre, que quería cortarlo. Cavallo aprobaba el contrato porque en dos oportunidades se había comprometido a no rescindirlo ante el canciller alemán, Gerard Schroeder, mientras que Mestre lo rechazaba por sus serias irregularidades Pese a la insistencia del jefe de Economía, De la Rúa esta vez coincidió con Mestre y, finalmente, el ministro del Interior logró torcerle el brazo a Cavallo, tal vez por primera vez desde su desembarco en el gobierno. El elevado costo, presiones y sospechas guiaron la decisión El elevado costo del contrato, la presunción de algunas irregularidades y cierta presión que habría llegado desde los Estados Unidos, terminaron por decidir ayer al Ejecutivo por la rescisión del contrato con Siemens, firmado por el ex ministro del Interior Carlos Corach. |
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