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El titular de la CGT disidente, Hugo Moyano, atacó con dureza a la administración de Fernando de la Rúa, a quien acusó de no tener "capacidad para conducir los destinos" del país, y le reclamó que, como "gesto de grandeza", convoque a elecciones presidenciales anticipadas.
Tres las críticas, convocó a una "gran movilización" a la Plaza de Mayo, para el 31 de este mes, insistió en reclamar "un cambio del modelo económico" y llamó a "luchar contra la antipatria".
El gobernador bonaerense, Carlos Ruckauf, también salió a golpear y aseguró que ya existe un "estallido social" y responsabilizó de ello a la administración central.
De la Rúa le contestó que sus declaraciones "están fuera de foco".
"Se de la gente que pasa necesidad, pero descalifico a quienes usan el dolor ajeno para armar operativos políticos", indicó.
Moyano informó ayer que el 31 de mayo se anunciará un plan de lucha y no descartó la convocatoria a una huelga o movilizaciones en las principales ciudades del país.
En clara referencia al presidente De la Rúa, Moyano dijo: "que tenga la grandeza de decirle a la sociedad que no está en condiciones de gobernar. No tiene capacidad para conducir los destinos de este país y el país se hunde como el Titánic".
Las palabras del sindicalista rebelde no hicieron más que poner blanco sobre negro lo que varios dirigentes de la oposición y, aún, del oficialismo dicen por lo bajo.
La central disidente también planea participar en una movilización que se realizará el 29 de mayo en Rosario y acompañar la manifestación de los aeronáuticos en defensa de Aerolíneas, que se hará el 24 de este mes.
Las medidas se anunciaron en momento en que grupos de piqueteros surgen en diferentes puntos del país en reclamo de fuentes de trabajo, mientras que el gobierno habla de la presunta presencia de "infiltrados" en esos sectores.
Según un informe de "inteligencia" hombres y mujeres de países limítrofes "se sumarían a estos sectores de piqueteros" para provocar "disturbios, en un intento por reflejar una situación de caos y de desgobierno".
Moyano expresó ayer su "solidaridad" con los trabajadores que se movilizan y hacen cortes de rutas como los del caucho, mecánicos, empleados textiles, ceramistas y desocupados", en diversos puntos del país.
El dirigente sindical criticó con dureza a la administración del presidente Fernando de la Rúa por entender que "no está capacitado para gobernar" y recordó que en un año y medio de gestión delarruista "hay más deuda, más desocupación, más hambre y más miseria". (DYN y Télam)
Cafiero reconoce errores por la pobreza
Un día después de que el presidente Fernando de la Rúa atribuyera a "elementos políticos" la organización de cortes de ruta en La Matanza y en el interior del país, el ministro de Desarrollo Social, Juan Pablo Cafiero, reconoció que al Estado "le ha ido mal en su lucha contra la exclusión social".
Poco antes de partir rumbo a Santa Fe para promocionar su proyecto de Pacto por la Niñez, Cafiero expuso la preocupación que tiene el gobierno frente a la extensión de la protesta social, al señalar que la situación "es tan dramática que no hay lugar para mezquindades políticas".
"Tenemos que ser humildes y reconocer que al Estado le ha ido mal en su lucha contra la exclusión social. La gente -dijo el único ministro frepasista del gabinete- no hace diferencia entre el Estado nacional, provincial y municipal. Sólo reconoce un Estado que sigue en falta en su combate contra la pobreza".
La situación planteada por los cortes de rutas y protestas que recrudecieron en los últimos días en distintos puntos del conurbano bonaerense y del interior obligó al gobierno a descartar el martes la posibilidad de "un estallido social" y llevó, tanto a De la Rúa como a la ministra de Trabajo, Patricia Bullrich, a sostener que detrás de las protestas sociales hay grupos organizados.
En contrapartida, el gobernador Ruckauf y el ex ministro del Interior, Federico Storani rechazaron ayer las declaraciones oficiales.
En este sentido, Ruckauf se preguntó ayer "qué es lo que se ve por TV sino un estallido social" y consideró que "las provincias no tenemos respuesta a esta crisis, porque le dimos el manejo del dinero al presidente De la Rúa, con la firma del último pacto fiscal".
También el ex ministro del Interior, Federico Storani -a quien le tocó reprimir con la Gendarmería una ocupación de un puente internacional en Corrientes a dos días de asumir el gobierno, con el saldo de dos manifestantes muertos-, criticó la actitud de atribuirle motivaciones políticas a la protesta.
"Intentar la descalificación general diciendo que todos los que están allí son agitadores, desestabilizadores, etcétera, supondría que el único camino que queda es la represión y eso -advirtió- es peligrosísimo".
Gremios firman preacuerdo con Aerolíneas, pero no alcanza
Con el plazo de la conciliación a punto de expirar, el Ministerio de Trabajo intentaba anoche destrabar el conflicto de la empresa Aerolíneas Argentinas, para lo cual precisa que el preacuerdo que suscribieron ya cuatro gremios alcance a todo el arco sindical del sector.
La reunión clave es la que se aguardaba anoche entre el Ministerio y la Asociación de Personal Técnico Aeronáutico (APTA), que adelantó a través de su secretario general, Ricardo Cirielli, su rechazo a la posibilidad de un arbitraje.
"No vamos a aceptar este tipo de arbitraje porque el resultado final va a ser meternos nueve horas de trabajo, reducciones salariales y reducciones de personal", dijo Cirielli.
En APTA puntúan dos cuestiones: aseguran que un arbitraje sería "desastroso" porque "quedaríamos solos y expuestos, ya sin retorno"; por el otro, apuntan a que el Ministerio prolongue el plazo de la conciliación, posibilidad para la cual la cartera ya se mostró renuente.
Cirielli, al respecto, dijo que "a partir de mañana estaríamos en libertad de acción ambas partes. Vamos a continuar trabajando y esperamos que el gobierno argentino continúe con la conciliación obligatoria".
Lo cierto es que Cirielli recibió una advertencia directa del secretario gremial de la Asociación de Pilotos, Luis Piotti, quien subrayó que "la vida de esta empresa no puede depender de la voluntad de una persona o de dos que se niegan sistemáticamente a negociar".
Piotti señaló que el preacuerdo implica a una "gran porción de trabajadores", 5.000 de un total de 7.000, pero que si no lo suscriben las siete organizaciones "esto no tiene validez y podemos volver al día 24 de abril donde la empresa estaba parada en su totalidad y con la fuente de trabajo totalmente cerrada".
Los gremios que suscribieron ya el preacuerdo son pilotos (APLA), personal superior (UPSA), técnicos de vuelo (ATVLA) y personal de vuelo, y quienes aún no lo firmaron son personal de tierra, APTA y aeronavegantes (AAA).
El acta, básicamente, define una estabilidad no inferior a los dos años y la redefinición de salarios. (DyN) |
