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Lunes 14 de mayo de 2001 | |
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Las causas judiciales condicionan al PJ en el Senado |
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Entre el pacto de silencio por los presuntos sobornos en la aprobación de la ley Laboral y la fuerte presión del menemismo por la venta de armas, los legisladores se mueven con limitaciones. |
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| Lejos de la superficie política y apartadas de los previsibles debates parlamentarios, las causas judiciales son en este momento el principal condicionante de la actuación del mayoritario bloque de senadores justicialistas. En el último mes hubo dos movimientos que actuaron como pinzas sobre varios legisladores y que exhibieron las limitaciones de la bancada para definir una estrategia política certera. La primera evidencia se produjo hace "aproximadamente un mes", según confirmó un senador del PJ que aceptó hablar después de mucha resistencia y ante la evidencia de que se había producido una filtración. Se trató de una gestión realizada por "algunos" de los senadores imputados en la causa de los sobornos, para sellar un "pacto de silencio" con los sectores del bloque más molestos con el costo político que debieron pagar por los episodios del año pasado. Los imputados del PJ en la causa de los sobornos son Augusto Alasino, Remo Costanzo, Emilio Cantarero, Ricardo Branda, Alberto Tell y Angel Pardo. El tema fue tratado por grupos, nunca en una reunión de bloque, y ciertos diálogos, según las fuentes, se realizaron en forma personal directamente en las respectivas provincias de los legisladores para evitar posibles filtraciones. No obstante, no todos los senadores del bloque estuvieron al tanto de la movida. Básicamente el acuerdo que los afectados por la causa que investiga el juez Gabriel Cavallo le propusieron a sus pares fue diluir el tema en público cada vez que haya riesgo de reactivación. "El pedido fue que no se hablara más del tema, que no se respondieran más cuestionarios o pedidos de información personal, que no se contribuyera con los recurrentes coletazos de la causa hasta que lleguen las elecciones", explicó el senador consultado. Por un lado, los imputados sospechan que últimamente hubo muchos pedidos de datos personales o patrimoniales que tenían segundas intenciones, algunas de ellas relacionadas con la justicia. Por el otro, los abrazó el temor de que los sectores descontentos con pagar un alto costo por compartir con ellos la bancada le soltaran la mano en un momento de fuertes reacomodamientos políticos en todo el espectro partidario. El corolario de esta gestión se produjo cuando el ministro de Economía, Domingo Cavallo, concurrió al bloque para reclamar la rápida sanción de la delegación de facultades legislativas. Allí el ministro se solidarizó con la situación de los senadores imputados y compartió con ellos sus penas. "Yo también fui víctima de la justicia", se congració Cavallo. A diferencia de lo que se difundió después, no fue el titular de Economía el mentor de esa defensa sino los propios senadores los que exigieron ese respaldo a cambio de un trámite fluido de la ley de superpoderes. Satisfechos con el resultado, los senadores aceitaron desde entonces los vínculos con Economía y prometieron la aprobación de las leyes que remitiera Cavallo siempre y cuando no afectaran directamente a las provincias. Sin embargo, en forma inesperada, Carlos Menem fue citado por la justicia en la causa de la venta de armas y se activó el segundo movimiento. En principio, cuando el fiscal Carlos Stornelli solicitó su indagatoria, fue relativamente simple aunar voluntades para hacer el acto de solidaridad con Menem que se realizó en el Congreso. Pero cuando el juez Jorge Urso aceptó la recomendación del fiscal, el menemismo no encontró el mismo eco para manifestar disconformismo. "Una cosa es hacer una manifestación política ante el dictamen de un fiscal que no tiene fundamentos, y otra es el pedido de indagatoria de un juez", admitió entonces un referente de la bancada. En el bloque de senadores el menemismo tiene tres representantes encumbrados, Eduardo Menem, Eduardo Bauzá y Carlos Corach. (DYN) |
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