Sábado 12 de mayo de 2001

 

Embajador admitió haber hablado con Sarlenga

 

El embajador argentino en EE. UU., Guillermo González, declaró ante Urso por la causa de armas y admitió haber hablado con Sarlenga y que la Cancillería recibía presiones de Defensa.

  El embajador argentino en EE.UU, Guillermo González, negó ayer haber conocido personalmente a su principal acusador, el ex interventor de Fabricaciones Militares, Luis Sarlenga, aunque admitió haber hablado una vez telefónicamente con el ex funcionario sobre un decreto que autorizaba la venta de armas a Venezuela y que finalmente permitió el desvío de las mismas al Ecuador y Croacia.
"Me enteré por la prensa que fueron desviadas", recalcó el embajador tras finalizar su indagatoria, que se prolongó durante cinco horas, ante el juez Urso.
Si bien González reconoció haber dialogado con Sarlenga, negó el contenido de las frases que constan en el expediente y que fueron formuladas por Sarlenga para incriminarlo.
González, que estuvo a cargo la subsecretaría de Asuntos Políticos de Cancillería en 1994, fue por Sarlenga como uno de los funcionarios que gestionó ante el canciller Di Tella la aprobación del decreto 103, que autorizaba la venta de armas a Venezuala.
Según Sarlenga (ver aparte), González le dijo que "sabía adónde iba todo el armamento y que había un embargo y que al canciller no se le podía vender pescado podrido". Preguntado sobre ese ítem por los periodistas, el diplomático dijo que "no es una frase que sea mía, no nos conocemos, no es el trato que tienen dos funcionarios que no se conocen".
Fuentes de la investigación señalaron que González deslizó que la Cancillería recibía presiones de funcionarios del ministerio de Defensa para que se firmara el decreto en cuestión. Según los voceros, la situación de ex funcionarios de esa cartera es comprometida, como el caso del ex secretario de Planeamiento de Defensa Guillermo Etchechourry, de quien Stornelli volvió a pedir su indagatoria.
En cambio, González no incriminó directamente a quien fue titular de la cartera de Defensa, Oscar Camilión, quien está procesado en la causa por falsedad ideológica de instrumento público y aún no fue llamado a indagatoria por asociación ilícita.
"Respondí con detalle y justeza cada una de las inquietudes del juez y del fiscal y les agradezco la posiblidad de regresar a Washington donde tengo muchas cosas por hacer", dijo González.
Por su parte, el abogado que asistió al diplomático en la indagatoria, Gonzalo Vergara, dijo que su defendido es "absolutamente ajeno" a las maniobras y aseguró que "no será procesado".
La situación de González es por ahora más favorable que la de los restantes imputados, ya que sus fueros diplomáticos lo protegen, por lo que Urso sólo está habilitado para indagarlo, pero no para detenerlo. (Infosic)

"Fue de gran utilidad su declaración"

El embajador González dejó por unos días sus ocupaciones en Washington y viajó a Buenos Aires para declarar ante el juez federal Jorge Urso, bajo cargos de falsedad ideológica del documento público (el decreto 103) y asociación ilícita, en calidad de presunto miembro.
"Fue de gran utilidad la declaración del embajador", sostuvo el fiscal federal Carlos Stornelli en declaraciones a la prensa. Otras fuentes dijeron que el diplomático -que tras quedar imputado en el caso fue ratificado en su cargo por el Gobierno de Fernando de la Rúa- contó que en diciembre del "94 conversó por teléfono con Sarlenga acerca del decreto 103, que el entonces canciller Guido Di Tella firmaría poco después para aprobar una exportación de fusiles FAL y municiones a Venezuela. No obstante, el material bélico argentino fue, en realidad, transportado a Ecuador por vía aérea, en forma clandestina y en plena guerra de ese país con Perú .
González aseguró que desde el Palacio San Martín se cumplimentaron los trámites correspondientes en torno a la exportación de armas. Urso comprobó hace más de cinco años que el certificado de uso final que garantizó que Venezuela había recibido las armas era falso.

   
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