Viernes 11 de mayo de 2001

 

Erman González declaró ante Speroni y sigue en libertad

 

Erman González negó a la Justicia que haya tenido responsabilidad en las maniobras de contrabando de pólvora y armas. Speroni decidirá su suerte en 10 días. El ex ministro de Defensa de Ecuador reveló que sabía que las armas eran argentinas. Urso citará a Seineldín como testigo.

  Después de siete horas de declaración, el ex ministro de Defensa Erman González "se fue a su casa" tras negar a la Justicia que haya tenido responsabilidad en las maniobras de contrabando de pólvora y armas a Croacia, confiaron fuentes de Tribunales.
El ex funcionario menemista fue indagado en la investigación que lleva adelante el juez en lo penal económico Julio Speroni por el delito de contrabando agravado de armamento, que tiene una pena que va de los 4 a los 12 años de prisión y que no es excarcelable, por lo que en caso de ser procesado, el magistrado podría dictarle la prisión preventiva.
González se retiró de los tribunales desde la cochera del edificio, sin hacer declaraciones a los periodistas, a quienes logró eludir gracias al operativo ordenado por el juzgado.
Antes de prestar declaración, el ex ministro sólo afirmó al periodismo que no era ministro cuando se produjo el primer embarque a Croacia.
El abogado de Erman en esta causa, Carlos Froment, dijo que su defendido se retiró "muy cansado", después de haber respondido a cada una de las preguntas de un extenso cuestionario, y de haber entregado documentación.
Ahora, el juez Speroni tendrá 10 días para definir su situación procesal. González, que ya fue indagado por el juez federal Jorge Urso por el delito de asociación ilícita, debió presentarse por segunda vez en menos de una semana en los tribunales , y volvió a ganarle a los rumores sobre una probable detención.
Pese a quedar en libertad ayer la situación de González es comprometida, ya que en la causa principal que lleva adelante Urso habría nuevos elementos incorporados al expediente que dejarían al ex funcionario menemista a un paso de ser procesado.
Por otra parte, quien deberá declarar ante Urso como testigo de la causa - y luego de acusar a Menem de cobrar dinero vinculado a las armas- será el ex jefe militar carapintada Mohamed Alí Seineldín.
Mientras tanto, el embajador argentino en Estados Unidos Guillermo González será indagado hoy por el juez Urso.
Ayer, quien hizo revelaciones explosivas fue l ex ministro de Defensa ecuatoriano José Gallardo, el mismo que firmó con un proveedor de su país el contrato de compra de armas y municiones -cuando Ecuador estaba en guerra con Perú-. Gallardo afirmó a un diario de Quito que sabía que el armamento venía de Argentina pero no a quién pertenecía. "No nos interesaba cómo (el vendedor) obtenía las armas ( interrogado sobre si Menem conocía la operación), nos interesaba obtener las armas de donde sea. Estábamos conscientes de que Argentina era garante del protocolo de Río de Janeiro, y por eso no podíamos establecer negocio con el gobierno argentino", dijo Gallardo, quien sin embargo ratificó que "sí sabíamos que era armamento que estaba en la Argentina".
(DyN, Infosic, EFE)

Piden procesamiento del tesorero de Diputados

El tesorero de la Cámara de Diputados, Jorge Hugo López, fue detenido el miércoles, acusado de defraudar a la administración pública por haber instalado una virtual mesa de dinero en el Congreso nacional, con la que prestaba efectivo a los empleados parlamentarios.
El fiscal federal Eamon Müllen opinó que el juez federal Claudio Bonadío debe procesar al tesorero de la Cámara de Diputados de la Nación, Jorge Hugo López, por los delitos de peculado y malversación de caudales públicos, informaron fuentes judiciales.
Los voceros indicaron que el fiscal discrepó con la decisión del magistrado de dejar en libertad al contador López, porque, aunque los delitos que se le atribuyen "son excarcelables", el imputado "podría entorpecer el avance de la pesquisa". El funcionario fue indagado ayer bajo acusación de haber manejado, durante una década, una "mesa de dinero" en el seno de la Cámara baja del Congreso de la Nación.
Las sospechas del fiscal se acentuaron con la declaración de una decena de testigos que, al momento de exponer ante el juez, coincidieron llamativamente en afirmar que López no actuaba como una entidad financiera, efectuando préstamos a empleados del lugar, sino que otorgaba "adelantos" o "anticipos" de sueldos.
Al fiscal Müllen le llamó la atención la actitud que pudo haber asumido la jefatura de personal del Congreso, dependencia donde se entregan las cédulas de notificación citando a testigos, explicaron las fuentes. En la fiscalía, que estuvo a cargo de la instrucción del sumario, estiman que los testigos pudieron ser "instruidos" y por eso remitieron una nota a la Cámara de Diputados poniendo los hechos en conocimiento de las autoridades parlamentarias.
Otros allegados a la pesquisa afirmaron que quienes declararon como testigos "lo hicieron con miedo" porque "luego de salir de tribunales tienen que volver a sus puestos de trabajo, en el Congreso". Según constancias del sumario, López concretaba los préstamos desde su despacho en la Cámara baja y cobraba las cuotas mediante descuentos mensuales en los haberes de los solicitantes.
Bonadío deberá resolver en los próximos días la situación del funcionario, ordenando su procesamiento o dictando la falta de mérito. El Código Penal prevé penas de hasta 10 años para castigar el delito presuntamente cometido por el tesorero.

Galeano abrió las cajas con documentación sobre lavado

El juez Juan José Galeano, a cargo de la investigación de la caída del Banco República del banquero Raúl Moneta, abrió ayer las cajas que envió el Senado estadounidense con documentación sobre maniobras de lavado de dinero en la Argentina.
La ceremonia de apertura, a la cual no tuvo acceso la prensa, se concretó en la Dirección General de Investigaciones de Terrorismo Internacional y Delitos Complejos de la Policía Federal, en la avenida Figueroa Alcorta y Cavia, de Capital Federal.
Estuvieron en el acto los abogados de Moneta -el banquero no asistió-; el fiscal de la causa, Paul Starc, y el jefe y el subjefe del organismo policial, Carlos Sablich y Jorge Palacios, respectivamente. Según informaron fuentes judiciales la apertura fue "lenta y formal" ya que solo la primera caja contenía 2.133 páginas, que fueron "fotocopiadas, foliadas y certificadas", para luego devolverlas a su estuche original que fue "sellado y lacrado".
Se calcula, según revelaron las fuentes que habría un total de "13 mil operaciones por caja", por lo que los peritos designados estimaron que el análisis del contenido demandaría al menos 30 días para producir un informe prelinar.
El contenido de las cajas fue reclamado con intensidad por los impulsores legislativos de la investigación abierta al respecto, quienes acusaron de estar involucrados en maniobras de lavado a Moneta, el ex presidente del Banco Central, Pedro Pou, y al actual jefe de Gabinete, Chrystian Colombo, entre otros.
En las cajas también habría documentación que involucra a la financiera Mercado Abierto, de Aldo Ducler, imputado en una causa de lavado de dinero proveniente del narcotráfico del denominado Cartel de Juarez, a cargo del juez Rodolfo Canicoba Corral. Se estima que luego de hacer una compulsa de la documentación, Galeano entregará copias a varios colegas interesados.
Mientras que Galeano comenzó a buscar pruebas sobre irregularidades registradas en la caída de bancos, las restantes ocho cajas continúan custodiadas en el Tesoro del Colegio de Escribanos de Capital, hasta que sean requeridas por la nueva comisión de diputados que investigará el lavado de dinero en el país.
Por su parte, el ministro de Justicia, Jorge de la Rúa, aseguró que su cartera va a colaborar con la Comisión investigadora constituida en el Parlamento y aseguró que el Senado americano envió todo lo solicitado por Argentina y- volvió a repetir- que si faltó algo fue por que no se lo demandó. (Infosic)

   
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