Viernes 11 de mayo de 2001

 

Cardoso negocia y paga para frenar investigación

 

El gobierno del Brasil intenta capear la crisis política por denuncias de corrupción y un negro panorama energético, que crearon un cuadro de descontrol que podría afectar seriamente a la economía. En el plano político, está cerca de desactivar la investigación en el Congreso, al "convencer" a varios legisladores para revertir su voto. Incertidumbre por las consecuencias.

  Brasilia (dpa/ANSA) - El presidente de Brasil, Fernando Henrique Cardoso, utilizó ayer un promedio de 900.000 dólares por hora e intensas negociaciones políticas para sepultar la iniciativa de la oposición de crear una comisión legislativa para investigar las sospechas de corrupción que pesan sobre su gobierno.
El intento opositor por crear una Comisión Parlamentaria Investigadora Mixta (CPI) en Brasil quedó ayer prácticamente descartado, luego de las ásperas discusiones que suscitó en el Congreso el proyecto para investigar casos de corrupción.
Parlamentarios oficialistas y opositores de ambas cámaras del Congreso discutieron sobre la legalidad de la instalación de la CPI del gobierno. De acuerdo al artículo 58 de la Constitución brasileña, para crear esa comisión se necesita un hecho específico para investigar y no 19 puntos como plantea el texto presentado por la oposición.
La "batalla final" contra la instalación de la CPI se inició el miércoles. Mediante un acuerdo con el presidente del Senado, Jader Barbalho, Cardoso logró un aplazamiento de la sesión conjunta y, al mismo tiempo, lanzó a sus ministros a una ofensiva directa para convencer a los legisladores oficialistas a retirar su apoyo a la iniciativa.
Además, el ministro de Trabajo, Francisco Dornelles, renunció al cargo para volver al Congreso y desplazar de su silla a una diputada suplente que había anunciado su apoyo a la CPI. Hubo intensos contactos con dos cuestionados "caciques" del Senado, Antonio Carlos Magalhaes y Jader Barbalho, en una carrera contra reloj para revertir el voto de varios legisladores y evitar que el Parlamento lo investigue.
El ejecutivo necesita convencer a 15 parlamentarios para que retirasen su apoyo y permitan el archivo del proyecto.
Pero esto no es todo. Según informes de la prensa brasileña, el presidente de Brasil liberó sólo en la jornada de ayer 1.700 millones de dólares para obras en diversos estados, con lo que "se compró" el apoyo de varios legisladores disidentes.
Una nota del diario "Correio Braziliense", titula en primera página que "R$ 3.400 millones (US$ 1.700 millones de dólares) serán utilizados del Presupuesto para impedir la CPI de la Corrupción".
El líder del PT en la Cámara Baja, Aloisio Mercadante, anunció que, si se confirman estas informaciones, elevará a la Corte Suprema una denuncia contra el presidente.
Pero Cardoso rechazó tajantemente esas denuncias: "Eso es más que una especulación política. No se puede engañar el pueblo así". Según el mandatario, la liberación de recursos presupuestarios "ocurre todos los días", y que no hay vínculos entre las que ocurrieron en las últimas 24 horas y el esfuerzo del gobierno por evitar la CPI.
Ayer, el oficialismo exudaba confianza en que la iniciativa no prosperará. "La CPI sobre corrupción está definitivamente sepultada", anunció el líder del Partido del Frente Liberal (PFL) en la Cámara Baja, Inocencio de Oliveira.
Hasta ayer, el bloque de oposición encabezado por el socialista Partido de los Trabajadores (PT) había logrado reunir 181 firmas de diputados -diez más que el mínimo necesario- en favor de la investigación.
Entre las denuncias, están las sospechas de irregularidades en el proceso de privatización de las empresas de telecomunicaciones y los indicios de nexos del ex secretario general de la Presidencia, Eduardo Jorge Caldas Pereira, con la desviación de unos 93 millones de dólares en recursos públicos destinados a la construcción de una nueva sede para Tribunal Regional del Trabajo de Sao Paulo.
Según los analistas, aun cuando logre éxito en su intento de frustrar el intento de la oposición de investigar su gobierno, Cardoso enfrentará un fuerte desgaste político.
Además de la crisis política, Cardoso enfrentará en los próximos meses las consecuencias negativas de los cortes en el suministro de electricidad que se iniciarán en todo el país el primero de junio, y se prolongarán por lo menos por seis meses.

Crecerá menos por los apagones

A la tormenta política en el Congreso brasileño por las denuncias de corrupción, se suma una crisis energética que amenaza con dar al traste con los avances de la mayor economía de América Latina.
Los cortes de luz que afectarán a Brasil durante seis meses disminuirán el crecimiento económico previsto para este año del 4% al 2,5 % y provocarán una caída en la recaudación de 3.000 millones de dólares, informó ayer la privada Fundación Getulio Vargas, especializada en temas económicos. El informe sostuvo que los apagones previstos por el gobierno también provocarán "la eliminación de 856.000 puestos de trabajo".
Algunos analistas consideran que el presidente está cosechando las tormentas que él mismo sembró.
El analista político Emir Sader dijo que "por un lado el gobierno hace alianzas con sectores corruptos y la situación ahora está fuera de control. Y por otro lado hizo una privatización del sector eléctrico para abaratar costos y no para mejorar el servicio o ampliar la cobertura", explicó Sader.
Analistas han indicado que el faltante energético, atribuido por el gobierno a las escasas lluvias, se debe también a la falta de planificación en el sector para hacerle frente a la escasez.

   
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