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Lunes 30 de abril de 2001 | |
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La ley sobre reproducción es un paso contra el aborto |
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Los países con planificación familiar tienen menos casos mortalidad materna. Hasta ahora, los programas de fecundación en la Argentina han sido conservadores. |
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| En Argentina, sin aventurar números absolutos, se practican entre 400.000 y 500.000 abortos por año. Esta cifra, en la que coinciden casi la totalidad de los trabajos académicos serios, también son corroborados por el INDEC que estima que el 35, 7 % de todos los embarazos termina en aborto. Según el Programa Nacional de Estadísticas de Salud del Ministerio de Salud y Acción Social (1999) "los abortos son la primera causa de mortalidad materna". El 43, 4 % del total de las muertes maternas en Argentina son a causa de complicaciones de abortos inducidos. La situación es más grave en zonas como el noroeste y este argentino donde las tasas de mortalidad materna por complicaciones de abortos se elevan hasta el 88 % ( ¡equivalente a la tasa de mortalidad materna de Kenya !). Según señala el trabajo del INDEC ("Hacia un sistema integrado de estadísticas de la mujer". 1990) las causas de muerte en la faja etaria de 15 a 19 años no presenta mayores variaciones, siendo el aborto la primera causa. Pero la muerte no es la única secuela de complicaciones del aborto. Un aborto inseguro puede acarrear infecciones, hemorragias, laceraciones cervicales, perforaciones uterinas, daños en la vejiga e intestinos, sin hablar de los daños psíquicos que las práctica efectuada en la clandestinidad, susceptible de sanción penal, y a contramano del discurso moral hegemónico, suscita. Obviamente, las personas que terminan en un hospital público, como consecuencia de las complicaciones de abortos practicados en condiciones de riesgo, son mujeres de sectores sociales bajos. Las estadísticas internacionales demuestran que 1 de cada 3 a 5 abortos inducidos practicados por personas no especializadas, requieren hospitalización y que el 50 % de los gastos de los presupuestos de hospitales de maternidad- como ocurre en los argentinos- son insumidos para remediar las complicaciones de abortos mal efectuados. En un análisis estadístico realizado por Mercado Luna (1991) en la maternidad de Córdoba sobre la relación parto-aborto, el investigador encontró que las mujeres de todas las clases sociales reconocieron que el 63, % de sus embarazos terminaron en aborto. Ante un embarazo indeseado, una de cada dos mujeres, dijeron que optarían por un aborto, una tercera lo dudaría, y sólo 1 de cada 4 está segura que seguiría con el embarazo. La crisis económica y social que se ha profundizado en la Argentina, también se expresa en esta problemática. Algunas variables indican claramente que a partir de 1980 las prácticas de aborto han crecido, y algunos indicadores como el decrecimiento de la tasa de natalidad, el aumento de la pobreza y el descenso de la venta de anticonceptivos, abonan esta tendencia. Es lógico pensar que si la oferta de anticonceptivos y de programas de planificación familiar y salud reproductiva no mejoran ostensiblemente, aumentará el número de abortos ( aun más los mas inseguros), especialmente, en los sectores menos favorecidos ( todo esto obviando lo atinente a las transmisión de enfermedades de transmisión sexual, como el Sida) "En países con buenos programas de planificación familiar y tasas de natalidad similares o levemente superiores a la Argentina, las tasas de mortalidad materna son marcadamente inferiores", como por ejemplo Colombia, Costa Rica y Chile, países que se colocan como ejemplo de cómo es posible sustituir el aborto por medios preventivos, al tiempo que disminuye la mortalidad materna, advierte un sensato y completo estudio titulado "La práctica del aborto en la Argentina." (Atucha- Pailles- 1997), formulación que el sentido común de cualquier lego aprobaría atendiendo a las cifras precedentes y a la conciencia que debiera despertar, en tal sentido, la realidad socioeconómica actual de la Argentina. Un embarazo no deseado Axel Mundiego (Ministerio de Salud y Acción Social.1996) asevera que "un aborto inducido es el resultado de un embarazo no deseado que se inicia al fallar un método anticonceptivo, por ser éste mal utilizado o su empleo interrumpido, o al no usar ninguna protección para prevenir un embarazo. En efecto, no hay duda de que hay una relación muy estrecha entre el aborto y la anticoncepción. Mientras más alto es el uso de métodos naturales como el método del coito interrumpido, los métodos naturales y otros denominados "tradicionales", mayor probabilidad de un embarazo inesperado y más alto el riesgo de abortar." Un embarazo no planeado termina frecuentemente en un aborto que, en nuestro país está expresamente penalizado (Código Penal. Art. 85 al 88) y sancionado socialmente, o sea, efectuado en condiciones de clandestinidad, con todo lo que ello conlleva ( condiciones de pericia e higiene dudosas, aumento de la vulnerabilidad y riesgo físico y psíquica). Aun así, y pese a las fuertes restricciones morales, sociales y jurídicas, estas no han impedido las prácticas abortivas, que conforman una práctica que de hecho existe y de modo extenso en nuestro país. La prevalencia de uso de anticonceptivos en Argentina es de las más bajas América Latina. Se estima que sólo el 50 % de mujeres con actividad sexual usa métodos, ya sea científicos, mecánicos, rítmicos o folklóricos. Un estudio titulado "Investigación de la Pobreza en Argentina", demostró que en el conurbano bonaerense, el 40 % de las mujeres fértiles no esa ningún método, cifra que se eleva casi al 60 %, cuando estas pertenecen a la franja de mujeres de mayor pobreza; cifras iguales, aparecen en la Encuesta Permanente de Hogares más recientes. Las cifras llevan a concluir que sólo 1 de 4 mujeres sexualmente activas, tienen protección anticonceptiva segura, números reconfirmados por las elevadas tasas de abortos. Las características de los programas de regulación de la fecundidad en el país, tanto oficiales como privados, en Argentina –si se los compara con la cobertura que han tenido otros países latinoamericanos como Chile, Costa Rica, Colombia y Brasil- han sido de orientación claramente conservadora. Las investigadoras Checa y Rosemberg (Foro por los Derechos Reproductivos) sostienen que "el tema de los derechos reproductivos se enmarca en el enfoque que han tenido, y aun tiene en Argentina las políticas relativas a la fecundidad. En el marco de políticas de claro sesgo pronatalista fruto de la particular configuración demográfica en el país, que alentó la la natalidad y las migraciones a fin de lograr un crecimiento poblacional; así como la influencia de las concepciones de la Iglesia Católica y de los sectores más conservadores del espectro político nacional, nunca tuvieron ecos en las políticas poblacionales, más que como resultado de la falta de coherencia de las mismas, o como respuesta frente a la presión de las prácticas sociales corrientes, mediante las cuales se resuelven los problemas individuales". Y estas expresiones vuelven a manifestarse con fuerza frente a los avances que la sociedad política y civil se proponen en tal sentido, como ocurrió al sancionarse en la Legislatura porteña el año pasado la "Ley de Salud Reproductiva y Procreación Responsable", cuando sectores de la Iglesia católica y ONG afines, manifestaron su rechazo a la misma, reparos a los que también se sumó la expresa intervención del presidente Fernando De la Rúa (quien telefoneó a Aníbal Ibarra solicitándole que se se coloque en el texto de la ley las limitaciones al uso de anticonceptivos). Estos mismos sectores volvieron a expresar su encendido rechazo, cuando la Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto que crea el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable en el ámbito del Ministerio de Salud, a desarrollarse en todos los hospitales públicos del país. Susana Yappert Un partida del presupuesto a la prevención El proyecto de Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable que tiene media sanción de Diputados y que lleva cinco años de discusión permanente, debido a la presiones políticas diversas, establece que los hospitales públicos deben suministrar de forma gratuita elementos anticonceptivos no abortivos y de carácter reversible a cualquiera que los demande, con la excepción de menores de 16 años quienes podrán acceder a ellos previo consentimiento de los padres. |
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