Jueves 19 de abril de 2001

 

Intentaban aprobar la ley de salud reproductiva

 

Al cierre de esta edición continuaba el debate en Diputados para tratar de sacar la ley de salud sexual que prevé la prescripción gratuita de anticonceptivos en hospitales públicos.

  BUENOS AIRES (DyN) - La Cámara de Diputados trataba anoche la ley de Salud Sexual y Procreación Responsable que busca garantizar el acceso a la educación sexual y la prevención tanto de embarazos no deseados como de enfermedades venéreas.
La discusión en general comenzó a las 17 y cuatro horas después el debate continuaba.
El proyecto promueve la capacitación de formadores en materia de educación sexual, apunta a mejorar la detección de enfermedades venéreas y la asistencia en los hospitales públicos para los jóvenes con consultas sobre sexualidad.
Las más apasionadas defensoras fueron las mujeres, en una suerte de solidaridad femenina que unificó a legisladoras de diferentes partidos detrás del apoyo a la ley.
El puntapié inicial lo dio la presidente de la comisión de Salud, la radical Cristina Guevara, quien leyó un informe médico de la maternidad Sardá que demostró como, después de aplicar un programa de procreación responsable, se lograron evitar 1.100 abortos ilegales por año. También recordó el largo recorrido desde 1997 de los esfuerzos por aprobar el proyecto.
En el Justicialismo, la posta de Guevara fue retomada por la legisladora duhaldista Graciela Giannettasio.
"La ley ayuda a igualar a quienes pueden tener un pediatra o un ginecólogo con los más pobres, que no tienen esa posibilidad y desde donde surgen la mayor parte de las mujeres que mueren por abortos ilegales", afirmó Giannettasio, tras criticar "el fundamentalismo" de quienes "quieren ver abortos cuando en realidad se trata de ser educados".
Como cada vez que se intentó sancionar el proyecto, la Cámara de Diputados mostró el recorrido de representantes de la Iglesia y colegios religiosos, por un lado, y entidades a favor del derecho reproductivo, por el otro.
La tensión tangible en el ambiente surgió con fuerza en la intervención de la diputada Elisa Carrió, del ARI.
"Quiero manifestar mi profundo rechazo a la sanción de una ley bajo la presión de lobbies, aún cuando vengan de sectores religiosos que desmerecen a la política y a la Iglesia", se quejó la diputada.
Carrió se trenzó luego en una feroz discusión con el bussista Roberto Lix Klett, quien sospechó ver detrás del proyecto "una política antinatalista" y un negocio vinculado a la venta de anticonceptivos.
"No hablamos del niño por nacer, sino de las niñas que no pueden vivir por condiciones de extrema pobreza y no pueden decidir", contestó Carrió, tras definirse como una "católica practicante".
"Quiere juzgar a todos los católicos y cristianos", gritó luego Lix Klett, en referencia a las afirmaciones de la diputada.
Como las acusaciones del bussista se extendieron a todos los defensores del proyecto, el justicialista José Corchuelo Blasco terminó por pedir que la conducta del diputado sea juzgada en la comisión de Asuntos Constitucionales.
La única mujer que desentonó con el apoyo femenino a la medida fue la justicialista María Rita Drisaldi, quien advirtió que si bien la entrega de anticonceptivos será gratuita en los hospitales públicos, "al país le va a costar y si no tenemos plata vamos a tener que pedirla prestada".
El corte femenino a favor del proyecto cosechó la queja del demócrata mendocino Jorge Zapata Mercader, quien aseguró que no era "una ley feminista, sino que protege a ambos sexos por igual".

Polémica similar a la que hubo en Capital

La ley del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable que esta tarde era tratada por la Cámara de Diputados sigue los mismos lineamientos de la ley de Salud Reproductiva sancionada en junio pasado por la Legislatura porteña, que también despertó el rechazo de grupos católicos que la tildaron de abortista.
La ley 418 de la ciudad de Buenos Aires establece como objetivos "garantizar el acceso a la información y a las prestaciones, métodos y servicios necesarios para el ejercicio responsable de los derechos sexuales y reproductivos", la atención integral del embarazo y prevenir los embarazos no deseados y los abortos provocados.
Por ello, la norma porteña contempla la prescripción de los siguientes métodos anticonceptivos: abstinencia periódica (método Billings); de barrera, es decir, preservativo masculino, femenino y diafragma; los químicos (espermicidas) que comprende cremas, jaleas, espumas, tabletas, óvulos vaginales y esponjas; los hormonales (pastillas e inyecciones anovulatorias); y los dispositivos intrauterinos (DIU).
La ley generó el rechazo de agrupaciones católicas, que el día de su sanción, el 22 de junio pasado, se convocaron frente a la Legislatura para protestar porque la consideran "abortista" y solicitaron que no se incluya al DIU y la "píldora del día después", entre los anticonceptivos.
La polémica sumó al Arzobispado de Buenos Aires que recomendó excluir los métodos anticonceptivos abortivos. Pese a que el texto original de la ley aclaraba que los métodos anticonceptivos a distribuir no eran abortivos, las presiones obligaron al entonces jefe de Gobierno porteño, Enrique Olivera, a modificar algunos artículos, que reafirmaban que los anticonceptivos "en todos los casos serán de carácter reversible, transitorio, no abortivos, aprobados por el Ministerio de Salud de la Nación". (Télam)

   
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