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Domingo 29 de abril de 2001 | |
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Apelan la sentencia de la Cámara por CALF |
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| NEUQUEN (AN).- El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) resolverá el planteo de nulidad presentado por los socios de CALF Eduardo Minvielle y Abelardo López, que objeta la actuación de la cámara del Crimen II por desconocer la competencia del juez penal, remitir al fuero civil la causa y levantar la inhibición de bienes impuesta a Osvaldo Bonvín y a sus colaboradores por presunto manejo irregular de fondos de la cooperativa. La elevación observa "graves falencias" en el procedimiento de los camaristas Emilio Castro y José Víctor Andrada, entre otras razones por efectivizar un fallo que "no estaba firme" pues -sostienen- no había vencido el plazo procesal que permitió a los socios de Calf presentar el viernes la apelación. Incluso afirma que la sentencia del 9 de abril de los camaristas "es nula" porque no dieron lugar a la opinión del fiscal, lo cual constituye un requisito en cuestiones judiciales de orden público. El escrito de los abogados patrocinantes Mario Avalos y Víctor Ortíz habla de "inseguridad jurídica" respecto a que el tribunal de alzada no respetó los plazos procesales y vulneró el derecho de defensa de las partes. Reafirma los dichos en un detalle cronológico de 52 páginas y centraliza las objeciones en torno a tres ejes principales: al desdoblamiento y desmembramiento del proceso penal (una parte fue remitida al juez civil Enrique Videla Sánchez), al desconocimiento de las facultades jurisdiccionales del juez penal Juan José Gago que ordenó la intervención de CALF y dispuso la inhibición general de bienes, y la "falta de los atributos formales de la sentencia" en el sentido de que generó incertidumbre más que certeza. Por ejemplo, menciona que "se declara la incertidumbre condicionando lo que en definitiva se resuelva a la existencia o no de otra causa de carácter civil, como si la medida de intervención que había dictado el juez penal para hacer cesar una actividad delictiva se debiera condicionar al celo demostrado por la víctima (CALF) para prevenir la comisión de nuevos delitos". Así las cosas, la cooperativa sería responsable "por no haber accionado por la remoción y destitución antes que los propios autores decidieran cometer el delito", ironizó. En estos términos el proceso podría desembocar un revuelo jurídico porque al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la provincia le llega la apelación de una resolución que ya fue ejecutada. De declararla nula, confirmaría la intervención de CALF y la inhibición de bienes, pero ésta fue levantada por la cámara del Crimen II. La medida originaria del juez Juan José Gago perseguía evitar la posible insolvencia de los consejeros de administración, del síndico y del auditor externo ante un eventual fallo condenatorio. |
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