Exigen sanción ejemplar por el incidente de la represa

Autoridades del Cuencas se reunieron ayer en Cipolletti y coincidieron en que lo ocurrido fue grave. La sanción solicitada deberá ser canalizada a través de la Secretaría de Energía.

CIPOLLETTI (AC).- La máxima sanción que estipula el contrato respectivo se aplicará al concesionario de la central hidroeléctrica Cerros Colorados, por el grave incidente en el manejo de agua ocurrido días atrás con la imprevista apertura de una de las compuestas del compensador de El Chañar, que triplicó el caudal del río Neuquén y puso en riesgo la vida y bienes de personas.
Esta decisión se adoptó ayer luego de una reunión de más de cinco horas de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) que presidió su titular Horacio Collado.
La multa que en principio se maneja como cifra puntual es de 25.000 pesos, la que deberá diligenciarse desde la Secretaría de Energía de la Nación.
Aparte, el Organismo Regional de Seguridad de Presas (Orsep) evaluará los procedimientos efectuados por los operadores y motorizará a su vez otras sanciones.
Incluso, el caso derivaría a los estrados judiciales por los presuntos daños ocasionados a obras de la AIC en el cauce del río, a terceros damnificados y eventualmente a las municipalidades ribereñas involucradas.
En lo que respecta a la AIC la cuestión jurídica está en manos de su asesor legal, el abogado Hugo Frare.
El incidente en el manejo del agua impulsó una importante crecida del río, cuyo caudal pasó de 270 metros cúbicos por segundo a 520 metros. Se produjo el 7 de este mes entre las 11 y las 11.15 cuando se levantó una de las ocho compuertas del compensador El Chañar, dirigida por telecomando desde la central, aparentemente por un error humano.
El resarcimiento que tendría que hacer el concesionario involucrará también a los daños que el intempestivo crecimiento del río provocó en los mecanismos del dique Ballester.
De la reunión de ayer participaron Collado (presidente y delegado rionegrino en la AIC), los representantes de Neuquén y de Buenos Aires, Elías "Gringo" Sapag y Horacio Boland; el interlocutor de la AIC en la Orsep, Sergio Quiriconi y cuadros técnicos de la Autoridad de Cuencas como Aníbal Asencio y Ricardo Cazeneuve, entre otros.
Luego de la extensa reunión Collado dijo a "Río Negro" que la empresa (Cerros Colorados SA) es pasible de la sanción mayor por violación de caudales erogatorios previstos taxativamente en el contrato de concesión.
Y que se iba a dar vista a la Secretaría de Energía para que imponga la multa que sería de 25.000 pesos, la máxima en su tipo. La firmeza de la decisión adoptada por este tipo de suceso no cuenta con antecedentes en la zona.
"Fue un hecho muy grave", sentenció Collado, y aclaró que el concesionario se notificará y hará su descargo ante Energía de la Nación.
Para Collado el "error humano" debería ser "totalmente controlado por la hidroeléctrica, con la capacitación de su personal".
El Orsep, por su parte, instruirá acciones sancionatorias tanto por las fallas electromecánicas en la compuerta, por la causa que sea, y lo que es más importante aún por la falta de aviso.
Quiriconi dijo que no se cumplió con el manual de procedimientos en la materia, de parte de la concesionaria, en lo que hace al aviso inmediato de lo que estaba ocurriendo.
"La falta de aviso es gravísimo", reconocieron tanto Collado como Quiriconi, y máxime en este caso en que no se habrían cumplido, durante un lapso prolongado, al menos tres niveles de alarmas.
Pese a que este tema está siendo analizado por la asesoría legal, en función de que corrieron riesgos los habitantes aguas abajo de la central y el compensador, se catapultarían también acciones judiciales, aparte de las que por sí puedan plantear los particulares que se consideren damnificados.

Diputados neuquinos pidieron informes a la Secretaría de Energía

NEUQUEN (AN).- Los diputados nacionales en representación de la provincia redactaron un pedido de informes al Ejecutivo Nacional sobre los incidentes del sábado 7 de abril en el complejo hidroeléctrico Cerros Colorados, concesionado a la norteamericana Duke Energy. Según los fundamentos, el error más grave de la empresa consistió en la demora en dar el aviso del episodio que duplicó el caudal del río Neuquén de 260 a 520 metros cúbicos por segundo durante tres horas.
Los legisladores exigieron datos sobre cuatro puntos: los motivos que causaron la apertura de las ocho compuertas del dique compensador El Chañar; si la AIC informó a Energía sobre la actuación de la concesionaria; las medidas que se aplicarán a la empresa por haber erogado el caudal no previsto y, finalmente, las previsiones efectuadas por la cartera energética en relación con las obras complementarias para la regulación de crecidas del río Neuquén.
En este punto, el pedido de informes -que está redactado como un proyecto de resolución- aludió directamente a los 70 millones de dólares que, se estima, demandarán esas obras. Ese monto está en disputa entre Hidroeléctrica Cerros Colorados -que lo quiere utilizar para obras en la represa- e Industrias Metalúrgicas Pescarmona SA, que intenta aplicarlos -como "aporte oficial"- al aprovechamiento multipropósito Chihuidos II que implica la construcción de una central hidroeléctrica en Paso de los Indios -sobre el Neuquén- y un canal de riego y obras de sistematización para un desarrollo agroindustrial.
El proyecto está firmado por los diputados Norma Miralles -justicialista-; Pedro Salvatori -autor de la iniciativa-, y Teresa Savrón -ambos del MPN-; Isabel Foco y Víctor Peláez -Alianza-.
Las obras complementarias figuran en la circular 60 del contrato de concesión de Cerros Colorados. Los legisladores también solicitaron que se informe la manera de asignación de esos fondos.
El texto elevado a la Cámara Baja consideró "grave" la demora inicial de Duke, puesto que los hechos ocurrieron a las 11 y el Orsep -organismo de seguridad- recibió informaciones recién a las 14; la Autoridad de Cuencas a las 17 y la población a las 19. En ninguno de los casos se podría haber puesto en marcha el sistema de seguridad y alerta de las poblaciones ribereñas.
El caudal de agua, expresaron los diputados, afectó una amplia zona productiva y destrozó las obras de dragado del río que se habían terminado, con un costo de 1,5 millón de dólares, en enero pasado.