Martes 17 de abril de 2001

 

Faltan controles para evitar vertidos de efluentes

 

El tendido se satura y los desechos van al Nahuel Huapi. El DPA y la CEB señalan a la comuna de Bariloche.

  SAN CARLOS DE BARILO-CHE (AB).- El volcado eventual de líquidos cloacales sin tratar al lago Nahuel Huapi es provocado por la enorme cantidad de desagües pluviales conectados en forma clandestina a la red de saneamiento, según afirmaron ayer directivos de la Cooperativa de Electricidad.
Tanto la operadora de la planta de tratamiento como el ente encargado de controlarla (el DPA) sugirieron que ese desorden es responsabilidad del municipio, que no cuenta con medios ni con personal suficiente para realizar las inspecciones e intimar las obras de corrección.
Sin embargo, el director municipal de Obras por Contrato, Oscar de Paz, aseguró ayer que la Cooperativa tiene potestad para verificar las conexiones en cada domicilio y formular las denuncias que correspondan, pero no lo hace. Afirmó también que "en muchos casos es al revés". Por ejemplo el arroyo Sin Nombre, que es un colector natural de precipitación pluvial, "recibe también efluentes cloacales".
La polémica resurgió en estos días por una nueva denuncia de un grupo ambientalista acerca del mal funcionamiento de la planta depuradora y de los vertidos "clandestinos" de efluentes cloacales crudos.
El delegado local del DPA, Gabriel Sorá, afirmó ayer que en los monitoreos realizados sobre el mismo efluente y en la costa de la zona de descarga "no se constataron irregularidades" atribuibles a la CEB. Reconoció no obstante que "hay desbordes de la planta por ingreso de pluviales".
Las conexiones particulares de agua de lluvia a la red cloacal serían alrededor de 3.000 en toda la ciudad. De modo que cuando hay fuertes precipitaciones (especialmente en otoño e invierno) el caudal del colector que termina en la planta ve superada largamente su capacidad.
Según Sorá, actualmente el DPA realiza muestreos mensuales del agua en distintos puntos y sólo corroboraron que el agua está afectada de cierta contaminación en la desembocadura del arroyo Ñireco, aunque aclaró que allí inciden otros factores no atribuibles a la CEB.
También aseguró que en julio próximo se pondrán en marcha los monitoreos "permanentes" en 20 puntos distintos de lago, y que probablemente serán concesionados a un tercero.
Llamó "permanentes" a los análisis del agua que tendrán una periodicidad no menor de un mes. Los denunciantes pidieron en cambio un control exhaustivo para detectar los volcados crudos o bien el examen de sedimentos del fondo lacustre, que (según dicen) es un testigo indubitable de la contaminación. Sorá no descartó esa posibilidad, aunque aclaró que el recurso de chequear los sedimentos fue empleado hace unos años pero su confiabilidad no fue la esperada.
El funcionario dijo luego que el desempeño de la concesionaria "está dentro de lo que marca el contrato, incluso en materia de nuevas inversiones". Desmintió así a los ambientalistas, quienes aseguraron que la CEB no cumple en muchos puntos con el Plan Director de Saneamiento.
También señaló Sorá que a pesar del revuelo generado por el tema, en los últimos meses no han recibido en el DPA "denuncias puntuales" de vecinos sobre vertido clandestino de líquidos cloacales desde la planta.

Proponen hacer un análisis a más de siete metros

El grado de contaminación del lago en la zona de la planta depuradora es desde hace meses motivo de fuerte controversia porque no existe un monitoreo continuo y tanto acusadores como acusados pueden esgrimir análisis del agua que reafirman sus posturas. El geólogo Carlos Beros consideró que una solución razonable sería examinar las capas de sedimento que cubren el lecho del lago a una profundidad mayor de 7 metros.
Según explicó, "es posible establecer si hubo vertidos crudos y cuál es su antigüedad, considerando los tiempos que tarda en degradarse el material orgánico". Dijo que con un estudio particular de ese material pudo comprobar recientemente que la CEB fue responsable de más de 200 vertidos clandestinos. Por su parte José Gámez, de la Comunidad del Limay consideró que los controles del DPA son fáciles de burlar y hay "una clara estrategia de engaño" por parte de la empresa concesionaria. (AB)

   
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