Miércoles 11 de abril de 2001
		Inminente pronunciamiento de la Justicia Federal en la causa TCI
		Delicada situación procesal de Luis Sapag y ex funcionarios felipistas
		BUENOS AIRES (ABA).- La situación procesal de Luis y Diego Sapag, respectivamente hijo y sobrino del ex gobernador Felipe Sapag, podría complicarse en los próximos días al igual que la de los otros cinco imputados en la llamada causa TCI que sigue la justicia federal con sede en esta ciudad, según informó a "Río Negro" una alta fuente tribunalicia. La investigación por administración fraudulenta presuntamente cometida por los siete denunciados, algunos de ellos empresarios vinculados a la política neuquina y otros ex funcionarios públicos, tramita en el juzgado federal y correccional número 2 a cargo del magistrado Jorge Ballestero. De comprobarse la responsabilidad de los imputados en los hechos ilícitos, todos ellos podrían recibir una pena que oscila entre los dos y los seis años de prisión. Es que luego de tres años y medio de trabajo, el juzgado que lleva adelante la investigación emitirá su primera resolución. Y lejos de bajar el tono al conflicto "podría generar más polémica", aseguró la fuente inobjetable. Se trata de una denuncia presentada ante la justicia por un grupo de nueve diputados de la denominada línea blanca del MPN. Los legisladores reclaman el esclarecimiento de una serie de pagos realizados por el Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo (IPVU) a la empresa Técnicas Constructivas Industrializadas (TCI) a mediados de la década de 1990. La causa llegó a la ciudad de Buenos Aires luego de que el juzgado federal número 2 de Neuquén declarara su incompetencia. Así, la justicia federal investiga por estos días presuntas maniobras ilícitas cometidas en la retención de un monto de 5.500.000 pesos que durante tres años había permanecido congelados en una cuenta del Banco Hipotecario Nacional para luego ser pagados a TCI a fines de 1995, apenas pocos días después de que asumiera el gobierno Felipe Sapag. En aquellos años, el Ejecutivo provincial emitió un decreto mediante el cual se le ordenaba al IPVU llegar a un acuerdo con TCI para recalcular un pago que se le adeudaba a la compañía como consecuencia del período inflacionario de fines de la década de 1980. El sobrino y el hijo del ex mandatario neuquino, hoy imputados de la causa, eran accionistas de TCI, la empresa que se vio beneficiada con las liquidaciones efectuadas. Además, también quedaron en carácter de denunciados Jesús Julio Russo (titular del IPVU), Eugenio Palacin y Rogelio Camarasa (funcionarios de lo que era la Secretaría de Vivienda de la Nación), y Juan José Toselo y Jorge Antonio López (respectivamente presidente y vicepresidente de TCI). Lo que el juez Ballesteros está investigando es si existieron o no irregularidades en el manejo de la reserva que durante tres años había permanecido en una cuenta del Banco Hipotecario.
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